Desde 2015, el 3 de junio es una fecha especial que recuerda el grito colectivo en contra de la violencia machista en Argentina. Amnistía Internacional afirma que la violencia contra las mujeres es un problema estructural de derechos humanos, e en el país y que requiere una proactiva y urgente intervención del Estado.
Según la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia, 278 mujeres fueron asesinadas como consecuencia de la violencia de género en 2018. La otra cara de la crueldad de los femicidios se refleja en las y los 202 niñas, niños y adolescentes que se encontraban al cuidado de las víctimas.
Los femicidios, la denegación de acceso a abortos legales y seguros, las desigualdades económicas que padecen las mujeres, el acoso laboral y callejero, la persecución y criminalización de defensoras de los derechos humanos de las mujeres, la discriminación en función de las identidades de género, entre muchas otras, son expresiones de una violencia estructural que es urgente desterrar.
La semana pasada una inmensa movilización verde acompañó a la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la octava presentación del proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
“Una de las formas más significativas de violencia contra las mujeres es la batalla que se libra sobre sus cuerpos. La restricción del acceso a servicios de aborto sin riesgos es una forma de violencia institucional. Según el derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir, violencia, discriminación ni tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Con el objetivo de escuchar las historias de algunas mujeres activistas, Amnistía Internacional lanza una serie de videos en donde varias de ellas relatan su experiencia y cuentan en primera persona cómo vivieron la marea verde que el año pasado reclamó la legalización del aborto.