El gobierno de Colombia no está abordando la crítica situación de los derechos humanos en el país, ha declarado Amnistía Internacional antes de la revisión anual del país por parte de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

Pese a las conversaciones de paz en curso en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, las violaciones y los abusos de los derechos humanos siguen sin disminuir.

Mañana, la alta comisionada Navi Pillay presentará su examen anual de la situación de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las conversaciones de paz representan la mejor oportunidad en más de una década para poner fin a los 50 años de conflicto armado. Sin embargo, las partes enfrentadas siguen siendo responsables de terribles y graves violaciones y abusos de los derechos humanos, que incluyen desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, raptos y desapariciones forzadas”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“La situación actual es insostenible. Ahora que Navi Pillay va a dar a conocer las conclusiones de su examen, el gobierno y las demás partes implicadas en el conflicto deben comprometerse firmemente a poner fin a la extendida cultura de la violencia y la impunidad.”

Las cifras globales sobre violaciones de derechos humanos y abusos son terribles. En 2013 perdieron la vida alrededor de 70 defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que había líderes indígenas y afrodescendientes, y al menos 27 sindicalistas. Más de cinco millones de personas han huido de su hogar en el curso del conflicto.

Amnistía Internacional pide también al gobierno que apoye el papel que viene desempeñando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y amplíe su mandato integral un mínimo de tres años, en lugar de sólo uno, como hizo el pasado mes de julio.

“Dado que las consecuencias para los derechos humanos de un acuerdo de paz siguen siendo claramente inciertas, la continuidad del papel de monitoreo que desempeña la Oficina será más fundamental que nunca”, ha declarado Marcelo Pollack.

Amnistía Internacional entregará una declaración al Consejo de Derechos Humanos en el debate del examen de la alta comisionada. Las principales áreas de preocupación son las siguientes:

No disolución de los grupos paramilitares

La mayoría de los grupos paramilitares no han sido disueltos efectivamente pese a su supuesta desmovilización en un proceso patrocinado por el gobierno que se inició en 2005. Estos grupos siguen siendo responsables de múltiples violaciones de derechos humanos, y a menudo actúan en connivencia con elementos de las fuerzas de seguridad.

“El gobierno colombiano debe desmantelar de una vez por todas los grupos paramilitares y romper todo vínculo entre estos y las fuerzas de seguridad. Todas las personas que puedan tener responsabilidades penales en abusos y violaciones de derechos humanos deberán responder ante la justicia en tribunales civiles”, ha dicho Marcelo Pollack.

Homicidios extrajudiciales y defectos del sistema de justicia militar

A pesar de que el número de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad es muy inferior al de años anteriores, siguen llegando informes de estos crímenes. Se han hecho pocos avances en la investigación de estos homicidios, y muchos casos se han trasladado al sistema de justicia militar.

El gobierno colombiano sigue insistiendo en respaldar medidas legislativas como la reforma del sistema de justicia militar y lo que se conoce como “Marco Jurídico para la Paz”, que potenciará unos niveles ya vergonzosos de impunidad, no sólo por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sino también por los abusos y violaciones perpetrados por la guerrilla y los grupos paramilitares.

“El respeto a los derechos humanos y el compromiso para poner fin a la impunidad deben seguir siendo el elemento central de las negociaciones de La Habana. El derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación es un requisito previo para que un proceso de paz tenga éxito y no debe quedar diluido en las negociaciones”.

Los grupos guerrilleros no respetan los derechos de la población civil

Los grupos guerrilleros son también responsables de abusos graves contra los derechos humanos que incluyen homicidios, toma de rehenes, uso de minas terrestres, reclutamiento de niños soldados y desplazamiento forzado.

“Si los grupos guerrilleros quieren probar al pueblo colombiano que buscan seriamente la paz, deben demostrar primero con acciones concretas que respetan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Restitución de tierras y violencia

A Amnistía Internacional le preocupa especialmente la seguridad de las personas que tratan de retornar a sus tierras en virtud del programa de restitución de tierras del gobierno.

Pese a algunos defectos graves, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 aún podría tener un impacto positivo en la vida de muchas víctimas. Pero el hecho de que las autoridades no garanticen la seguridad de quienes reclaman sus tierras hace que muy pocos se hayan atrevido a regresar.

“El gobierno debe detener la reacción violenta de quienes se beneficiaron de las apropiaciones indebidas de tierras contra quienes reclaman sus tierras, y debe hacerlo pronto. De lo contrario, su compromiso de devolver sus tierras a las víctimas del conflicto podría terminar siendo una promesa vacía”, ha concluido Amnistía Internacional.