Durante 2020, año en que comenzó a regir la emergencia sanitaria, se registró un femicidio cada 35 horas: 251 en todo el año, según datos de la Oficina de la Mujer de Corte Suprema.
La situación de alarma por el COVID-19 también presentó un aumento de casi un 40% de llamadas al 144 que brinda asistencia y contención en casos de violencia de género. Alrededor de 3 mil personas que se comunicaron con la línea ya tenían medidas de protección vigentes. Esto demuestra que, pese a que las mujeres se animan a denunciar, el Estado no logra prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia de género y proteger a las víctimas.
“Además de la violencia extrema por motivos de género, la pandemia puso en evidencia otras múltiples manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres en Argentina: la brecha salarial y económica, la sobrecarga en las tareas domésticas y de cuidado, la exclusión de los espacios de decisión en el sector público, las persistentes barreras en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que son consecuencia de la desigualdad y la discriminación estructural preexistente”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En marzo de este año, Amnistía Internacional celebró el Acuerdo Federal Argentina Unida contra las Violencias, que propone medidas para la incorporación de la perspectiva de género en el poder judicial y en la formación de las fuerzas de seguridad y la adhesión a un Sistema Único de Registro de Denuncias por motivos de Género (URGE). Un registro de esta naturaleza permitiría trabajar sobre un diagnóstico integral para desarrollar políticas públicas que permitan dar respuestas ágiles y eficaces. Sin embargo, hasta el momento, apenas 3 provincias adhirieron, lo cual aún deja profundos desafíos.
La implementación de la educación sexual integral en las provincias; el patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia; campañas que contribuyan a problematizar la desigualdad de género y a abordar críticamente la construcción social sobre la masculinidad; una justicia con perspectiva de género y transfeminista siguen siendo algunas de las cuentas pendientes del Estado.
Este nuevo aniversario del #NiUnaMenos también trae conquistas: el movimiento logró la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo de enorme relevancia no solo para la Argentina, sino también para la región. Además, se decretó el cupo laboral trans en el sector público, y se sancionaron programas que buscan fortalecer la independencia de las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
Amnistía Internacional se une a las manifestaciones virtuales que se realizarán en la jornada del 3J y llama a al Estado nacional y provinciales a implementar políticas públicas para que mujeres y niñas no continúen expuestas a sufrir las consecuencias de las desigualdades históricas y estructurales.
Información complementaria
Cifras alarmantes
- Según la Corte Suprema, abril 2020 fue el mes pico con 27 femicidios.
- En el 84 % de los casos, la víctima conocía al sujeto, que en el 59 % era pareja o expareja.
- El 63 % de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que al menos 14 personas contaban con medidas de protección vigentes al momento del hecho.
- Desde la emergencia sanitaria, se registró un aumento de casi un 40% de llamadas a la línea 144 que brinda asistencia y contención en casos de violencia de género.
- El 90% de las comunicaciones a la línea 144 correspondieron a la modalidad de violencia doméstica.
- 2295 personas que se comunicaron con la línea ya tenían medidas de protección vigentes por denuncias de violencia basada en género.
