“Aparentemente, NSO cedido ante la presión tras nuestra campaña contra sus programas espía maliciosos. La empresa tiene que demostrar que se trata de algo más que un intento de limpiar su empañada reputación. No puede elegir cuándo respetar los derechos humanos: todas las empresas tienen esta responsabilidad en todo momento.
“Aunque en la superficie parece un paso adelante, el historial de NSO muestra que se niega a asumir sus responsabilidades. La empresa vende vigilancia digital invasiva a gobiernos que utilizan estos productos para seguir, intimidar y silenciar a activistas, periodistas y personas que critican su actuación.
“La política de NSO llega demasiado tarde para las decenas de activistas afectados por el uso abusivo de programas espías de la empresa por parte de los gobiernos, como el activista de Emiratos Árabes Unidos Ahmed Mansoor, condenado a 10 años de prisión en 2018. Amnistía Internacional también fue atacada con tecnologías de NSO Group.
“NSO intentó una y otra vez evitar rendir cuentas de su implicación en estos abusos flagrantes, por lo que no es de extrañar que muchos sean escépticos ante el anuncio de hoy. Los gobiernos también deben actuar. Hacen falta requisitos legales más estrictos sobre el respeto a los derechos humanos por parte del sector de los programas espía, que pisotea una y otra vez los derechos a la intimidad y a la libertad de opinión y de expresión”.
Información complementaria
Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional documentaron el uso del programa espía Pegasus de NSO Group contra un amplio sector de la sociedad de la sociedad civil, que abarca al menos 24 activistas de derechos humanos, periodistas y miembros del Parlamento de México; una persona empleada en Amnistía Internacional; los activistas saudíes Omar Abdulaziz, Yahya Assiri y Ghanem Al Masarir; el galardonado activista emiratí de derechos humanos Ahmed Mansoor y el disidente saudí presuntamente asesinado Jamal Khashoggi.
Amnistía Internacional apoya actualmente una acción judicial contra el Ministerio de la Defensa israelí, para exigir que revoque la licencia de exportación de NSO Group.
Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos en el marco de las actividades de las empresas, por medios que incluyen la regulación y la supervisión. Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro. Esto significa que deben evitar causar abusos contra los derechos humanos o contribuir a ellos y que deben tomar medidas para identificar y abordar los riesgos para los derechos humanos en sus operaciones.
