Ante la noticia de que el secretario de Estado Rex Tillerson será sustituido por el actual director de la CIA, Mike Pompeo —que será sustituido a su vez por la actual subdirectora de este organismo, Gina Haspel, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
“Tanto Pompeo como Haspel tienen un historial sumamente alarmante en lo que se refiere a los derechos humanos. Antes de que asuman unos cargos que podrían tener repercusiones para estos derechos en todo el mundo, deberían ser sometidos a un escrutinio máximo por el Senado en el proceso de confirmación.
“Pompeo ha manifestado su apoyo a tácticas de interrogatorio como el waterboarding (simulacro de ahogamiento) y, según informes, Haspel dirigió un ‘lugar negro’ de la CIA en un periodo en el que las personas detenidas eran sometidas a tortura y desaparición forzada. Además, podría haber intervenido en la destrucción de las pruebas de estos delitos de derecho internacional.
“Si quieren ser considerados seriamente como candidatos, ambos tendrían que retractarse de todas las declaraciones y actuaciones previas en las que han defendido esta conducta ilegítima. La tortura, la entrega extraordinaria y la detención indefinida son inaceptables y no podemos permitir que se consientan abusos contra los derechos humanos so pretexto de la seguridad nacional.
“El Departamento de Estado tiene la responsabilidad de ayudar a proteger a personas de todo el mundo que huyen de situaciones terribles de violencia y de la persecución, así como de pedir cuentas a otros gobiernos en materia de protección de los derechos humanos. Hay demasiado en juego como para confiar estas funciones a personas que tratan los derechos humanos de una forma tan cruel como han hecho Pompeo y Haspel”.
En diciembre de 2016, Amnistía Internacional Estados Unidos y una coalición de otras organizaciones emitieron una declaración de principios conjunta sobre la idoneidad de las personas candidatas a cargos confirmados por el Senado, señalando que estas personas deben apoyar la Constitución de Estados Unidos, encarnar los ideales de inclusión y respeto a todas las personas, respetar los procesos e instituciones democráticas, y cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos.
Ese mismo año, la junta directiva de Amnistía Internacional Estados Unidos instó al Senado a que pidiera al entonces representante Pompeo el compromiso expreso de cumplir las leyes estadounidenses y el derecho internacional sobre la tortura.