“La violencia es un grave problema en América Latina pero no puede ser respondida con más violencia. Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Durante las últimas semanas, un equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional documentó 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios. Adicionalmente, la organización solicitó reuniones con diversas autoridades, incluyendo con el presidente Nayib Bukele.
Detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y garantías judiciales
El régimen de excepción, las recientes reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal, y la práctica implementada en este contexto por los Juzgados Especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía entre otros, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. El derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite que se restrinjan estos derechos, ni siquiera en caso de estado de excepción.
Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales —la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia— sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.
Tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena es de entre 20 a 30 años de prisión. Durante la detención, la persona detenida no suele tener contacto con su representante legal o es de apenas unos minutos. Estas audiencias pueden llegar a realizarse contra hasta 500 acusados a la vez y son resueltas de forma sumaria.
En prácticamente todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las personas expresaron que hubo momentos en los que no sabían dónde se encontraban detenidos sus familiares.
“La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de más de 35 mil personas en menos de tres meses no habría sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato. En cambio, están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Derecho a la vida y la integridad personal
Amnistía Internacional documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal.Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días.
Además, según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, del 27 de marzo al 17 de mayo al menos 1190 personas menores de 18 años fueron detenidas y recluidas en Centros de Resguardo. La mayoría fueron acusadas de los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
Periodistas, personas defensoras y funcionarios judiciales
Amnistía Internacional conversó con cinco periodistas salvadoreños, de los cuales tres habían tenido que cambiar de domicilio o de país debido al hostigamiento estatal y de terceros. Dos señalaron tener información confiable sobre posibles investigaciones criminales en su contra como forma de represalia. En el contexto del régimen de excepción no solo se han aprobado reformas legales que ponen en riesgo de criminalización a quienes informen sobre el fenómeno de las pandillas con condenas de hasta 15 años de prisión, sino que, además, funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado públicamente y sin pruebas a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas, en un intento de estigmatizar y cohibir el ejercicio periodístico.
De igual manera, funcionarios públicos del más alto nivel han acusado públicamente a organizaciones de derechos humanos de estar a favor de la delincuencia generada por pandillas.
Llamado al Gobierno de El Salvador
Amnistía Internacional señala que La magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU, en particular a los centros de detención y audiencias judiciales, para que puedan verificar las condiciones generales de observancia de los derechos humanos.
Finalmente, la organización llama al gobierno del presidente Bukele a revertir de forma inmediata las recientes medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos, con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
