El fin de semana, las movilizaciones en la ciudad de Lima dejaron dos jóvenes fallecidos por heridas de armas de fuego, y el Ministerio de Salud de Perú reportó al menos 94 heridos, entre ellos periodistas que cubrían las manifestaciones. Además, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú informó más de 40 personas desaparecidas.
“Debido a la represión violenta de las protestas, esta crisis política está generando una crisis de derechos humanos. Las autoridades deben priorizar la protección de la población sobre cualquier interés político”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Verificación digital
A través de la verificación inmediata de evidencia audiovisual, Amnistía Internacional comprobó episodios que ejemplifican el uso excesivo e innecesario de la fuerza por la Policía Nacional en las manifestaciones producidas en el contexto de la crisis política que atraviesa Perú.
Amnistía Internacional pudo verificar que agentes policiales dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas y violando estándares internacionales de derechos humanos.
“Se debe hacer eje en la actuación de las fuerzas de seguridad. En la región es un problema grave. Particularmente en la situación que atraviesa hoy Perú, en lugar de proteger a la ciudadanía, la Policía hace lo contrario. Hay videos verificados digitalmente por Amnistía Internacional que evidencian la violencia ejercida contra la población”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional recibió también denuncias de detenciones arbitrarias por parte de efectivos de la Policía Nacional vestidos de civil y que se negaban a identificarse, y de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, la Policía Nacional reportó que más de diez efectivos policiales resultaron lesionados con objetos contundentes, e informó sobre personas que fueron detenidas por “disturbios, agresión y resistencia a la autoridad”, pero omitió publicar la cifra exacta.
Amnistía Internacional destaca que en este contexto el rol de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es fundamental y rechaza enérgicamente la información recibida sobre amenazas y actos intimidatorios cometidos contra personal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Finalmente, la organización demanda una investigación exhaustiva, imparcial y oportuna de los hechos, cuidando que los medios probatorios sean cautelados, y que los responsables sean llevados a la justicia. Asimismo, demanda el cese de la represión contra las movilizaciones ciudadanas, recordando el derecho de las personas a la protesta pacífica.