“Las autoridades nigerianas deben poner fin a sus intentos de encubrir la masacre del peaje de Lekki”, declaró Amnistía Internacional al hacer pública una nueva línea temporal en su investigación sobre la atrocidad una semana después.
Esta línea temporal –
que pueden ver aquí– coteja fotografías y vídeos para confirmar que unos vehículos del ejército nigeriano salieron de Bonny Camp, base militar a unos siete minutos en automóvil del peaje, a las 6:29 de la tarde, hora local, el 20 de octubre.
Las imágenes rastrean después a los vehículos hasta el peaje. Hacia las 6:45 de la tarde, los militares nigerianos abrieron fuego contra los miembros del movimiento #EndSars que pedían pacíficamente que se pusiera fin a la brutalidad policial.
“Lo que pasó en el peaje de Lekki tiene todas las características de la constante de encubrimiento de las autoridades nigerianas cada vez que sus fuerzas de defensa y seguridad cometen homicidios ilegítimos”, afirmó Osai Ojigho, directora de país de Amnistía Internacional.
“Transcurrida una semana, las autoridades nigerianas tienen aún muchas preguntas por responder: ¿quién ordenó el uso de medios letales contra unas personas que protestaban pacíficamente? ¿Por qué se desmantelaron con antelación las cámaras de videovigilancia del lugar? Y ¿quién ordenó que se apagara la electricidad minutos antes de que los militares abrieran fuego contra quienes protestaban?
“Los desmentidos iniciales sobre la participación de soldados en el tiroteo fueron seguidos del vergonzoso desmentido de que se hubieran perdido vidas como consecuencia del ataque de los militares contra los manifestantes.
“Sigue habiendo muchas personas desaparecidas desde el día del incidente y hay pruebas creíbles que muestran que los militares impidieron que las ambulancias llegaran hasta las personas heridas después del suceso”.
Amnistía Internacional pide de nuevo a las autoridades nigerianas
que lleven ante la justicia a quienes están detrás del tiroteo y protejan a quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión. La organización sigue investigando el tiroteo y las informaciones sobre la retirada de los cuerpos de quienes murieron a manos de los militares en un intento de eliminar pruebas.
Rastreo de los movimientos de las fuerzas armadas
El equipo de personas expertas en respuesta a la crisis de Amnistía Internacional investigó y verificó vídeos y fotografías publicados las redes sociales que confirman que las fuerzas de seguridad nigerianas estaban presentes en el peaje de Lekki cuando se produjeron los disparos.
A las 6:29 de la tarde, hora local de Lagos, fueron grabados dos vehículos militares saliendo de Bonny Camp en vídeos compartidos en redes sociales. Imágenes posteriores muestran a cuatro vehículos con luces intermitentes en una caravana, que aparentemente son los vehículos que emplea el ejército y la policía nigerianos.
Los mismos vehículos se dirigen hacia el este, por la avenida de Ozumba Mbadiwe —que pasa a llamarse autopista de Lekki-Epe— en dirección al peaje de Lekki. En esta ruta, los vehículos pasan delante de varias embajadas y consulados internacionales, como la embajada japonesa y la Alta Comisión australiana.
Otras fotografías y vídeos captan el momento en que los vehículos llegan al peaje, antes de que la protesta pacífica fuera interrumpida por hombres vestidos con uniforme militar y de que se oyeran disparos. Con la llegada de la noche, los manifestantes siguieron grabando y compartiendo vídeos de los tiroteos. Esa noche se publicaron también en las redes sociales vídeos de las víctimas.
Información complementaria
Amnistía Internacional observa los sucesos en Nigeria desde que comenzó la protesta #EndSARS, el 8 de octubre de 2020.
La población de Nigeria salió a la calle para pedir pacíficamente el fin de la brutalidad policial, de las ejecuciones extrajudiciales y de la extorsión a manos de la Unidad Especial Antirrobos (SARS), unidad policial encargada de la lucha contra la delincuencia violenta en el país.
Al menos 56 personas murieron en Nigeria desde que comenzaron las protestas. Son múltiples los casos en que las fuerzas de seguridad recurrieron a la fuerza excesiva para tratar de controlar las protestas o detenerlas.