El nuevo gobierno de Nigeria, que entrará en funciones el 29 de mayo, debe asegurarse de que la venta prevista por parte de Shell de sus operaciones en el delta del Níger no dé lugar a que se siga deteriorando la situación de los derechos humanos en una región asolada por decenios de contaminación por petróleo.

Amnistía Internacional ha documentado constantes abusos graves contra los derechos humanos derivados de la contaminación por petróleo en la zona, donde Shell ha estado operando desde la década de 1950. A Amnistía Internacional le preocupa que la venta proyectada le niegue a una población ya perjudicada el acceso a reparación adecuada, y que pueda exponerla a sufrir muchos más abusos en el futuro.

Un nuevo informe publicado hoy, Tainted Sale?, recomienda una serie de salvaguardias y acciones para ayudar a proteger los derechos de las personas que pueden verse afectadas por la venta prevista de intereses petroleros de Shell en tierras del delta del Níger, según informes, por unos 3.000 millones de dólares estadounidenses.

Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha señalado: “Durante decenios, los vertidos han causado daños en la salud y los medios de vida de muchas de las personas que habitan en el delta del Níger. No se debe permitir a Shell que se lave las manos al respecto y se marche como si nada. Shell ha ganado miles de millones con este negocio y debe asegurarse de que su marcha no tenga consecuencias negativas en la situación ambiental y de los derechos humanos.

“El gobierno entrante de Nigeria tiene una oportunidad única de demostrar que está decidido a respetar y proteger los derechos humanos de la ciudadanía —incluido el derecho a un nivel de vida adecuado, a agua no contaminada, y a la salud— supervisando de manera adecuada la venta realizada por Shell. Asimismo, pedimos acceso a un recurso efectivo para las personas que durante mucho han sufrido abusos contra sus derechos.

“Instamos al nuevo gobierno, encabezado por el presidente Bola Tinubu, a garantizar que la venta efectuada por Shell no conlleve que la empresa eluda o limite sus responsabilidades. Como condición para la venta, debería exigir a Shell que ofrezca una evaluación completa de toda la contaminación actual en el delta, garantizar que proporcione una reparación satisfactoria por cualquier daño causado, y que se evalúen y aborden de manera integral los motivos de preocupación de la población local relativos al proceso de venta.

“El gobierno debe plantearse exigir a Shell que actúe como garante para asegurarse de que el comprador está en disposición de reparar los daños causados por cualquier vertido futuro y que asume un compromiso con la transparencia, el respeto medioambiental, las consultas con las comunidades, y la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Obviamente, la mejor opción sería reparar los daños causados y eliminar progresivamente la producción, en vez de buscar compradores y extraer hasta la última gota de petróleo de una región deteriorada durante tantísimo tiempo por esta industria.

“El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático prevé que, si no se acelera la eliminación gradual de los combustibles fósiles en todo el mundo, la temperatura global aumentará en más del límite acordado de 1,5 °C en comparación con los niveles preindustriales. Tras decenios de explotación, retirar la producción del delta del Níger sería un paso en la dirección correcta.”

Un largo historial de daños y abusos ambientales

Durante más de 20 años, Amnistía Internacional y organizaciones asociadas han realizado investigaciones en el delta del Níger que han demostrado que las operaciones de Shell se han llevado a cabo a expensas de los derechos humanos de la población de la zona.

Los cientos de vertidos anuales de unos oleoductos y pozos mal mantenidos, junto con las inadecuadas prácticas de limpieza, han dado lugar a una contaminación por petróleo generalizada, entre otras cosas, del agua subterránea y de las fuentes de agua potable, de la tierra agrícola y los caladeros, y han dañado la salud y los medios de vida de muchas de las personas que habitan en la región.

El impacto de la contaminación puede ser devastador. En 2019, un estudio académico concluyó que los vertidos de petróleo que se producían a menos de 10 kilómetros del lugar de residencia de una madre en el delta del Níger doblaba los índices de mortalidad neonatal y deterioraba la salud de los niños y niñas sobrevivientes.

Mark Dummett ha afirmado: “Shell debe adoptar medidas por su cuenta para garantizar reparación efectiva a las personas cuyos derechos humanos se han visto afectados por esta contaminación de efectos devastadores, y que sus planes de desinversión no agraven la terrible situación que vive la población del delta del Níger.”

“Las normas internacionales y, concretamente, los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, establecen claramente que Shell tiene la responsabilidad de llevar a cabo un proceso de diligencia debida sobre su decisión de transferir activos. Su responsabilidad es independiente de cualquier medida que adopte el gobierno de Nigeria.”

Shell niega las acusaciones de que ha actuado de manera irresponsable en el delta del Níger, y sostiene que cumple las normas. Anteriormente señaló mejoras en los últimos años para prevenir y limpiar los vertidos de petróleo, inversiones en infraestructuras, medidas contra el robo de petróleo, y mayor transparencia a la hora de informar sobre los vertidos.

Shell no es la única responsable de la devastadora contaminación por petróleo que asola el delta del Níger. Hay otros actores, por ejemplo las autoridades federales y estatales, que también tienen la obligación de garantizar que la desinversión de Shell no dé lugar a más daños en los derechos humanos.

Información complementaria

Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited - Joint Venture (SPDC JV) es una de las mayores empresas productoras de petróleo de Nigeria.

Durante muchos años, Shell fue el dueño mayoritario de esta empresa, pero actualmente el principal accionista es la empresa pública Nigerian National Petroleum Corporation, que posee el 55% de las acciones. El resto pertenece a empresas petroleras internacionales subsidiarias. Shell, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Shell Petroleum Development Company (SPDC) Limited, posee el 30%, la empresa francesa Total, el 10%, y la empresa italiana Eni, el 5%.

Es importante señalar que, a través de SPDC, Shell es la operadora de SPDC JV, lo que significa que opera y efectúa el mantenimiento de los pozos, los oleoductos y otras instalaciones necesarias para producir y transportar el petróleo. Los socios financian las operaciones y el mantenimiento en proporción a su participación en la empresa conjunta.

Durante el último decenio, SPDC JV ha vendido la mayor parte de sus activos, incluidos campos petroleros, a varias empresas públicas nigerianas mucho más pequeñas.

Ahora, Shell pretende vender tanto su participación en SPDC JV como su subsidiaria operativa con un acuerdo en el que figuran personal, instalaciones e infraestructuras, incluidos 263 pozos petroleros en producción, 56 pozos de gas en producción y una red de 3.173 kilómetros de oleoductos.

Tras las elecciones del 25 de febrero, la toma de posesión del presidente electo de Nigeria, Bola Tinubu, de 71 años, del partido gobernante Congreso Panprogresista, está prevista para el lunes.