El informe, titulado Muerte en cámara lenta: Mujeres y niñas bajo el régimen talibán, revela también que las mujeres que protestan pacíficamente contra estas normas opresivas son amenazadas, detenidas, recluidas, torturadas y sometidas a desaparición forzada.
Desde que tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; debilitan el sistema de protección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias como “corrupción moral”; y promueven el aumento de matrimonios precoces y forzados.
“En su conjunto, las políticas implementadas forman un sistema de opresión que discrimina a las mujeres y las niñas en casi todos los aspectos de su vida. Cada detalle diario -ir a la escuela, si trabajan y cómo trabajan, si salen de la casa y cómo salen- está controlado y sometido a grandes restricciones”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Y agregó: “Desde la organización exigimos a los talibanes que implementen cambios políticos y medidas urgentes para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Convocamos a todos los Estados y a las organizaciones internacionales a implementar una estrategia sólida y coordinada para presionar a que el gobierno afgano finalice inmediatamente estas prácticas contrarias a los derechos humanos”.
Un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó Afganistán en marzo de 2022. La organización hizo una exhaustiva investigación durante 10 meses, desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022, que incluye entrevistas a 90 mujeres y 11 niñas afganas de entre 14 y 74 años, a 4 trabajadores de centros de detención para mujeres y niñas, y a 22 funcionarias y funcionarios de organizaciones de la sociedad civil afganas e internacionales y de agencias de Naciones Unidas.
A su vez, Amnistía Internacional convoca a las personas a firmar el petitorio para exigir que las autoridades afganas pongan fin a las medidas que violan los derechos de las mujeres y niñas en su país.
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Detención y tortura de manifestantes pacíficas
Desde que tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, los talibanes son las autoridades de facto del país. Pese a sus compromisos públicos iniciales de respetar los derechos de las mujeres y las niñas, introdujeron políticas de discriminación sistemática que violan sus derechos.
Mujeres y niñas de todo Afganistán reaccionaron a esta represión con una oleada de protestas. En respuesta, los talibanes hostigaron a las manifestantes y las sometieron a abusos, detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, y torturas físicas y psicológicas.
Una de ellas contó a Amnistía Internacional: “Nos pegaban en los pechos y entre las piernas. Lo hacían para que no pudiéramos mostrarlo al mundo. Un soldado que caminaba cerca de mí me pegó en el pecho y dijo: ‘Puedo matarte ahora mismo y nadie dirá nada’. Esto pasaba cada vez que salíamos: nos insultaban física, verbal y emocionalmente”.
Las manifestantes detenidas no tenían acceso a comida, agua, ventilación, productos de higiene y atención médica adecuados. Para obtener la libertad, obligaban a las mujeres a firmar un acuerdo en el que se comprometían a no volver a protestar y a no hablar en público de sus experiencias en detención, ni ellas ni sus familiares.
Detención y reclusión arbitrarias por “corrupción moral”
Según cuatro denunciantes de irregularidades en centros de detención talibanes, allí se someten a detención y reclusión cada vez más a mujeres y niñas por infracciones menores de sus políticas discriminatorias, como la norma que prohíbe aparecer en público sin un mahram [acompañante varón] o con un hombre que no puede ser considerado mahram. Las detenidas suelen ser acusadas del ambiguo “delito” de “corrupción moral”.
Una estudiante universitaria que fue detenida en 2022 dijo a Amnistía Internacional que la amenazaron y golpearon tras ser detenida por cargos relacionados con las restricciones sobre el mahram. Dijo que los talibanes “empezaron a darme descargas eléctricas [...] en el hombro, la cara, el cuello, en todos los sitios que podían [....] Me llamaban prostituta [y] zorra [...] El que tenía la pistola dijo: ‘Voy a matarte y nadie podrá encontrar tu cuerpo’.
Las personas que denunciaron irregularidades dijeron que las sobrevivientes de violencia de género, que antes vivían en refugios, o quienes trataban de huir de los malos tratos, después de la toma del poder de los talibanes son encerradas en centros de detención.
Estas mujeres y niñas son sometidas a condiciones de aislamiento, con palizas y otras formas de tortura, y obligadas a soportar condiciones inhumanas, hacinadas y sin el acceso necesario a comida, agua y calefacción durante el invierno.
Matrimonio precoz y forzado
Según la investigación de Amnistía Internacional -corroborada por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en Afganistán, activistas locales y especialistas-, el número de matrimonios precoces y forzados en el país está aumentando bajo el régimen talibán. Los factores causales clave de este aumento incluyen la crisis económica y humanitaria, la falta de perspectivas educativas y profesionales para las mujeres y las niñas, familias que obligan a mujeres y niñas a casarse con un talibán, y talibanes que obligan a mujeres y niñas a casarse con ellos.
Khorsheed*, de 35 años, procedente de una provincia del centro de Afganistán, dijo a Amnistía Internacional que la crisis económica la había obligado a casar a su hija de 13 años con un vecino de 30 en septiembre de 2021 por el “precio de la novia” de 60.000 afganis (alrededor de 670 dólares estadounidenses). Dijo que, tras casar a su hija, se sintió aliviada, y añadió: “Ya no pasará nunca hambre”.
Falta de acceso a la educación
Los talibanes siguen bloqueando la educación para la inmensa mayoría de las niñas de secundaria. Su vuelta a las clases, prevista el 23 de marzo de 2022, fue efímera. Ese mismo día, los talibanes enviaron a casa a las niñas, alegando un “problema técnico” relativo a sus uniformes. Cuatro meses después, los talibanes siguen negando el acceso a la educación a las niñas.
En el nivel universitario, el hostigamiento de los talibanes a las alumnas -así como las restricciones impuestas a la conducta, la vestimenta y las oportunidades de éstas- ha creado un entorno peligroso en el que las estudiantes están sistemáticamente en desventaja. Muchas de ellas han dejado de asistir a clase o han decidido no matricularse en la universidad.
La responsabilidad de la comunidad internacional
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que imponga a los talibanes sanciones selectivas o prohibiciones de viajar por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, o emplee otras formas de presión que puedan hacerles rendir cuentas por el trato que infligen a las mujeres y las niñas, sin perjudicar a la población afgana.
*Nota para periodistas: Para proteger la identidad de los y las protagonistas, hemos utilizado nombres ficticios.
