Por desgracia, una característica común de estas protestas es la enorme dureza de la respuesta del Estado, que en muchos casos equivale a violaciones graves de los derechos humanos.
Amnistía Internacional documentó en octubre, hasta la fecha, indicios de abusos y violaciones de derechos en protestas en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Guinea, Hong Kong, y Reino Unido, Ecuador, Camerún y Egipto.
En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países, las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. En Egipto, más de 2.300 personas fueron detenidas por participar en manifestaciones este mes de septiembre. Si son enviadas a juicio, sería el caso penal relacionado con protestas más grande de la historia de Egipto.
En Amnistía Internacional siempre hemos dejado claro que protestar no es un delito, sino un derecho humano. La forma en que los gobiernos en general dicidieron responder a estas protestas es enormemente desproporcionada, injustificada y, por tanto, ilegítima.
Quienes protestan están ejerciendo sus derechos humanos y debe permitirse que lo hagan. Pero lo que es igual de importante es que las razones por las que las personas están tomando las calles están muchas veces ligadas a cuestiones de derechos humanos.
Presentamos a continuación algunos de los factores comunes que inducen a las personas a protestar.
Corrupción
Las acusaciones de corrupción en el gobierno contribuó a desencadenar oleadas masivas de protestas en Chile, Egipto y Líbano.
A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto. Muchas se reunieron en la plaza Tahrir de El Cairo, famosa por las protestas de 2011 que derrocaron al anterior jefe del Estado, Hosni Mubarak. Las protestas fueron desencadenadas por una serie de vídeos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción imperante en las fuerzas armadas egipcias.
Y, en Líbano, uno de los abrumadores factores que impulsan los llamamientos a la dimisión del gobierno —y, más en general, al cambio del poder político— es la corrupción percibida en éste y la ausencia de derechos sociales y económicos fundamentales. Es significativo que la ciudadanía pida que todos los ministros y altos cargos públicos rindan cuentas de lo que consideran fondos públicos robados.
El abuso de los fondos públicos a través de la corrupción no es sólo un motivo de preocupación penal, sino también un problema de derechos humanos, pues a menudo hace que se desvíen fondos destinados a servicios esenciales. En virtud del derecho de los derechos humanos, los gobiernos deben hacer un uso óptimo de los recursos para garantizar que la ciudadanía vive con dignidad.
Coste de la vida
Allí donde la corrupción es un problema, también lo es el coste de la vida. En Chile, fue el estudiantado el que inició las manifestaciones después de que el gobierno anunciara la subida de los precios del transporte en Santiago de Chile, la capital.
Desde entonces, las protestas se multiplicaron hasta abarcar el enorme número de medidas gubernamentales que han afectado a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas corrientes de todo Chile. La preocupación de la ciudadanía por la desigualdad queda de manifiesto en el hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos del mundo.
La legítima preocupación de la ciudadanía por el aumento del coste de la vida se agravó debido a que muchos gobiernos, como los de Egipto y Ecuador, imponen también duras medidas de austeridad económica.
En Ecuador la decisión del gobierno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se han visto obligadas ya a cancelar.
Sin embargo, el impacto de estas medidas en la ciudadanía sólo puede empeorar. Un informe pronostica que, en 2021, dos tercios de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad, es decir, casi 6.000 millones de personas. Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas, que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo.
Justicia climática
Las candentes injusticias del cambio climático y la degradación medioambiental se convirtieron cada vez más en el foco de las protestas del año pasado. Desde los y las activistas indígenas que lideran la respuesta a la degradación medioambiental, hasta el surgimiento de los grupos que propugnan la desobediencia civil que han acaparado los titulares de prensa en Reino Unido, pasando por las protestas multitudinarias por la gestión gubernamental de los incendios forestales en Bolivia, cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por la forma en que abordan esta crisis las autoridades.
Pero uno de los momentos destacados llegó en septiembre, cuando más de 7,6 millones de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al Parlamento de su país hace apenas un año.
Amnistía Internacional concedió este año al movimiento Viernes por el Futuro su más alta distinción, el premio Embajador/a de Conciencia. Al aceptar el galardón, Greta Thunberg declaró: “Este premio es para todos esos millones de personas, de jóvenes en todo el mundo que, juntos, forman el movimiento Viernes por el Futuro; todos estos jóvenes valientes que luchan por su futuro. Un futuro que deberían poder dar por hecho, Pero, según parece actualmente, no pueden”.
Libertad política
Este mes hubieron movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes.
Y, en India, hubieron protestas después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar el artículo 370 de la Constitución india, que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira, y dividir el estado en dos territorios distintos de la unión. Todas estas modificaciones y cambios se hicieron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda y restricciones a la circulación, y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región.
Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas de este año. Las protestas empezaron en abril de 2019, después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental.
La ciudadanía tomó las calles en un número sin precedentes. Aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el proyecto de ley, las protestas se han convertido en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluye la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permitan que sea la propia ciudadanía la que elija a los y las dirigentes de Hong Kong.
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