Un anivrsario marcado por el ataque continuado a los derechos de las mujeres y al Estado de derecho
(Bruselas, 19 de octubre de 2021) Todas las personas embarazadas, incluidas mujeres y niñas, se han enfrentado a obstáculos extremos para acceder a un aborto legal en el año transcurrido desde que una sentencia del Tribunal Constitucional prohibió en la práctica el aborto legal en Polonia; así lo han manifestado hoy 14 organizaciones de derechos humanos. Desde que se dictó esta sentencia, quienes defienden los derechos humanos de las mujeres también se enfrentan a un entorno cada vez más hostil y peligroso.
Las autoridades de Polonia deben acabar con sus intentos de menoscabar los derechos reproductivos y debilitar las protecciones frente a la violencia de género, y comprometerse a proteger a las defensoras de los derechos de las mujeres que sufren amenazas y ataques constantes desde que se pronunció la decisión en octubre de 2020. Las crecientes amenazas de muerte formuladas desde el 9 de octubre contra Marta Lempart, cofundadora de Ognopolski Strajk Kobiet (Huelga de Mujeres de Toda Polonia) y objetivo de repetidas amenazas por liderar manifestaciones en favor del aborto legal y los derechos de las mujeres, han motivado que reciba protección policial en sus apariciones públicas.
“La sentencia del Tribunal Constitucional está causando daños incalculables a mujeres y niñas, sobre todo las que son pobres, viven en el medio rural o sufren marginación —afirma Urszula Grycuk, coordinadora de incidencia internacional de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar (Federa) en Polonia—. La dignidad, la libertad y la salud de las personas embarazadas corren peligro porque su propio gobierno les niega el acceso a servicios esenciales de salud reproductiva.”
Las organizaciones son: Abortion Support Network, Amnistía Internacional, Centro de Derechos Reproductivos, CIVICUS, Federa, FOKUS, Human Rights Watch, International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), International Planned Parenthood Federation-European Network, MSI Reproductive Choices, Le Planning Familial, Riksförbundet för sexuell upplysning/The Swedish Association for Sexual and Reproductive Rights y Strajk Kobiet/Women’s Strike.
Es de dominio general que el Tribunal Constitucional de Polonia, con su independencia y legitimidad profundamente erosionadas, está políticamente comprometido. El 22 de octubre de 2020 resolvió que el aborto en caso de “defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenace la vida del feto” era contrario a la Constitución. El gobierno llevó el caso a los tribunales cuando el Parlamento se negó a aprobar legislación con el mismo efecto. La sentencia entró en vigor el 27 de enero de 2021.
Con ella quedaba suprimido uno de los pocos supuestos legales para abortar con arreglo a la legislación polaca sobre el aborto, sumamente restrictiva. Más del 90% de los alrededor de 1.000 abortos legales practicados anualmente en Polonia con anterioridad a la sentencia se basaban en ese supuesto. La sentencia se dictó cuando las restricciones por la pandemia de COVID-19 hacían sumamente difícil y costoso viajar para recibir atención médica, y dio lugar a las manifestaciones más multitudinarias en el país en décadas, lideradas por defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
Activistas y grupos de defensa de los derechos de las mujeres denunciaron que la sentencia ejercía un importante efecto disuasorio en quienes pretendían someterse a un aborto y en la profesión médica, ya que temían las posibles consecuencias. Abortion Without Borders, que ofrece ayuda a las mujeres de países europeos donde el aborto es ilegal o el acceso al aborto está sumamente restringido, comunicó que, en los seis meses posteriores a la sentencia, la organización había sido contactada por 17.000 mujeres en Polonia que solicitaban ayuda para acceder a servicios de aborto, y que continúa recibiendo unas 800 llamadas al mes.
Federa, organización polaca dedicada a la salud y los derechos reproductivos, informó de que había realizado unas 8.100 consultas en los 11 meses siguientes a la sentencia, el triple que en el mismo periodo de años anteriores, que incluían llamadas a su línea de ayuda telefónica y más de 5.000 mensajes de correo electrónico en relación con el acceso al aborto y otros servicios de salud sexual y reproductiva.
Desde la llegada al poder del partido Ley y Justicia en 2015, el gobierno polaco ha tomado medidas en repetidas ocasiones para reprimir la salud y los derechos sexuales y reproductivos, como apoyar un anteproyecto de ley para la prohibición total del aborto en 2016, que el Parlamento rechazó tras protestas multitudinarias. Asimismo ha apoyado un proyecto de ley presentado por un grupo ultraconservador que esencialmente penalizaba la educación sexual integral. Este proyecto de ley está en comisión desde abril de 2020. Estos proyectos de ley son “iniciativas cívicas” que requieren la recogida de firmas de la ciudadanía para ser sometidos a consideración.
En septiembre de 2021, el mismo grupo ultraconservador presentó al Parlamento otro proyecto de ley basado en la iniciativa cívica “Alto al Aborto”, en el cual el aborto en cualquier etapa se consideraría homicidio y conllevaría responsabilidad penal para las mujeres que se sometan a un aborto y para toda persona que les preste este servicio, con penas de hasta 25 años de prisión. Este proyecto de ley está respaldado por el Instituto Ordo Iuris por la Cultura Jurídica, grupo ultraconservador, antiLGBTI y contrario al derecho a decidir.
Organizaciones de derechos de las mujeres y parlamentarios/as del partido opositor Lewica están recogiendo firmas para presentar un proyecto de ley basado en una iniciativa cívica, “Aborto legal sin compromiso”, que permitiría el aborto sin restricciones en cuanto al motivo hasta la duodécima semana de gestación, y el aborto después de las 12 semanas de gestación en los supuestos de riesgo para la salud física o mental de la persona embarazada, embarazo inviable o embarazo derivado de violación o incesto.
Los datos demuestran sistemáticamente que las leyes que limitan o penalizan el abortono lo eliminan, sino que abocan a las personas a buscar este servicio por medios que pueden hacer peligrar su salud física y mental y mermar su autonomía y dignidad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que, como parte de su obligación de proteger el derecho a la vida de las personas embarazadas, los Estados no deben aplicar sanciones penales a quienes decidan someterse a un aborto, ni a los proveedores de servicios médicos que les presten este servicio.
En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunció que examinará las denuncias de mujeres polacas que puedan haber sido víctimas de violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como consecuencia de la sentencia constitucional sobre el aborto. El gobierno de Polonia no ha cumplido eficazmente otras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el acceso al aborto legal, a pesar de los llamamientos reiterados para que lo hiciera y de una resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptada en marzo .
El gobierno del partido Ley y Justicia también ha actuado contra organizaciones y activistas de derechos de las mujeres. Según afirman activistas, la retórica del gobierno y las campañas en medios de comunicación que buscan su desprestigio y el de su trabajo favorecen la desinformación y el odio, que ponen en peligro su seguridad. Varias defensoras de los derechos de las mujeres fueron detenidas o se enfrentan a cargos que definen como de motivación política por acciones realizadas durante las protestas que sucedieron a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto. En febrero y marzo hubo múltiples amenazas de bomba y de muerte contra activistas por apoyar los derechos reproductivos; sin embargo, contaban que en muchos casos la policía despreció los riesgos para la seguridad y no abrió investigaciones o no las acometió eficazmente. No se ha hecho rendir cuentas a nadie por estas amenazas. La policía puso en marcha una investigación y detuvo a un hombre en relación con las amenazas de muerte por Internet a Lempart con antelación a su aparición prevista en una protesta el 11 de octubre, y actualmente le da protección en actos públicos.
El gobierno ha socavado los intentos de combatir la violencia de género, entre otras cosas iniciando la retirada de Polonia del histórico Convenio del Consejo de Europa sobre Violencia contra las Mujeres, o Convenio de Estambul. El gobierno remitió el texto del Convenio al políticamente comprometido Tribunal Constitucional para que lo examinara en cuanto a su definición de “género”. Se han utilizado campañas contra la igualdad de género para atacar los derechos de las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y de quienes les apoyan.
“Las restricciones extremas del aborto forman parte de un asalto general del gobierno polaco a los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y las personas LGBTI y el Estado de derecho —afirma Marta Lempart, cofundadora de Strajk Kobiet—. Debería alarmar a toda la población europea que esto esté pasando en el patio trasero de su propia casa cuando, de hecho, hay gobiernos europeos que afirman ser líderes en derechos de las mujeres y valores democráticos.”
El aniversario de la sentencia constitucional sobre el aborto llega en medio de la tensión creciente entre el gobierno de Polonia y la Unión Europea a raíz de una sentencia dictada el 7 de octubre por el Tribunal Constitucional de Polonia que rechazaba el carácter vinculante de la legislación de la UE. Venía precedida de una serie de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecían que el debilitamiento de la independencia judicial por el gobierno polaco infringe el derecho de la UE. La Comisión Europea manifestó que “no dudará en hacer uso de sus competencias” en virtud de los Tratados de la UE para garantizar la aplicación del derecho de la UE y proteger los derechos de la población.
El gobierno de Polonia debe revertir las restricciones de los derechos reproductivos y garantizar que se respetan y hacen respetar estos derechos con arreglo al derecho internacional, incluido el derecho de acceso a un aborto seguro. Deben cesar sus ataques contra los derechos de las mujeres y contra quienes defienden los derechos humanos de las mujeres, así como sus iniciativas para socavar el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deben abordar con urgencia las infracciones del derecho de la UE y sus negativas consecuencias para los derechos humanos —incluidos los derechos reproductivos— de las mujeres en Polonia. La Comisión Europea debería activar formalmente un procedimiento de infracción contra las autoridades polacas por la utilización de un Tribunal Constitucional políticamente comprometido para socavar los derechos de la población nacional y el sistema democrático de controles y contrapesos, en grave incumplimiento de los Tratados de la UE.
La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deben tomar medidas para proteger y apoyar a las personas y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Polonia. Los Estados miembros deben apoyar activamente a la población polaca que intenta acceder a servicios de aborto.
La Comisión Europea debe aplicar urgentemente el mecanismo que condiciona el acceso a fondos de la UE al respeto de los valores de la UE, y perseverar en su compromiso de vincular los fondos del Plan de Recuperación de la UE a las garantías del Estado de derecho. Los Estados miembros de la UE deben mejorar y ampliar el escrutinio en virtud del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea aprobando recomendaciones específicas o votando para determinar si existe un peligro claro de infracción grave de los valores de la UE en Polonia, como ha pedido también el Parlamento Europeo.
“A pesar del miedo y las repercusiones, hay personas en Polonia que luchan cada día para proteger derechos que todas las personas de la UE deben poder ejercer libremente, incluido el acceso a un aborto seguro —afirma Hillary Margolis, directora de investigación sobre derechos de las mujeres de Human Rights Watch—. Los derechos de las mujeres están al borde de un precipicio en Polonia y, si la Comisión Europea y el Consejo Europeo no actúan para defender los valores democráticos, cada vez habrá más mujeres y niñas que sufran las consecuencias.”
Si desean consultar más informes de Human Rights Watch sobre Polonia, visiten
