-          Amnistía pide a los ministros ante la ONU que tomen medidas drásticas contra el negocio de la tortura

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Empresas de todo el mundo siguen obteniendo beneficios de la venta de espantoso material de tortura, como porras con púas, cinturones paralizantes y grilletes, declaró Amnistía Internacional al pedir a los dirigentes mundiales que se unan a la Alianza Global por un Comercio sin Tortura, un histórico acuerdo presentado en 2017.

Los 58 Estados miembros de la Alianza Global se comprometieron a controlar y restringir las exportaciones de artículos que puedan ser utilizados para infligir tortura u otros malos tratos. El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, se dirigió a las personas asistentes a la primera reunión ministerialde la Alianza Global en la sede de la ONU en Nueva York.

“Hace décadas que la tortura y otros malos tratos se prohibieron internacionalmente. Entonces, ¿por qué sigue comercializándose en todo el mundo un material concebido únicamente para infligir dolor y miedo? La laxitud en la normativa supone que las empresas pueden seguir sacando beneficios de la venta de instrumentos terribles, como las porras con púas y las esposas aturdidoras. Es muy sencillo: Mientras este material esté en el mercado, los torturadores lo seguirán utilizando”, dijo Ara Marcen Naval, asesora de promoción para Control de Armas, Comercio de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

“La creación de la Alianza Global fue un gran logro para los y las activistas contra la tortura, y pedimos que esta semana se unan más Estados. No basta con prohibir la tortura y otros malos tratos y al mismo tiempo hacer la vista gorda ante los instrumentos que se emplean para infligirlos. Los Estados deben unirse para concluir la tarea y detener para siempre este siniestro comercio.”

Amnistía Internacional desempeño un papel clave asesorando sobre la normativa regional e internacional para combatir el comercio de instrumentos de tortura. Junto con la Fundación de Investigación Omega, la organización ha publicado hoy un documento con recomendaciones.

Amnistía Internacional y su asociada, la Fundación de Investigación Omega, creen que para ser realmente eficaz, cualquier legislación que pretenda abordar este comercio debe tener una doble estrategia: Por un lado, debe prohibir el material intrínsecamente abusivo, y por otro, regular el que, aún teniendo un fin legítimo, se utiliza habitualmente de forma indebida para infligir tortura u otros malos tratos.

Amnistía Internacional pide la prohibición absoluta del material para hacer cumplir la ley que es intrínsecamente abusivo: artículos tales como inmovilizadores de cuello, bastones con púas o lastrados, guantes aturdidores y dispositivos corporales de electrochoque. Sin embargo, debe haber también un control mucho más estricto del material que, aunque tenga un uso legítimo, pueda ser fácilmente mal utilizado: dispositivos de inmovilización, agentes de control de disturbios tales como el gas lacrimógeno, y armas estándar que se utilizan para golpear, como porras y bastones.

Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente cómo el material que se utiliza habitualmente para hacer cumplir la ley puede emplearse para torturar o maltratar. Por ejemplo, en algunos países, como Israel, Bahréin, Turquía y Colombia, se ha utilizado gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos de forma excesiva y abusiva, causando a menudo graves lesiones.

Amnistía Internacional pide a los Estados que evalúen los riesgos antes de conceder autorización a este tipo de material, en consonancia con otros regímenes de control comercial de artículos peligrosos, como las armas convencionales.

“Jamás deben suministrarse armas y dispositivos para la aplicación de la ley si cabe la posibilidad de que se utilicen para infligir tortura u otros malos tratos o cometer otras violaciones graves de derechos humanos”, ha declarado Ara Marcen Navel.

“Instamos a la Alianza Global y sus Estados miembros a que se comprometan a regular el material que podría utilizarse para torturar o maltratar, estableciendo de inmediato normas internacionales que dificulten a las empresas la exportación de tales instrumentos.