México debe traducir en acciones las promesas que hará mañana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Deben adoptarse medidas eficaces y duraderas para abordar las constantes vigentes de desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

México anunciará mañana a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones adoptará. En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha.

Aunque es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico.

No se han aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo (detención preventiva sin cargos), una importante cuestión de derechos humanos. Con arreglo a esta extendida modalidad de detención preventiva, se puede mantener detenida a una persona un máximo de 80 días sin que comparezca ante un juez.

“Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.

Otra cuestión importante es la reforma del Código de Justicia Militar. México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Precisamente esta semana, el Senado está debatiendo una reforma que potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Sin embargo, dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario.

“Detectamos una preocupante autocomplacencia en la actitud de México ante el Consejo. Afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos”, prosiguió Salil Shetty.

“Esta actitud hace caso omiso del drama de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera.”

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas. Esto incluye:

• Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derechos;


• Adoptar medidas concretas y eficaces para prevenir y castigar la tortura y los malos tratos;


• Reforzar las medidas para investigar los secuestros y las desapariciones forzadas, lo que incluye procedimientos para localizar a las víctimas y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos;


• Reforzar los mecanismos de protección integral para los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas a fin de detener los ataques contra ellos y garantizar que los responsables de estos ataques comparecen ante la justicia;


• Implementar medidas eficaces para prevenir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres;


• Reforzar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la penalización del aborto y garantizando que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos en casos de violación, incesto y cuando corra peligro la salud de la mujer o la niña;


• Garantizar que los proyectos de extracción de recursos y desarrollo económico que afectan a los pueblos indígenas se llevan a cabo únicamente tras obtener su consentimiento libre, previo e informado;


• Prevenir y castigar los abusos contra las personas migrantes en tránsito, sean cometidos por bandas delictivas o por funcionarios públicos.

“Es vital que el gobierno trabaje con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México. El gobierno debe aportar recursos económicos y el apoyo político de las altas esferas en todos los niveles del Estado federal”, concluyó Salil Shetty.

Información complementaria

El secretario general de Amnistía Internacional se ha reunido recientemente con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con otras altas autoridades del país, incluidos ministros, representantes del poder judicial y el poder legislativo durante una visita de alto nivel a México, realizada del 15 al 19 de febrero.

Salil Shetty entregó al presidente un memorándum que contiene una lista de medidas urgentes para combatir la arraigada impunidad y las violaciones graves de derechos humanos.