Amnistía Internacional ha presentado hoy un recurso ante los jueces de instrucción de la Corte Penal Internacional (CPI), en nombre de varias redes de víctimas, para pedir que se ponga fin al retraso indefinido e incomprensible por parte del fiscal de la CPI en iniciar la investigación de la Corte sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Nigeria.

En diciembre de 2020, el fiscal de la CPI concluyó que se habían cumplido todos los criterios para abrir una investigación sobre las atrocidades cometidas desde 2010 en el nordeste del país, en particular en medio del conflicto en curso entre Boko Haram y el ejército nigeriano. Después de esa conclusión, es evidente que el siguiente paso debería haber sido presentar una solicitud a los jueces de instrucción para abrir la investigación y, a continuación, si los jueces lo autorizaban, comenzar a investigar. Cuatro años después, la Fiscalía de la CPI aún no ha emitido ni siquiera la solicitud inicial.

Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha declarado: “Las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Nigeria tienen tanto derecho a la justicia como las víctimas de crímenes de derecho internacional en cualquier otro lugar. Ya han esperado demasiado. La Corte Penal Internacional no debe olvidarse de Nigeria”.

Las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Nigeria tienen tanto derecho a la justicia como las víctimas de crímenes de derecho internacional en cualquier otro lugar. Ya han esperado demasiado. La Corte Penal Internacional no debe olvidarse de Nigeria”.

Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria

“Amnistía Internacional lleva años pidiendo una investigación de la CPI en Nigeria. La Fiscalía sigue retrasándose, a pesar de su evidente obligación legal y de su promesa de abrir una investigación. Instamos a los jueces de la CPI a que ejerzan su facultad de supervisión para garantizar que el fiscal actúa de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Roma”.

“El fiscal tampoco ha justificado que la situación de Nigeria haya perdido prioridad, por lo que las víctimas y las personas que han sobrevivido al conflicto esperan sin explicaciones ni certezas sobre los próximos pasos que piensa dar la fiscalía. ¿Cuándo será el turno de Nigeria?” ha preguntado Isa Sanusi.

El recurso sostiene que la Fiscalía está incumpliendo su deber legal en virtud del artículo 15(3) del Estatuto de Roma para solicitar la autorización de la apertura de la investigación en Nigeria. La denuncia también describe cómo el fiscal ha creado una situación sin precedentes en la que el caso de Nigeria no es ahora ni un examen preliminar ni una investigación, dejándolo en un “limbo” legal entre estas dos etapas del proceso judicial de la CPI. Con ello, el fiscal ha eludido el debido proceso y ha dejado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en una situación de espera indefinida.

“Ahora que los Estados miembros de la CPI comienzan el periodo de sesiones de su Asamblea anual, les pedimos que reconozcan que todas las situaciones de la CPI, incluida la de Nigeria, deben recibir el mismo nivel de trato y atención que las demás ante la Corte”.

Información complementaria

La denuncia ha sido presentada por Amnistía Internacional en nombre de miles de víctimas de varias redes del nordeste de Nigeria, entre ellas las redes Jire Dole Mothers y Knifar Movement, y se ha redactado con la importante contribución y el asesoramiento jurídico de UpRights.

Desde 2009, el nordeste de Nigeria ha sido escenario de atroces crímenes cometidos por Boko Haram y el ejército nigeriano. Boko Haram ha matado a miles de civiles, ha atacado escuelas, ha secuestrado a mujeres y a niñas y niños, muchos de los cuales han sido reclutados a la fuerza como niños soldado o sometidos a matrimonios forzados y convertidos en esclavos sexuales. Las fuerzas nigerianas han matado o hecho desaparecer por la fuerza a civiles, han llevado a cabo detenciones y encarcelamientos arbitrarios masivos e innumerables actos de violencia sexual y tortura, lo que ha provocado miles de muertes bajo custodia militar. Este conflicto armado continúa hoy en día, y ambas partes siguen perpetrando crímenes contra la población civil año tras año.

El primer fiscal de la CPI, Ocampo, abrió un examen preliminar sobre la situación en Nigeria en noviembre de 2010. Diez años después, en diciembre de 2020, la entonces fiscal de la CPI Bensouda anunció que el examen preliminar había concluido y que se había llegado a la conclusión de que Boko Haram y el ejército nigeriano habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y que las autoridades nigerianas no habían investigado ni enjuiciado realmente estos crímenes. Desde entonces, no ha habido progresos significativos.