El 27 de marzo, la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, decidió por unanimidad absolver a Belén, la joven de 27 años que había sido condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público.

El 21 de marzo de 2014, Belén acudió al hospital público Avellaneda, en San Miguel de Tucumán, quejándose de dolor abdominal. Ante la fuerte hemorragia que presentaba, la derivaron a ginecología. Allí le informaron de que estaba sufriendo un aborto de un feto de unas 22 semanas. Belén dijo que no sabía que estaba embarazada.

El personal del hospital encontró después un feto en el cuarto de baño y denunció a Belén a la policía diciendo que era su "hijo", sin prueba alguna ni análisis de ADN que demostrara que Belén tenía alguna relación con el feto. Cuando Belén se despertó en su cama tras la cirugía, estaba rodeada de varios agentes de policía, y fue sometida a un examen “en partes privadas de su cuerpo”, lo que podría constituir trato cruel, inhumano o degradante. Según el derecho y las normas internacionales, la revelación no consentida de información médica personal, incluso a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es una violación del derecho a la intimidad.

Poco después, Belén fue acusada de haberse provocado un aborto y permaneció recluida en prisión preventiva más de dos años. En abril de 2016, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a ocho años de cárcel por asesinato.

Tras un proceso de apelación ante la Corte Suprema y una intensa campaña por parte de Amnistía Internacional y sus organizaciones asociadas, la Corte Suprema de la provincia de Tucumán decidió por unanimidad, el 27 de marzo de 2017, absolver a Belén por considerar que la sentencia objeto de apelación era arbitraria, ya que no se habían presentado pruebas suficientes de la culpabilidad de Belén.

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.