Organizaciones de derechos humanos enviaron una carta a la Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy para expresar su preocupación y rechazo al proceso de reforma constitucional de la provincia. El proceso presenta “problemas de legalidad como de legitimidad e implica una serie de retrocesos en materia de derechos humanos” afirmaron.
Tiempos
La ley de declaración de la necesidad de la reforma parcial de la constitución provincial de Jujuy Nº 6.302 dispuso que, desde la elección de los convencionales constituyentes, se dispondría de 30 días para la sesión preparatoria, y hasta 90 días más para finalizar el proceso.
La elección de los convencionales tuvo lugar el 7 de mayo pasado y, desde entonces, los procesos se aceleraron drásticamente, al punto que se anunció que la nueva constitución sería votada el 19 de junio y luego se adelantó al 14 del mismo mes. Un proceso que debería haber consistido en un debate plural, sustantivo y riguroso sobre el contenido del texto constitucional para todos/as los/as jujeños/as, tuvo una duración de poco más de un mes.
Falta de debate y participación
“El actual proceso de reforma constitucional en la provincia no ha sido debatido ampliamente, en muchos de sus aspectos implica un retroceso en los derechos humanos de las personas de la provincia”, aseguran las once organizaciones que firman la carta a la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy. Convencionales constituyentes renunciaron a sus bancas ante la imposibilidad de participar efectivamente en el debate de la reforma propuesta, con el fin de no avalar un proceso claramente ilegítimo.
Además, el proceso de reforma constitucional de la provincia de Jujuy no estableció procesos que aseguren la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarles, tal como establece el Convenio Nº 169 de la OIT, tratado internacional con jerarquía supralegal.
El 31 de mayo los representantes de siete pueblos indígenas (guaraní, okloya, tilian, omaguaca, kolla, quechua y chicha) presentaron una nota al bloque oficialista mayoritario de la convención constituyente solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa. Pese a ello, no fueron recibidos.
Democracia
El articulado que se propone reformar aborda, entre otros, temas centrales para el ejercicio de la democracia como son el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas, el derecho a la protesta.
La regulación de estos derechos debe respetar la prelación constitucional de nuestro país y adecuarse, consecuentemente, a los preceptos establecidos en las normas de jerarquía superior a las provinciales, en la Constitución Nacional, y en los instrumentos internacionales correspondientes.
Reclamo de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil
El proceso de reforma constitucional muestra una clara falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, así como de generar espacios de discusión en torno a temas críticos para los y las habitantes de Jujuy. Esta es una oportunidad única para la provincia de integrar los avances que en materia de derechos humanos y ambientales se han dado tanto a nivel normativo internacional y nacional como jurisprudencial en los recientes años e integrar una agenda con fuerte mirada de derechos humanos que pueda dar respuesta a los desafíos de la democracia en el siglo XXI.
Para que esto suceda, se deben plantear otras formas y procedimientos que no le den la espalda a las demandas de la ciudadanía. Requiere abrir un espacio genuino de participación efectiva para poder discutir con la profundidad que se merecen los temas centrales para la vida democrática en Jujuy, sin apuros injustificables y con los tiempos necesarios para llegar a consensos que amplíen los derechos de las y los jujeños.
Leé la carta completa acá.
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