El 11 de marzo, el Tribunal de Distrito de La Haya resolverá sobre la admisibilidad de una demanda presentada por Amnistía Internacional, Boat Refugee Foundation y Defensa de Niñas y Niños Países Bajos para exigir responsabilidades al gobierno neerlandés por su papel en la aprobación y ejecución del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Las tres organizaciones consideran al Estado neerlandés responsable de las consecuencias del acuerdo con Turquía que atrapó a miles de personas, incluidos niños y niñas, en terribles condiciones en las islas griegas.

Las ONG sostienen que, como Estado miembro que ejercía la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en las fechas en que se concertó el acuerdo en 2016, el gobierno neerlandés era perfectamente consciente de que el acuerdo daría lugar a violaciones de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en las islas griegas, pero no obstante avaló la aprobación y supervisó la aplicación.

Los acuerdos sobre migración sin garantías en materia de derechos humanos no deben convertirse en la norma. Las organizaciones quieren que Países Bajos rinda cuentas por violar la legislación neerlandesa, internacional y de la Unión Europea y por las persistentes y terribles condiciones de precariedad a lo largo de los años en las islas griegas. Los acuerdos con este tipo de consecuencias no deben volver a concluirse nunca.

Dagmar Oudshoorn, director de Amnistía Internacional Países Bajos, y Esther Vonk, directora de Boat Refugee Foundation, asistirán a la vista y estarán disponibles para entrevistas.

“Países Bajos dice ser el artífice del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía pero no quiere asumir la responsabilidad de las consecuencias.  Para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos a las que estuvieron expuestas las personas refugiadas y migrantes, es fundamental que se nos permita presentar este caso ante los tribunales. Hasta la fecha no se han exigido responsabilidades a nadie por los sufrimientos innecesarios que padecieron decenas de miles de personas refugiadas. Eso es inaceptable”, ha afirmado Dagmar Oudshoorn, director de Amnistía Internacional Países Bajos.

“En 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que no tenía competencia porque las negociaciones no las llevaron a cabo la Unión Europea ni instituciones de la Unión Europea, sino Estados miembros de la Unión Europea. Esta demanda envía un mensaje importante a los Estados miembros: no pueden eludir sin más las consecuencias de concertar acuerdos que violan los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.”

Esther Vonk, directora de Boat Refugee Foundation, ha afirmado: “Las autoridades neerlandesas reivindican un papel destacado en la negociación y aplicación del acuerdo, pero rechazan toda responsabilidad por las consecuencias. Ese mismo acuerdo dio lugar a indescriptibles sufrimientos. Mientras los gobiernos miran hacia otro lado, Boat Refugee Foundation sigue ofreciendo a las personas en movimiento atención médica y psicológica esencial.”

Mirjam Blaak, directora de Defensa de Niñas y Niños Países Bajos, ha declarado: “Entre las personas refugiadas había muchos niños y niñas que han sufrido enormemente por la injusticia de la que han sido víctimas. Estuvieron expuestos a circunstancias traumáticas: inseguridad estructural, violencia física y sexual, alimentación insuficiente y ningún acceso a educación.”

Información complementaria

Tras el acuerdo suscrito en 2016 entre la Unión Europea y Turquía, las personas que llegaban irregularmente a las islas griegas se veían obligadas a solicitar asilo en las islas y a permanecer allí en espera de una decisión sobre su caso.  Grecia tenía dificultades con un sistema de asilo disfuncional, que en la práctica dejaba a las personas, incluidos miles de niños y niñas, atrapadas durante largos periodos en condiciones atroces, a veces durante años mientras esperaban la decisión sobre el asilo o su reubicación en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Los campos eran precarios e inseguros, y las personas no tenían acceso a alimentación, alojamiento, instalaciones de saneamiento y atención médica adecuados.

ONG, la ONU y organismos de la Unión Europea advirtieronsistemáticamente de la situación de emergencia en las islas.  Países Bajos conocía exactamente hasta qué punto era terrible la situación pero, por ejemplo, se opuso al traslado de personas a la Grecia continental para no menoscabar el acuerdo.

Nota para periodistas:

Si desean más información sobre el caso, hagan clic aquí.

Si desean concertar entrevistas, pónganse en contacto con Amnistía Internacional Países Bajos, Marjon Rozema m.rozema@amnesty.nl y Boat Refugee Foundation, Nick van der Steenhoven nick@bootvluchteling.nl