Amnistía Internacional exige al Estado argentino que no separe a una mamá de sus hijos. Liz Moreta llegó a Argentina desde República Dominicana hace más de 14 años. El 17 de noviembre de 2006, recibió una condena a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por contrabando de estupefacientes. Ahora, 10 años después de haber cumplido su condena, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la quiere expulsar del país y separar de su esposo y sus tres hijos de 13, 8 y 5 años, todos ciudadanos argentinos.
En 2007 la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión de Liz, quien interpuso un recurso en el que manifestó su voluntad de permanecer en el país. En 2016, casi 10 años después, la DNM rechazó este recurso. Contra esta decisión, Liz elevó la queja al secretario del Interior, pero fue desestimada. Agotada la vía administrativa, durante este año Moreta insistió ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal pero no tuvo éxito. El pasado 22 de agosto, finalmente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal le denegó recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Hace más de 10 años que Liz cumplió su condena. Después de eso, se reinsertó integralmente en la sociedad, y constituyó su familia. Aún así, el gobierno busca expulsarla y separarla bruscamente de su esposo y sus hijos, en violación al derecho a la unidad familiar y el interés superior del niño protegidos por tratados internacionales firmados por Argentina.”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Regresión en los derechos de las personas migrantes y separación familiar
El caso de Liz Moreta se enmarca en un contexto regresivo en materia de derechos de los migrantes en la Argentina que Amnistía Internacional viene alertando . A través un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en 2017 el gobierno modificó Ley de Migraciones. Sin respetar el debate legislativo, el DNU estableció, entre otros retrocesos, un procedimiento de expulsión que vulnera las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de defensa de las personas migrantes. Con la adopción del DNU se facilitó la separación de familias. Además, esa decisión está a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones y no es revisada por el Poder Judicial.
El Comité de los Derechos del Niño ya instó a Argentina a que derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, a fin de que, “en los casos de migración, se respete el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, y se preserve la unidad familiar”.
Mientras tanto, el DNU 70/2017 sigue vigente pese a que ya se haya declarado inconstitucional y condenado ampliamente por organismos internacionales, y está generando la separación de muchas familias, como la de Liz.
