El Consejo Canadiense para los Refugiados, Amnistía Internacional y el Consejo de Iglesias de Canadá esxpresaron su satisfacción tras decidir hoy la Corte Federal de Canadá que devolver a quienes solicitan refugio a Estados Unidos en virtud del Acuerdo de Tercer País Seguro vulnera la Carta de Derechos y Libertades canadiense.

“Habíamos pedido a la Corte que considerará el impacto del Acuerdo de Tercer País Seguro en las mujeres, hombres, niños y niñas que no pueden encontrar seguridad en Estados Unidos y que determinara si es legal que Canadá devuelva a estas personas a situaciones de detención y posible deportación a lugares donde sufrirían persecución”, afirmó Dorota Blumczynska, presidenta del Consejo Canadiense para los Refugiados. “Difícilmente podía la Corte ignorar los testimonios de las terribles vivencias de quienes caen presa del sistema de detención por motivos de inmigración de Estados Unidos tras cerrarles Canadá sus puertas.  Esas vivencias, que han convencido a la Corte, nos demuestran que Estados Unidos no puede ser considerado un país seguro para las personas refugiadas.”

La Corte determinó que devolver a Estados Unidos a quienes solicitan refugio vulnera el derecho a la libertad y la seguridad de la persona que les reconoce la Carta, porque en muchos casos son víctimas de reclusión arbitraria en centros de detención para inmigrantes o prisiones de condado estadounidenses, a menudo en condiciones espantosas y en contravención flagrante de las normas internacionales.

La Corte suspendió la ejecución de su decisión durante seis meses para dar tiempo a que el Parlamento se pronuncie. Dado que la Corte ha establecido claramente de qué modo la detención en Estados Unidos viola derechos fundamentales, las organizaciones piden al gobierno de Canadá que deje de inmediato de devolver a personas a Estados Unidos en virtud del Acuerdo de Tercer País Seguro y no recurra la decisión.

“Aunque la Corte Federal concedió al gobierno seis meses de plazo para responder, es esencial que Canadá ponga fin de inmediato a la devolución de personas que solicitan refugio a Estados Unidos”, ha manifestado Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá. “El Acuerdo de Tercer País Seguro lleva años dando origen a graves violaciones de derechos humanos, como ha confirmado inequívocamente esta decisión judicial. Esta situación no puede continuar ni un día más, y menos ahora que es motivo de mayor preocupación aún por la prevalencia de la COVID-19 en los centros de detención por motivos de inmigración de Estados Unidos. Canadá debe además revocar el decreto que, como parte de la respuesta del país a la COVID-19, cierra en la práctica la frontera a quienes solicitan refugio.

“El Consejo de Iglesias de Canadá lleva mucho tiempo propugnando que todo ser humano presente físicamente en Canadá tiene derecho legalmente a la vida y a la libertad y seguridad de la persona en virtud de la Carta de Derechos y Libertades”, declaró Peter Noteboom, secretario general del Consejo de Iglesias de Canadá. “El Acuerdo de Tercer País Seguro entre Estados Unidos y Canadá impide el ejercicio este derecho legal.”

Con contadas excepciones, en virtud del Acuerdo de Tercer País Seguro, implementado en 2004, a las personas refugiadas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y Canadá tras haber intentado presentar una solicitud de refugio en Canadá se les niega el acceso al sistema canadiense de refugio, por lo que son devueltas de inmediato a Estados Unidos. Como el Acuerdo no es aplicable a quienes llegan a Canadá sin pasar por un puesto fronterizo oficial, el número de personas que cruzan la frontera en busca de seguridad en el país sin pasar por los puntos de entrada es muy elevado. Retirarse del Acuerdo no sólo garantizaría que Canadá cumpliese con sus obligaciones legales, sino que además permitiría a las personas que llegan el país presentarse debidamente en los puntos de entrada, lo que pondría fin al cruce de la frontera de manera irregular.