En el marco de la II Conferencia Regional de Población y Desarrollo, celebrada del 7 al 9 de octubre en México DF, casi 200 representantes de la sociedad civil se reunieron para acordar el mensaje político que debería ser enviado a los Estados de América Latina y el Caribe reunidos para adoptar la Guía Operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Amnistía Internacional es parte de esta coalición y hace suya la declaración de la sociedad civil que reproducimos a continuación:

En el año 2013, en la capital de uno de los países más pequeños de nuestra región, se logró el documento sobre población y desarrollo más incluyente y avanzado del planeta: El Consenso de Montevideo. Este documento ratificó los principales compromisos y acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Programa de Acción de El Cairo y la plataforma de acción de Beijín, a la vez que significó importantes y específicos avances para nuestra América Latina y el Caribe.

En el Consenso de Montevideo hay compromisos de Estado sobre los derechos territoriales para pueblos indígenas y los derechos de las personas migrantes; se reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derecho y actores del desarrollo y se comprometen acciones de participación y consulta ciudadana que les incluyen; nuestros países se comprometieron a revisar la legislación vigente sobre el aborto para salvaguardar la vida, la salud y la autonomía de las mujeres. Por primera vez un consenso regional reconoció y llamó a respetar los derechos sexuales de las personas, incluida la posibilidad de vivir con libertad su orientación sexual y su identidad de género.

En el marco del respeto a todas las religiones y espiritualidades, 38 países ratificaron el carácter laico de los Estados, como un requisito indispensable para la democracia y el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas.

Celebramos por ello el Consenso y nos enorgullecemos porque la agenda latinoamericana y caribeña ha resonado en las esferas globales, diciendo que es posible soñar y pensar un mundo que subvierta las causas estructurales de las desigualdades y los patrones de desarrollo insostenibles.

Hoy, en México, la capital más grande de la región, vamos a dar el paso que nos llevará a la aprobación de una guía operativa que nos haga avanzar en el cumplimiento del Consenso de Montevideo. Cada indicador deberá ser desagregado por edad, sexo, género, raza y etnia, toda población sujeta de derechos deberá hacerse visible, y cada actor del desarrollo ser partícipe de la implementación.

Señoras y señores: a dos años de la aprobación del Consenso de Montevideo, nos parece grave que esta agenda, ambiciosa e innovadora, aún no se haya traducido en avances sustantivos, y que incluso, en algunos países hay retrocesos: la violencia de género, los crímenes de odio, la mortalidad materna, el aumento del embarazo adolescente, la transmisión del VIH en mujeres y la discriminación de amplios sectores son prueba de ello.

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos siguen sojuzgados. Las mujeres siguen siendo violentadas por el ejercicio de su sexualidad, siguen enfermando y muriendo a causa de los abortos clandestinos e inseguros, las que viven con VIH y las indígenas siguen siendo esterilizadas en contra de su voluntad. No se ha garantizado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ni a la educación integral de la sexualidad.

La organización social de los cuidados sigue basándose en la sobrecarga de trabajo de las mujeres y niñas y no es considerada ni en los análisis, ni en las políticas macroeconómicas.

Por si esto fuera poco, también nos enfrentamos en algunos países al hecho de que la posibilidad de diálogo y trabajo corresponsable entre sociedad civil y gobierno se ha debilitado o es casi imposible. Hay países en los que se  criminaliza la defensa de los derechos humanos y la protesta social. América Latina está indignada por los femicidios/feminicidios y por las miles de desapariciones forzadas, incluida la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¡Exigimos verdad y justicia!

Las Conferencias Regionales de la CEPAL y los acuerdos emanados de éstas, componen la agenda y la estrategia latinoamericana y caribeña de acción en pro de la igualdad y demandan de cada uno de nuestros Estados, disposición de recursos progresivos para su implementación y cumplimiento.

Debemos aprovechar que el mundo empieza, a partir de ahora, a medir los alcances de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para “latinoamericanizarlos”, para regionalizar los avances y seguir contagiando el sueño. Asumámoslo, el Consenso de Montevideo es más ambicioso e integral que los ODS en muchos aspectos, por ello en nuestra región, el eje articulador para su implementación deberá estar centrado en las agendas propias.

La sostenibilidad de la agenda sólo será posible si se reconoce -como sujetas de derecho- a las personas con discapacidad, con VIH, adultas mayores, migrantes, trabajadoras -incluidas las trabajadoras sexuales- niños, niñas, adolescentes, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales; garantizando su empoderamiento, creando alianzas intergeneracionales y mecanismos de participación ciudadana  con enfoques descentralizados.

La resolución que ustedes, señoras y señores delegados, aprobarán en un par de días, no será el techo sino el piso del que debemos partir. Este debe estar a la altura de los avances logrados y profundizarlos. Debemos institucionalizar mecanismos para la rendición de cuentas transparentes, incluyentes y participativos.

Por eso nos preocupa, y mucho, que a partir de la clasificación de varios de nuestros países como de Renta Media, la cooperación internacional haya dejado casi por completo nuestro continente. Porque al mismo tiempo que en la mayoría de nuestros países ha habido crecimiento económico, la nuestra, sigue siendo la región más desigual del mundo, enfrentando niveles de pobreza inadmisibles.

Además, las organizaciones sociales -que tanto hemos contribuido a nuestras democracias- están debilitadas y en algunos casos, desapareciendo por falta de recursos. Son las mismas organizaciones que desarrollan agendas, objetivos y metas, empujan las ideas, trabajan con las autoridades locales, se reúnen en asambleas y talleres, salen a las calles, dialogan y permean a nuestros Estados; debaten en las Naciones Unidas y en la CEPAL, internacionalizan las grandes luchas por las grandes causas como la paz, la libertad, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos, la diversidad y el respeto inexcusable por los bienes comunes, el medio ambiente y la naturaleza.

Hoy, la Guía Operativa es nuestra oportunidad para pasar de las palabras a la acción, podemos quedarnos con un consenso de promesas y sueños…  o comprometernos a cambiar nuestra realidad.

Es momento para la rendición de cuentas. Es momento para la participación ciudadana. Es momento para comprometer recursos. Es momento para la garantía de todos los derechos para todas las personas a lo largo de toda su vida.

Ese es el compromiso y la verdadera razón de ser del Consenso de Montevideo y de su implementación que  se acordará aquí. Hoy, repetimos lo que dijimos hace dos años en la Primera Reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo: no queremos desearnos mutuamente un buen futuro, ¡QUEREMOS QUE EL FUTURO EMPIECE YA!

Foro Social de la II Conferencia Regional de Población y Desarrollo
06 de octubre, 2015
Ciudad México