A más de dos meses del inicio de la invasión rusa, no debemos olvidarnos de Ucrania ni de los millones de víctimas civiles que pagan con sus vidas el precio de las ambiciones geopolíticas de los Estados. Más de cinco millones de desplazados fuera de las fronteras del país; otros tantos empujados a abandonar sus hogares y huir dentro del territorio ucraniano para salvarse del asedio y la violencia sistemática y un sinnúmero de heridos y muertos, hombres, mujeres, niños y niñas, en medio del fuego y sin haber tomado parte en la disputa. Todos estos son claros signos de los crímenes de guerra y contra la humanidad que se están cometiendo desde la invasión del 24 de febrero y que demandan ser investigados y, eventualmente, juzgados por los tribunales internacionales o a través de la jurisdicción universal.
Las imágenes de mujeres dando a luz refugiadas de los bombardeos; otras huyendo de las bombas con niños y niñas en brazos; madres desconsoladas; hijos e hijas que acaban de quedarse huérfanos retratan el aspecto más salvaje del conflicto y el padecimiento de los más vulnerables. Son escenas que ya hemos visto en el pasado y seguimos viendo a diario en otros conflictos armados, desde Siria hasta Yemen, pasando por Afganistán y mucho más allá. Incluso dentro de Ucrania y previo a la guerra, Amnistía Internacional (AI) ya había documentado en 2020 que la militarización de las regiones orientales del país, afectadas por la escalada desde 2014, había provocado el aumento de la violencia de género y reducido el acceso a servicios esenciales. Ahora es una constante que se extiende a todo el territorio.
El 11 de marzo último, las autoridades rusas bloquearon el sitio web de AI en lengua rusa. Menos de un mes después, el Ministerio de Justicia de ese país eliminó nuestra oficina en Moscú del registro de representaciones de organizaciones internacionales y ONG extranjeras. También hizo lo propio con las sedes locales de Human Rights Watch, el Fondo para la Paz Internacional, la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, la Fundación Friedrich Ebert y otras organizaciones, alegando “incumplimientos de la legislación rusa”.
Lo que pretende disimular ese accionar represivo es la verdad sobre el horror que se ha desatado en Ucrania y que la gente en Rusia, sin responsabilidad alguna sobre la conducta de su gobierno, tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y de todas las fuentes disponibles para saber lo que ocurre en el país vecino. No obstante, ocultar la verdad no exime a las autoridades rusas de su responsabilidad sobre los crímenes que se cometen ni de la rendición de cuentas posterior que deberán enfrentar, como tampoco lo hace el detener y enjuiciar a quienes protestan contra la guerra y han expresado su oposición a la invasión. Todas estas acciones constituyen violaciones del derecho a la libertad de expresión.
Desde que inició la invasión, el Crisis Evidence Lab -nuestro equipo multidisciplinario que utiliza herramientas de investigación digital y satelital y cruza sus resultados con datos y testimonios constatados en el terreno- viene recopilando evidencias que pueden contener indicios de violaciones del derecho internacional humanitario en Ucrania. Eso incluye los asaltos indiscriminados contra zonas civiles, el uso de armas prohibidas como las municiones de racimo y los ataques a lugares protegidos, como hospitales y escuelas, donde fueron muertos o resultaron heridos civiles. Además, el equipo de crisis de nuestra organización se encuentra trabajando en el terreno.
Nuestro propósito, como organización defensora de los derechos humanos y del derecho internacional, es brindar un relato exacto de los acontecimientos. Por un lado, porque es vital combatir la desinformación que suele proliferar durante los conflictos y situaciones de crisis. Pero también porque, a posteriori, estos esfuerzos de documentación son útiles como pruebas fiables que pueden utilizarse para exigir responsabilidades a los autores de violaciones de los derechos humanos.
En la actualidad existe un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -que la Argentina preside- para que una comisión de expertos investigue la comisión de estos delitos en Ucrania, así como un pedido elevado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que intervenga con el mismo fin. A eso se debe añadir la posibilidad de cualquier iniciativa de carácter nacional con arreglo al principio de jurisdicción universal. Vale recordar que en la Argentina ya tenemos algunos casos en nuestro sistema judicial.
El cuadro que hoy se dibuja en Ucrania a partir de nuestros hallazgos es dantesco, con ejecuciones extrajudiciales de padres y madres desarmados, en sus casas y en las calles, frentes a sus hijos; violaciones, torturas y saqueos perpetrados por las fuerzas de ocupación y simulacros de fusilamientos, entre otros tipos de amenazas generalizadas a la población civil. Ciudades enteras sobreviven al borde de una catástrofe humanitaria. Son los que no han podido escapar, quienes quedaron atrás, en esencia, los más débiles.
Testimonios recopilados por Amnistía Internacional en Kiev y otras localidades del país dan cuenta de la crueldad que enfrentan desde el 24 de febrero. Quienes no perecen por la agresión de bombas no guiadas mientras aguardan en la intemperie por una porción de comida, como sucedió en Chernígov, subsisten bajo sitio, en localidades como Járkov, Izium y Mariúpol. Esto significan largas jornadas con faltantes de medicamentos y alimentos sin suministro de electricidad, agua y gas. Incluso, desde nuestra organización hemos podido verificar agresiones letales y sin ningún tipo de advertencia previa contra vehículos civiles y sus ocupantes a cargo de acercar provisiones a los refugios. Todos estos homicidios deliberados y demás crímenes cometidos contra la población civil en un conflicto, así como el trato inhumano de presos de guerra -y sobre estos casos se han registrados episodios de todas las partes- son violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Y no solo las personas que cometen directamente estos delitos deben rendir cuentas penalmente por ellos sino también sus superiores jerárquicos -militares y civiles, como los ministros y jefes de Estado- que sepan o tengan motivos para saber lo que sus fuerzas están haciendo y no hagan nada para detenerlos o castigar a los responsables.
Desde Amnistía Internacional insistimos en que es fundamental el establecimiento de corredores humanitarios seguros y planificados y que se respeten dichos acuerdos de buena fe, para dar prioridad absoluta al paso seguro de personas civiles fuera de las zonas de conflicto y hacia refugios seguros. Al 1º de mayo, más de cinco millones y medio de personas han escapado de Ucrania rumbo a Polonia (3,0 millones), Rumania (825 mil), la Federación Rusa (681 mil), Hungría (530 mil), Moldavia (447 mil), Eslovaquia (379 mil) y Bielorrusia (25 mil). Tal como alertan los organismos especializados de Naciones Unidas, estos números podrían crecer aún más.
Los países de la región deben recibirlos y protegerlos en virtud del derecho internacional y del derecho de la Unión Europa. Y si bien es bienvenida la predisposición que las autoridades comunitarias han mostrado para atender la demanda de alojamiento, trabajo y acceso a los servicios de salud y educación de las personas ucranianas -habilitando, por primera vez, su Directiva de Protección Temporal-, es justo exigirles también que muestren una empatía semejante frente a cualquier grupo de personas solicitantes de asilo o refugiadas, al margen de su origen y procedencia, que arribe a sus fronteras. Si algo ha dejado en claro este conflicto es que la Unión Europea es una de las regiones más ricas del mundo y está perfectamente capacitada para recibir y salvaguardar a un elevado número de personas que huyen de la violencia, aunque no haya actuado así en el pasado ni muestre la misma sensibilidad hoy en otros puntos de su periferia, como en la ciudad africana de Melilla, frente al Mediterráneo.
Frente a esta emergencia, también nuestro país puede ser un actor clave por su histórico papel en estas agendas. El 7 de marzo, la Dirección Nacional de Migraciones estableció mediante la Disposición 417/2022 que concederá permisos de ingreso y permanencia en la Argentina a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. La disposición se enmarca en la categoría prevista por el artículo 23 inciso m) de la Ley de Migraciones 25.871, como razones humanitarias.
El patrocinio comunitario de personas refugiadas, que se implementó por primera y única vez en nuestro país a través del Programa Siria, representa una experiencia clave para poder pensar la colaboración de la Argentina frente a estas crisis humanitarias. Y una oportunidad para salvar más vidas. Y sobre esto hemos conversado con la Cancillería Argentina. Si sirvió en el pasado ante la guerra en Medio Oriente, también puede constituir una puerta de cara a la realidad que se vive en países como Afganistán, Venezuela, Haití y también Ucrania.
Mariela Belski
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
Enlace a la nota en La Nación
