Según palabras de Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, publicado hoy, el África subsahariana ha dado grandes pasos en la lucha mundial por la abolición de la pena capital, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte en toda la región.

Guinea se ha convertido en el 20º Estado del África subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Kenia ha abolido la pena capital preceptiva para el asesinato. Burkina Faso y Chad ha avanzado también en la eliminación de esta pena, con nuevas leyes o proyectos de ley.

“Los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición. El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Avanzado ya el año 2018, los gobiernos de la región continúan tomando medidas para reducir y revocar la pena de muerte, mientras la soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca.

Ahora que 20 países del África subsahariana han abolido la pena capital para todos los delitos, es el momento de que el resto del mundo siga su ejemplo y relegue esta aberrante pena a los libros de historia”.

Amnistía Internacional ha registrado un descenso en el número de países del África subsahariana que consuman ejecuciones: de cinco en 2016 a dos en 2017 —Somalia y Sudán del Sur— en los que se haya tenido constancia de ejecuciones. Asimismo, la organización ha resaltado que las noticias sobre la reanudación de las ejecuciones en Botsuana y Sudán en 2018 no pueden eclipsar los avances experimentados en otros países de la región.

Por su parte, Gambia ha firmado un tratado internacional por el que se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a marchar hacia la abolición de la pena demuerte. El presidente gambiano dictó, en febrero de 2018, una moratoria oficial (suspensión temporal) de las ejecuciones.

Avances considerables en todas las regiones

Los progresos en el África subsahariana en 2017 ilustran la tendencia positiva observada en todo el mundo: los análisis de Amnistía Internacional apuntan a un nuevo descenso en el empleo mundial de la pena de muerte a lo largo del pasado año.

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más elevada desde 1989). En 2017 se registraron al menos 2.591 condenas a muerte en 53 países, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016. Estas cifras no incluyen los miles de condenas a muerte y ejecuciones que —según cree Amnistía— fueron impuestas y consumadas en China, donde las cifras correspondientes siguen clasificadas como secreto de Estado.

Además de Guinea, Mongolia abolió también la pena capital para todos los delitos, con lo que el número total de países abolicionistas ascendió a 106 en 2017. Por otro lado, tras haber abolido Guatemala la pena de muerte para los delitos comunes, como el de asesinato, el número de países abolicionistas, en la ley o en la práctica, es ahora de 142. Sólo 23 siguen llevando a cabo ejecuciones (la misma cifra que en 2016), pese a que varios países han reanudado las ejecuciones tras un periodo de interrupción.

Se han dado incluso pasos importantes para reducir el empleo de la pena de muerte en países que son firmes defensores de ella. En Irán, las ejecuciones registradas se redujeron en un 11% y las relacionadas en concreto con delitos de drogas descendieron en un 40%. Asimismo, se tomaron medidas para elevar la cantidad de droga necesaria para imponer la pena de muerte preceptiva. En Malasia, se reformó la legislación antidroga, que pasó a permitir discrecionalidad a la hora de imponer condenas en casos de narcotráfico. Estas reformas se traducirán, probablemente, en un descenso en el número de condenas a muerte impuestas en ambos países en el futuro.

“Sigue siendo preocupante que ciertos países recurran a la pena de muerte para los delitos de drogas. Sin embargo, las medidas adoptadas por Irán y Malasia para reformar la legislación antidroga revelan en buena medida la aparición de grietas incluso en la minoría de países que sigue llevando a cabo ejecuciones”, ha afirmado Salil Shetty.

Indonesia, que, en un torpe intento por atajar los delitos de drogas, ejecutó en 2016 a cuatro personas condenadas por ese tipo de delitos, no llevó a cabo ninguna ejecución el año pasado, y ha informado de un ligero descenso en el número de condenas a muerte impuestas.

Tendencias preocupantes

Sin embargo, en 2017 siguieron observándose preocupantes tendencias en el empleo de la pena de muerte.

En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que la de Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).

Amnistía Internacional registró ejecuciones por cuestiones de drogas en cuatro países: Arabia Saudí, China (donde las cifras están clasificadas como secreto de Estado), Irán y Singapur. El secretismo que rodeaba la pena capital en Malasia y Vietnam impidió determinar si se habían llevado a cabo o no ejecuciones por delitos de drogas. En 2017, Singapur ahorcó a ocho personas, todas ellas por delitos de drogas, con lo que duplicó la cifra de 2016. La tendencia fue similar en Arabia Saudí, donde las decapitaciones por cuestiones de drogas se dispararon, pasando del 14% del total de ejecuciones en 2016 al 40% en 2017.

“Pese a los avances en la abolición de esta pena aberrante, quedan aún unos cuantos líderes que prefieren recurrir a la pena capital como ‘solución rápida’ en lugar de abordar la raíz de los problemas con políticas humanas y de base empírica. Los líderes fuertes ejecutan políticas, no a personas” ha afirmado Salil Shetty.

“Las draconianas medidas contra las drogas que se aplican ampliamente en Oriente Medio y la región de Asia y Oceanía han fracasado estrepitosamente a la hora de solucionar el problema”.

De igual forma, los gobiernos violaron en 2017 varias prohibiciones más de derecho internacional. En Irán, al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte. Asimismo, en Estados Unidos, Japón, Maldivas, Pakistán y Singapur, se ejecutó a personas con discapacidad mental o intelectual, o se las mantuvo condenadas a muerte. En Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán, Amnistía Internacional registró varios casos de personas condenadas a muerte tras haber “confesado” delitos bajo tortura u otros malos tratos. En Irán e Irak, estas “confesiones” se retransmitieron en directo por televisión.

Aunque el número total de países que llevaron a cabo ejecuciones permaneció inalterado, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción. En Egipto, el número de condenas a muerte registradas aumentó en casi un 70% en comparación con 2016.

Expectativas

Con al menos 21.919 casos conocidos de personas condenadas a muerte en todo el mundo, no es el momento de relajar la presión.

En 2017 se dieron pasos en la buena dirección, cuyo impacto total comprobaremos a lo largo de los próximos meses y años. Sin embargo, ahora que algunos países han dado —o amenazan con dar— marcha atrás, la campaña contra la pena capital sigue siendo tan esencial como siempre.

“En los últimos 40 años, hemos presenciado una enorme y positiva transformación en la percepción de la pena de muerte, pero es necesario dar más pasos para erradicar esta terrible práctica de homicidios sancionados por los Estados”, ha manifestado Salil Shetty.

“La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Sabemos que, estimulando el apoyo de personas de todo el mundo, podemos hacer frente a este cruel castigo y poner fin a la pena de muerte en todo el mundo”.