Cuatro organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque a una audiencia pública para supervisar el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso "F.,A.L." sobre aborto no punible. Más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con protocolos hospitalarios que aseguren el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014 - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina, en su calidad de amicus curiae, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque a una audiencia pública para supervisar el estado de cumplimiento de la sentencia dictada en el caso "F.,A.L." sobre aborto no punible y tomar, en consecuencia, las medidas pertinentes para lograr su efectivo cumplimiento.

El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema se pronunció en uno de los casos más relevantes para la vida de las mujeres argentinas: "F.,A.L. s/medida autosatisfactiva". Allí, el Tribunal determinó el alcance del derecho al aborto no punible, establecido en el artículo 86 del Código Penal. También, exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios a fin de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios de atención de los abortos no punibles. Finalmente, la Corte estableció diversas pautas que los protocolos deben contemplar y exhortó al Poder Judicial a no judicializar el acceso a la práctica.

A casi dos años del dictado de la sentencia, un informe de la ADC (http://www.adc.org.ar/nuevo-informe-de-la-adc-sobre-el-cumplimiento-de-la-sentencia-de-la-corte-suprema-sobre-aborto-no-punible/), muestra que más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921. Además, luego del dictado de la sentencia, en Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Salta y Santa Fe se presentaron acciones judiciales a favor y en contra de los protocolos dictados; en Tucumán para impedir su implementación y en Mendoza para exigirlo. También, en los últimos tiempos, la prensa ha difundido diversos casos en los que se dificultó o impidió la realización del aborto, debido a interferencias ilegales de operadores judiciales, abogados y profesionales médicos.

En su presentación, las organizaciones sostienen que la situación normativa poco promisoria, así como el persistente activismo judicial en contra de los derechos de las mujeres, además de la reiteración de casos en los que se dificulta el acceso al aborto, justifican la celebración de una audiencia pública a fin de que la Corte se informe sobre el estado de situación del acceso al aborto no punible en el país, luego del dictado de su sentencia y tome las medidas necesarias para lograr su cumplimiento efectivo.

Adhieren al pedido diversas organizaciones locales e internacionales comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres:
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Asociación Metropolitana de Médicos Generalistas y Equipos de Salud (AMeGES), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Women´s Link Worldwide (Colombia), The Irish Family Planning Association (Irlanda), Programa Internacional de Derecho en Salud Sexual y Reproductiva, Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (Canadá), entre otras.