Franklin no es más que uno de los miles de dominicanos de origen haitiano que afrontan importantes obstáculos legales que les impiden vivir con normalidad el día a día. Según cuenta, en los últimos diez años no ha podido seguir estudiando, ha tenido que dejar la escuela y ahora se le niega el acceso a un empleo formal.

 

No es el único. Durante años, los dominicanos de padres haitianos que crecieron en este país se habían inscrito como dominicanos, lo que les daba derecho a tener documentos de identidad dominicanos. De hecho, Franklin dice que en 1994 fue inscrito en el Registro Civil nacional y le dieron un certificado de nacimiento dominicano. Pero hace diez años, Franklin y muchas personas más de origen haitiano empezaron a tener dificultades para acceder a sus documentos oficiales, como certificados de nacimiento, tarjetas de identidad y pasaportes.

Franklin dice que primero fue a una oficina del Registro Civil de Sabana Grande de Boyá, en la región oriental de la República Dominicana. Por aquel entonces tenía 18 años y estaba terminando la escuela secundaria cuando las autoridades escolares le pidieron que presentara su tarjeta de identidad. Pero no tenía ninguna. Tras varias visitas a diferentes oficinas del Registro Civil, incluso en la capital, Santo Domingo, llegó la decisión: “No podemos darle una tarjeta de identidad porque sus padres son extranjeros.”

Estas dificultades, y la frecuente y arraigada discriminación de las personas de origen haitiano que reflejan, se agravaron el pasado mes de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana privó de hecho y de forma retroactiva de su nacionalidad dominicana a miles de dominicanos de origen haitiano. En flagrante contradicción con las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos, y más en concreto, con una sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional dominicano declaró que los hijos de migrantes indocumentados que están en la República Dominicana y están inscritos como dominicanos desde 1929 no pueden tener la nacionalidad dominicana pues se considera que sus padres están en tránsito

Franklin nació en un batey improvisado —una aldea en la región donde se cultiva la caña de azúcar—, donde sus padres se habían instalado tras emigrar desde Haití. Y aunque la Constitución haitiana establece que los hijos de haitianos son asimismo haitianos, existen numerosos obstáculos en la práctica para que las personas como Franklin obtengan la nacionalidad haitiana, incluso si quisieran abandonar sin más el país en el que han crecido.

Para empezar, el terremoto de Haití de 2010 destruyó los registros. Pero además, la Constitución haitiana establece también que quienes hayan tenido otra nacionalidad, como Franklin pese a sus dificultades para obtener la documentación, pierden su derecho a la nacionalidad haitiana.

“Nos preocupa enormemente que [la sentencia] pueda privar de nacionalidad a decenas de miles de personas, prácticamente todas de origen haitiano, y tenga un impacto muy negativo en el resto de sus derechos”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional.

Durante mi reciente visita a la República Dominicana con Amnistía Internacional, entrevisté a decenas de personas que, al igual que Franklin, han sido despojadas de su nacionalidad y, por tanto, de muchos otros derechos humanos. Pero la historia de Franklin me dejó un sabor amargo especial. Como yo, Franklin nació en 1984. Pero a diferencia de mí, no ha podido seguir avanzando en su vida porque su país le ha negado el acceso a sus documentos de identidad.

“Es duro lo que nos pasa, crecer sin ningún futuro, porque alguien te lo ha negado, en tu propio país. Esto duele, duele mucho —me dijo Franklin durante una visita al país el mes pasado—. Desde mi punto de vista, [esto es] persecución […] Si pudiéramos estudiar, superaríamos los obstáculos, aprobaríamos nuestros exámenes e iríamos a la universidad. Esto es indignante, tener una juventud que quiere progresar, pero a quien se le niega esa posibilidad. Me parece inhumano.”

Han transcurrido seis meses desde que se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional. El pasado mes de octubre, el presidente dominicano Danilo Medina reconoció el “drama humano” que ha causado la sentencia y prometió iniciar consultas nacionales con la esperanza de encontrar una solución.

Pero la esperanza de que salga algo concreto de estas consultas se desvanece. Este mes, Medina hizo más consultas, aunque no parece que se vea aún ningún final para el limbo en el que están las personas como Franklin. Y aunque el aparente interés del presidente Medina por la cuestión es bien recibido, cualquier camino futuro debe ser compatible con las recientes observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a la República Dominicana que restituyera la nacionalidad dominicana a las personas privadas de ella por la sentencia constitucional sin exigirles inscribirse como extranjeros como requisito previo para que se les reconozcan sus derechos.

El presidente Medina tiene la oportunidad de poner fin a los 12 largos años de desesperación de Franklin. Tiene la oportunidad de garantizar que cuando Franklin cumpla 30 años en junio, lo haga con su nacionalidad dominicana totalmente restituida. Ya es hora de devolverle su vida.

El camino que debe seguir la República Dominicana debe basarse en el respeto a las personas del país. Negar a decenas de miles de personas sus derechos humanos fundamentales como el reconocimiento básico no es forma de lograrlo.