Amnistía Internacional presentó hoy al Senado paraguayo un documento en el que expresa las preocupaciones de la organización sobre el proyecto de ley “por el cual se prohíbe la promoción, fomento o enseñanza de la Ideología de Género en las instituciones educativas del país”, ingresado en esta casa legislativa el 6 de julio de 2023.

El proyecto agrega que su incumplimiento acarrearía “sanciones de índole penal y/o administrativo”, pero no establece cuál sería el órgano estatal responsable de su aplicación ni establece qué sanciones específicas se impondría ante su incumplimiento.

 

“Este proyecto es una total afrenta a los derechos humanos. La adopción de la perspectiva de género en la educación no solo no debe ser prohibida, sino que es una obligación del Estado paraguayo por los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En sus comentarios presentados al Senado, Amnistía Internacional señala que el proyecto viola las normas y los estándares internacionales de derechos humanos a los que está obligado el Estado Paraguayo y que son claros al reconocer el derecho humano a una educación integral de la sexualidad con perspectiva de género, lo cual es indivisible del derecho a la educación y clave para el disfrute de los derechos a la vida, a la salud, a la información, a la no discriminación, entre otros.

El documento de Amnistía Internacional también destaca cómo la propuesta de prohibición de la perspectiva de género en cualquier ámbito de la política pública desconoce los altos índices de desigualdad de género, la violencia y discriminación que afectan desproporcionadamente a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.

“Es muy preocupante que legisladores y autoridades, al explicar el proyecto de ley, hagan uso de expresiones vacías e imprecisas como ‘ideología de género’ y ‘adoctrinamiento’ para referirse a una educación con perspectiva de género”, dijo Ana Piquer. “Estas expresiones no solo distorsionan el real sentido y propósito de una educación integral de la sexualidad, sino también buscan manipular la opinión pública, explotando miedos y ansiedades en la sociedad y fomentando la estigmatización y la persecución a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”.

 



 

El documento presentado por Amnistía Internacional recuerda que la perspectiva de género es fundamental para lograr la igualdad sustantiva de todas las personas conforme a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Solo a través de estos lentes, se puede reconocer que la discriminación y las desigualdades basadas en el género están profundamente arraigadas en las sociedades y tienen un impacto significativo en las experiencias y oportunidades de las personas, así como en su capacidad de ejercer sus derechos humanos.

La organización también señala que el texto legal propuesto carece de mecanismos efectivos para una participación social diversa e inclusiva, y padece de falta de claridad tanto sobre su alcance como sobre su implementación, violando el principio de la legalidad y generando enorme inseguridad jurídica.

Por estas razones, Amnistía Internacional instó el Congreso paraguayo a rechazar este proyecto de ley, así como reiteró la necesidad de que el Congreso paraguayo promueva un debate amplio, diverso, inclusivo y tolerante, extendido a todos los sectores de la sociedad, para discutir la importancia de garantizar una educación integral de la sexualidad con perspectiva de género.

 



Información adicional

Esta no es la primera iniciativa para restringir normativamente la adopción de la perspectiva de género en la política educacional paraguaya. A través de su Resolución 29.664 del 5 de octubre de 2017, el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió “la difusión y utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas”. Esta iniciativa fue duramente criticada por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional.

Sin embargo, todos estos cuestionamientos han sido ignorados por el Estado. La resolución no solo sigue vigente como en el 2022, además, el Ministerio de Educación y Ciencias pidió públicamente al profesorado y a las direcciones de las escuelas que siguieran acatándola e instó a profesionales de la educación y a la sociedad en general a presentar denuncias oficiales si se hallaban materiales de ese tipo.

El nuevo proyecto en discusión en el Senado no solo propone transformar esta prohibición en ley, sino que amplía su alcance, que pasaría a aplicarse “sin excepción alguna en todas las instituciones educativas del país, en todos los niveles, sean públicas o privadas, sean realizadas en forma presencial, telemática o híbrida.”

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

 

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

 

Jorge Flores (Amnistía Internacional Paraguay): +595 982 333496, comunicacion@py.amnesty.org