Política de Amnistía Internacional sobre la protección de los derechos humanos de las y los trabajadoras/es sexuales

• La política propuesta por Amnistía Internacional pretende proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales –que a menudo se encuentran entre las personas más marginadas de la sociedad. Las/los trabajadoras/es sexuales están dentro de ese grupo. Son perseguidas/os y violentadas/os por la policía, discriminadas/os a la hora de acceder a servicios de salud, seguridad social, vivienda y educación.


• Amnistía Internacional condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual. La despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas. La trata de seres humanos constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada como cuestión de derecho internacional. No hay estudios ni indicios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.


• Nuestra política no protege a los proxenetas. Los terceros que exploten a trabajadores o trabajadoras sexuales o abusen de ellos deben ser criminalizados.


• Amnistía Internacional defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos, que no incluyan coerción, explotación o abuso.


• Perseguir penalmente a quienes se dedican al trabajo sexual las/os expone a situaciones de riesgo. La desigualdad de género y la discriminación pueden influir enormemente en que mujeres y travestis se dediquen al trabajo sexual. No somos ingenuos ni indiferentes respecto a este problema. Pero estamos convencidos que el criminalizar a las mujeres y travestis por su falta de opciones o el utilizar leyes penales y prácticas policiales las expone a mayores riesgos para su vida. No creemos que el derecho penal sea la respuesta a este problema.


• Amnistía Internacional trabaja para que ninguna persona se inicie en el trabajo sexual contra su voluntad ni se vea obligada a depender de él como único medio de supervivencia. Los Estados deben tomar medidas adecuadas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y para que se garantice que las personas que se dedican a esa actividad puedan abandonarla cuando lo deseen.


• Las leyes que criminalizan la compra de sexo trasladan a las/os trabajadoras/es sexuales los riesgos para proteger a los compradores y evitar que sean detectados por la policía. El trabajo sexual continúa estando sumamente estigmatizado, y contribuye a la discriminación y la marginación de quienes se dedican a él.


• Nuestra política no establece que pagar por trabajo sexual sea un derecho humano ni defiende los derechos de quienes compran sexo: se centra exclusivamente en proteger a las/os trabajadoras/es sexuales que se enfrentan a una serie de violaciones de derechos humanos vinculadas a la criminalización.


• La política de AI se basa en una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas. Desde el trabajo realizado por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y otros organismos de la ONU.  Hasta las posturas adoptadas por otras organizaciones como ONU Mujeres, OIT, Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Así como testimonios de más de 200 trabajadores/as  sexuales, y ex trabajadoras/ es sexuales, la policía, gobiernos y otros organismos.