El 19 de septiembre, Diversxs Alto Paraná, un colectivo que defiende los derechos de personas LGBTI, presentó un oficio informando al Intendente de Hernandarias sobre la realización de una marcha pacífica en esa ciudad programada para el 29 de septiembre. La marcha tenía como motivo recordar el homicidio de Bernardo Aranda y los violentos hechos vinculados a las investigaciones del caso en 1959, durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El 27 de septiembre, el Intendente de Hernandarias emitió la Resolución 3076/19, que prohibió la realización de la marcha por considerarlas contrarias a la “moral pública”, y confirmó la Resolución 036/19, por la cual se declara a Hernandarias “Ciudad Pro-Vida y Pro-Familia”.
“Las resoluciones emitidas por la Intendencia Municipal de Hernandarias en Paraguay son claramente muestras de intolerancia que refuerzan los prejuicios sociales y aumentan las nefastas repercusiones en contra de las personas LGBTI. En nuestro trabajo alrededor del mundo hemos documentado como este tipo de medidas impuestas por autoridades conllevan a que las personas LGBTI sean estigmatizadas, criminalizadas y aumentan la discriminación, rechazo social y violencia en su contra,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La Intendencia nunca notificó formalmente a Diversxs, o a Amnistía Internacional como la organización que les acompaña. Integrantes de Diversxs sólo tuvieron acceso a tomar una fotografía de las resoluciones en la Comisaría, como resultado de su insistencia por ver el documento oficial.
A pesar de la decisión de las autoridades locales de prohibir la marcha, Diversxs decidió seguir adelante con la actividad. Minutos después de haber iniciado la movilización, el grupo fue agredido verbal y físicamente por grupos anti-derechos, sin que la Policía Nacional interviniera para proteger sus derechos y detener a quienes les estaban atacando. Algunos integrantes de Diversxs que fueron atacados presentaron denuncias penales para que se investiguen y sancionen a los responsables.
Mediante la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema, Amnistía Internacional argumentó que las resoluciones violan los derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación pacífica, y a la igualdad de las personas, entre otros. Asimismo, la organización denunció la utilización de argumentos en favor de la protección de la “moral pública” como un pretexto para restringir indebidamente el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, particularmente en contra de las personas LGBTI.
“Los Estados tienen la obligación de abstenerse de imponer cualquier tipo de modelo o estándar moral sobre los individuos. Confiamos en que la Corte Suprema haga justicia en favor de Diversxs y todas las personas LGBTI del país mediante la declaración de las resoluciones demandadas como inconstitucionales y contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, dijo María Teresa Añazco Barudi, presidenta de Amnistía Internacional Paraguay.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
