Por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
La conquista del derecho aborto fue una victoria del conjunto de la sociedad, impulsada fuertemente por el movimiento de mujeres. A seis meses de la histórica sanción, se multiplicaron los intentos de los sectores que están en contra de la despenalización y legalización del aborto, de obstruir judicialmente la norma que consiguió un amplio apoyo en el Congreso. Hasta ahora, se encontraron con rechazos por parte de los magistrados.

Desde Amnistía Internacional, monitoreamos el cumplimiento de la Ley 27.610 y detectamos 31 demandas presentadas en su contra. Al menos 15 fueron consideradas inadmisibles. Además, las dos únicas medidas cautelares que buscaron suspenderla fueron rápidamente dejadas sin efecto. El rol del Poder Judicial, como garante de los derechos humanos, es proteger los derechos de las mujeres; es entonces esperable que se mantenga contrario a los embates que intentan dejar sin efecto esta norma.

Proteger la ley conquistada es clave. Sin embargo, no es el único desafío que tenemos por delante. El Estado debe garantizar que la norma sea una realidad efectiva para las mujeres y personas gestantes en todo el país. Argentina presenta un mapa desigual en distintas jurisdicciones. En muchas zonas rurales o alejadas de los centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado.

La información también es un insumo fundamental para tomar decisiones libres. Aún no se observan campañas de difusión masiva que ayuden a las personas a conocer sus derechos y las opciones que tienen al momento de decidir terminar con un embarazo. Además, es necesario que se produzcan datos estadísticos de calidad a nivel nacional para tener elementos de diagnóstico sobre avances y desafíos de la implementación de la ley a nivel federal. En ese sentido, es imprescindible que los y las estudiantes accedan a Educación Sexual Integral, como manda la norma desde 2006, sin importar la escuela a la que asistan.

Un reclamo adicional es la necesidad de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorice la producción y comercialización de mifepristona, un medicamento que, combinado con el misoprostol, aumenta fuertemente eficacia en la interrupción de embarazos y acelera el proceso.

Asimismo, es fundamental potenciar la accesibilidad a la intervención por Aspiración Manual Endouterina (AMEU) dado que en casi todas las provincias se siguen haciendo legrados, un método menos seguro de acceso al aborto, y que debería reservarse solo para casos en que no haya disponibilidad de otras opciones.

El movimiento de mujeres tiene mucho para celebrar. Argentina sacó al aborto de la clandestinidad gracias al activismo, la investigación y valiosos debates públicos. El Gobierno cumplió un rol clave al presentar su proyecto y sumar voluntades y los líderes opositores entendieron que dar su apoyo era importante porque estaban en juego los derechos humanos de las mujeres.

Ahora, es tiempo de proteger el derecho consagrado y garantizar que sea accesible para cada mujer y persona gestante del país a pesar de las embestidas de grupos ya conocidos para lograr que algún magistrado tuerza la voluntad de los representantes del pueblo en el Congreso. Ante esos embates, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, seguirá interviniendo en aquellas causas judiciales que busquen impedir el derecho a la interrupción del embarazo. Los movimientos conservadores no lograron frenar la ley de divorcio, ni el matrimonio igualitario, ni la identidad de género. La sociedad conquistó un nuevo derecho y no está dispuesta a retroceder. A medio año de aquella emocionante noche, el aborto legal es un derecho humano de las mujeres y las personas gestantes, y no hay marcha atrás.