Durante años, Arabia Saudí ha burlado el derecho internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito.
Sin embargo, el hecho de que Arabia Saudí siga dictando condenas de muerte muestra en sí la realidad de los defectos fundamentales del enfoque del reino respecto al orden público.
La pena de muerte puede imponerse por una amplia diversidad de delitos, entre ellos el asesinato, los delitos de drogas, la apostasía, la hechicería y la brujería, y a menudo después de juicios flagrantemente injustos o plagados de defectos. El método habitual de ejecución es la decapitación. En algunos casos en el pasado, incluso se han “crucificado” los cadáveres.
¿A cuántas personas ejecutó Arabia Saudí el año pasado?
Tal como reveló el informe anual sobre la pena de muerte publicado por Amnistía Internacional la semana pasada, Arabia Saudí tiene uno de los índices de ejecución más altos de mundo. Las autoridades saudíes ejecutaron el año pasado a 184 personas, el número más elevado registrado por Amnistía Internacional según las cifras del Ministerio del Interior desde el año 2000. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos relacionados con las drogas y por asesinatos.
En una ejecución colectiva realizada en abril del año pasado se dio muerte a 37 personas en un solo día. En total, 32 pertenecían a la minoría chií de Arabia Saudí, y muchas habían sido declaradas culpables de cargos relacionados con el “terrorismo” tras juicios basados en confesiones obtenidas mediante tortura.
Uno de los ejecutados fue Hussein al Mossalem. Mientras estuvo recluido en régimen de aislamiento sufrió múltiples lesiones, entre ellas fracturas de nariz, clavícula y una pierna, y fue sometido a palizas, descargas eléctricas y otras formas de tortura. Debe ponerse fin a este brutal enfoque de esta distorsionada forma de “justicia”.
¿Disuade la pena de muerte frente a la delincuencia?
La verdad es que condenar a gente a muerte es una violación del derecho a la vida. También existe el riesgo de ejecutar a personas inocentes. En Arabia Saudí, los procedimientos judiciales no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Raras veces se permite a los acusados contar formalmente con un abogado, y en muchos casos no se les informa de la marcha de los procedimientos judiciales contra ellos.
Uno de los defectos más llamativos de los juicios de pena capital documentados por Amnistía Internacional es la constante admisión de “confesiones” obtenidas mediante tortura. Al menos 20 hombres chiíes juzgados por el Tribunal Penal Especializado en los últimos años han sido condenados a muerte sobre la base de estas “confesiones”, y 17 ya han sido ejecutados.
No existen pruebas creíbles de que la pena de muerte tenga mayor efecto disuasorio frente a la delincuencia que las condenas de prisión. De hecho, en los países en los que se ha abolido la pena de muerte los indices de delincuencia a menudo han disminuido. El hecho es que condenar a gente a muerte no contribuye a una sociedad más segura.
La cuestión es bien sencilla, la pena de muerte constituye una violación del más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida. Es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Arabia Saudí afirma tomarse en serio las reformas de derechos humanos que el príncipe heredero Mohammed bin Salman quiere abanderar como parte de su Visión 2030. Si eso es cierto, entonces es hora de que se proceda a la abolición total de la pena de muerte.
