Según la Constitución de Paraguay, la discriminación está prohibida, y el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos que la faciliten (artículos 46-48). Sin embargo, no se han adoptado medidas concretas para aplicar de manera efectiva esta disposición constitucional. De hecho, Paraguay no tiene aún legislación específica para eliminar las prácticas y costumbres discriminatorias, así que carece de un marco jurídico para tomar medidas proactivas de promoción de la igualdad o exigir que se aborde toda discriminación de facto.

 

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