Amnistía Internacional se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) junto al ex Relator contra la Tortura Juan Méndez en el caso de Manuela. La mujer salvadoreña había sido condenada a 30 años de cárcel tras perder involuntariamente su embarazo y murió privada de la libertad.
En vísperas del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la organización señala que la Corte IDH tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva deriva en discriminación y violencia contra las mujeres que puede ser caracterizada como tortura.
Sobre el caso
Tras haber sufrido una emergencia obstétrica, Manuela fue injustamente condenada y encarcelada por el supuesto delito de homicidio agravado. . Sin haber tenido acceso a una adecuada defensa, murió en prisión, alejada de su familia y de sus dos hijos, como consecuencia de un cáncer que no fue debidamente tratado por el Estado, y que, incluso, pudo haber sido la causa de la pérdida involuntaria de su embarazo.
El caso de Manuela ocurrió en un contexto de prohibición absoluta del aborto en El Salvador, uno de los pocos países en América Latina que criminaliza la interrupción del embarazo en todos los casos, sin excepción. Esto deriva en la criminalización no solamente de mujeres y niñas que se someten a un aborto, sino también de quienes pierden un embarazo de manera involuntaria. Esta situación genera violencia institucional y constituye una forma de tortura u otros malos tratos.
"Mientras otros países, como Argentina, eliminaron barreras para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, El Salvador sigue violando derechos humanos. La Corte IDH tiene la oportunidad histórica de marcar un horizonte en donde las mujeres y niñas no son sometidas a marcos legales que favorecen la violencia y la tortura ", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Información adicional
Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, entre el 2000 y el 2019, al menos 181 mujeres fueron procesadas por los delitos de aborto o de homicidio agravado por haber tenido abortos o emergencias obstétricas.
Bajo dicho marco legal, mujeres y niñas que sufrieron emergencias obstétricas fueron imputadas con penas que llegan hasta los 50 años de prisión, acusadas de cometer “homicidio agravado”, como ocurrió en el caso de Manuela.
Diversos organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtieron en distintas ocasiones sobre las violaciones de derechos humanos que genera la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
