En todo Brasil, numerosos pueblos indígenas se han aislado de manera voluntaria y han cortado las carreteras de acceso a sus localidades para protegerse frente a la pandemia de COVID-19. Así lo confirma una enfermera indígena en conversación telefónica con Amnistía Internacional: “les explico lo importante que es no salir del pueblo. En este territorio indígena, somos más de 400 personas. Si una contrae la COVID-19, puede contagiar a todas”.

La preocupación por la propagación del virus entre los pueblos indígenas ha aumentado esta semana, cuando se ha confirmado el primer caso indígena en Brasil: en el estado de Amazonas, una joven de la tribu kokama ha dado positivo en la prueba del virus.

Sin embargo, estos temores tienen una larga historia en Brasil, país en el que las comunidades indígenas se han visto una y otra vez golpeadas por epidemias de enfermedades infecciosas, cuyo impacto se ha visto agravado por la escasa calidad de los servicios de salud ofrecidos por el gobierno. Recientemente, Amnistía Internacional ha hablado con dos profesionales de la salud de la Secretaría Especial de Salud Indígena de Brasil (SESAI), cuyas palabras no presagian nada bueno para las semanas y meses que se avecinan: el personal médico de la SESAI carece de material de protección y desinfectante de manos y, tras años de escasez presupuestaria, faltan también trabajadores. Ante la nefasta situación, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), ha exigido al gobierno la puesta en marcha de un plan de acción de emergencia.

Mientras la pandemia de COVID-19 amenaza la salud de los pueblos indígenas de Brasil, crece la presión ejercida sobre sus tierras ancestrales por los grileiros (personas que ocupan tierras ilegalmente), que ven en la explotación de la crisis una oportunidad. Aunque el Amazonas se encuentra en plena temporada de lluvias (de octubre a mayo, aproximadamente), son muchos los grileiros activos, que van delimitando lotes de tierras, mientras cortan las vías de acceso que se adentran en la selva.

Antes incluso de que estallara la crisis de COVID-19, estaba aumentado ya la presión sobre la Amazonia brasileña. De hecho, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) —que controla la deforestación por satélite—, ha informado de la pérdida de 469 kilómetros cuadrados en la Amazonia durante los dos primeros meses de 2020. Es decir, un incremento del 71,2% con respecto al mismo periodo de 2019.

Uno de los efectos inevitables del confinamiento voluntario de localidades indígenas es la pérdida de su capacidad de vigilar los territorios. Un líder indígena manoki del estado de Mato Grosso explicó a Amnistía Internacional cómo, el pasado mes de febrero, patrullas conjuntas de indígenas y personal del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) habían descubierto nuevas vías de acceso a sus territorios y carteles recientemente colocados por grileiros para delimitar nuevos lotes de tierras. A continuación, el líder aclaró: “ahora hemos suspendido la vigilancia; Teníamos una inspección planificada para abril, pero la hemos cancelado.”

El decreto brasileño que describe la protección del medio ambiente como “servicio esencial” durante la pandemia no pasa de ser mera teoría. En la práctica, en las circunstancias actuales, las autoridades medioambientales tienen menos capacidad para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, en el estado de Pará, una persona que trabajaba para la Fundación India Nacional —FUNAI, agencia estatal encargada de supervisar la demarcación de tierras y de otras cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas— y que accedió a hablar con Amnistía Internacional a condición de mantener el anonimato, aseguró que en al menos una de las principales bases de protección de la región de Altamira quedaban sólo dos personas, en lugar de las cuatro que trabajaban en esa base de manera habitual.

Según un análisis reciente publicado por Reuters, aproximadamente un tercio de los trabajadores y trabajadoras de campo del IBAMA no podrán explorar el terreno, ya que tienen más de 60 años o padecen enfermedades y, por tanto, son más vulnerables al virus. Además, al haber menos vuelos y estar cerrados los hoteles y restaurantes, el personal de inspección lo tiene más difícil.

Todos estos obstáculos vienen a sumarse al deterioro ya sufrido por el sistema de inspección y supervisión de áreas protegidas durante un año de gobierno de Bolsonaro. Ha habido cambios entre personal clave, como pone de manifiesto la preocupante designación de un ex misionero como director del departamento de la FUNAI para tribus aisladas y recientemente descubiertas.

Asimismo, durante 2019 se recortaron los presupuestos y se redujeron las patrullas, mientras que el número de multas medioambientales impuestas por el IBAMA cayó en un 34% con respecto a 2018. De manera paralela, tal como documentó Amnistía Internacional en noviembre de 2019, ganaderos y grileiros han intensificado su actividad de ocupación ilegal de tierras en las que apacentar sus ganados.

Los pocos funcionarios y funcionarias que permanecen en primera línea están profundamente preocupados. Una de las personas que accedieron a hablar con Amnistía Internacional a condición de mantener el anonimato, agente medioambiental responsable de un parque nacional del estado de Rondônia, , afirmó haber sido informada de que “los invasores piensan aprovechar la situación (la pandemia) para invadir esta semana”. De igual forma, la persona de la FUNAI encargada de un territorio indígena del estado de Rondônia pronosticó que el “crimen organizado aprovechará la fragilidad del Estado durante la pandemia para atacar y destruir áreas protegidas”.

Ante la COVID-19 —y la desaceleración económica, que posiblemente, vendrá después—, el gobierno brasileño tiene que hacer más esfuerzos, no menos, para proteger a los pueblos indígenas y salvaguardar la Amazonia. Brasil debe garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso igualitario a servicios de salud y medidas de protección durante la pandemia de COVID-19.

Además, es urgente que el país refuerce la vigilancia y las patrullas de control en los territorios indígenas y las zonas protegidas de la Amazonia, sin dejar de tomar ninguna medida necesaria para garantizar la seguridad de los funcionarios y funcionarias del gobierno. Durante los próximos meses, Brasil necesitará fortalecer sus organismos de protección indígena y medioambiental, a los que deberá destinar recursos económicos y humanos, entre otras cosas. Las autoridades deben impedir que los grileiros aprovechen la crisis de salud para destruir la Amazonia.

Richard Pearshouse es el responsable de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional

Jurema Werneck es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil