Las autoridades bolivianas deben tomar medidas decisivas para acabar con la discriminación y eliminar otras barreras a las que las mujeres y las niñas se enfrentan cuando intentan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, afirmó Amnistía Internacional ante el examen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al que Bolivia se someterá mañana 14 de julio.

En un nuevo informe para el Comité de la ONU, Amnistía Internacional evalúa la situación y formula varias recomendaciones para las autoridades bolivianas.

"Bolivia ha realizado grandes avances en la protección de los derechos de las mujeres en los últimos 10 años, como aprobar legislación nueva para garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres frente a la violencia. Pero aún queda mucho camino por recorrer para cumplir estos compromisos, y la falta de medidas efectivas y de inversión económica se traduce en que las mujeres y las niñas, especialmente las que pertenecen a comunidades indígenas y las que viven en la pobreza, continúan sufriendo abusos contra los derechos humanos", afirmó Amnistía Internacional.

Las buenas intenciones ya no bastan. Las mujeres y las niñas bolivianas necesitan que el gobierno ponga en práctica mecanismos concretos que les garanticen el acceso a derechos básicos como la contracepción, la atención a la salud materna y el aborto sin riesgos cuando sea necesario."

El informe de Amnistía Internacional para el organismo de la ONU destaca algunas de las violaciones de derechos humanos que siguen sufriendo las mujeres y las niñas, especialmente las que pertenecen a comunidades indígenas, en todo el país. Entre ellas, el informe menciona la falta de información y las barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente a métodos anticonceptivos modernos y a servicios de aborto sin riesgos.

Para conocer el informe pueden ingresar en el siguiente link:

Bolivia: Informe para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas (informe, junio de 2015)