Lima, 13 de marzo de 2025
Amnistía Internacional expresa su rechazo y preocupación por la reciente aprobación del dictamen que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo el espacio cívico en Perú y restringir indebidamente los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la justicia.
Bajo el argumento de querer fortalecer el trabajo de la APCI, la ley atenta contra el espacio cívico, esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las autoridades, y la justicia, incrementando el control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y dejando la puerta abierta a restricciones arbitrarias, discrecionalidad y censura. Es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil actualmente rinden cuentas y están bajo procedimientos permanentes de supervisión y fiscalización. La organización reconoce la importancia de estos procedimientos, pero rechaza el carácter discrecional que podrían tener bajo las disposiciones de la norma recientemente aprobada.
“Todo lo que hagan las organizaciones de la sociedad civil con fondos de la cooperación internacional tendrá que ser previamente aprobado por el Estado, lo cual deja estas decisiones a discrecionalidad de las autoridades. Esto puede implicar, incluso, la eliminación del registro en APCI de las organizaciones que critiquen a las autoridades”, señaló Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
Entre otros puntos, esta ley puede atentar contra el acceso a la justicia. Al establecer como falta “muy grave” el uso de recursos provenientes de la cooperación para “asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano”, se obstaculiza el derecho de peruanos, peruanas, y toda la población, al acceso a la justicia.
“Con esta ley se obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista, que en el pasado han logrado acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley alimenta la impunidad de las autoridades que violan los derechos humanos”, sostuvo Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
La organización advierte que esta norma puede traer consecuencias negativas en la rendición de cuentas y en la transparencia del Estado, allanando el camino a la impunidad.
Por ello, instamos al Ejecutivo a no promulgar y observar esta norma, por ser contraria a los derechos humanos. Además, a respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Perú es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de asociación y de expresión, y el derecho a participar en los asuntos públicos.
