¿Qué es un crimen de lesa humanidad?

El término “crímenes de lesa humanidad” hace referencia a los crímenes cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Sacuden la conciencia de la propia humanidad. El primer proceso en el que se utilizó el término fueron los juicios de Núremberg contra dirigentes nazis el siglo pasado, en respuesta a los horrores del Holocausto.

Son, entre otros, los siguientes:

• asesinato,


• tortura,


• esclavitud,


• violación y otras formas de violencia sexual,


• persecución,


• desaparición forzada,


• apartheid.

A diferencia de los crímenes de guerra, pueden producirse tanto en tiempos de paz como de guerra.Algunos ejemplos recientes son:

• Afganistán: En 2023, Amnistía informó sobre las severas restricciones y la represión ilegítima de los derechos de las mujeres y las niñas por parte de los talibanes. La organización pidió que estas medidas draconianas, junto con el encarcelamiento, la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos, se investigaran como crímenes de lesa humanidad de persecución de género.

• Etiopía: En 2023, soldados de Eritrea cometieron crímenes de derecho internacional en la región de Tigré (Etiopía). Los crímenes incluyeron la violación y esclavitud sexual de mujeres y la ejecución extrajudicial de civiles, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

• Irán: En 1988, las autoridades iraníes sometieron a desaparición forzada y ejecución extrajudicial a miles de disidentes políticos encarcelados en secreto y luego se deshicieron de sus cuerpos mayoritariamente en fosas comunes sin señalizar. Ninguna autoridad ha comparecido ante la justicia. Desde entonces, las desapariciones forzadas y la tortura y los malos tratos a familiares de las víctimas denotan que los crímenes de lesa humanidad continúan.

Éstos son sólo algunos ejemplos de crímenes de lesa humanidad, si bien otros muchos son igualmente graves. Tan sólo en el último decenio, Amnistía Internacional ha hallado casos de atrocidades de este tipo en al menos 18 países del mundo. Ninguna región del mundo está libre de crímenes de lesa humanidad.

¿Qué mecanismos jurídicos existen actualmente para combatir los crímenes de lesa humanidad?

En la actualidad, hay varios mecanismos jurídicos diseñados específicamente para abordar estos crímenes, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y, más recientemente, la Convención de Liubliana-La Haya.

El Estatuto de Roma tiene por objeto enjuiciar a las personas por su responsabilidad penal personal. Se adoptó como medio para establecer la Corte Penal Internacional de La Haya. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la Corte sólo tiene jurisdicción cuando un Estado es miembro. Aun así, la Corte únicamente puede actuar si ese Estado no puede o no quiere investigar y enjuiciar los casos por sí mismo.

Algunos países que no son parte en el Estatuto de Roma, como Filipinas e Indonesia, también han tipificado los crímenes de lesa humanidad.

Los tribunales nacionales pueden y, en algunas circunstancias, deben procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con independencia del lugar en que éstos se hayan cometido. La razón es que tales crímenes conciernen a la comunidad internacional en su conjunto y todos los Estados deben actuar para proteger a la población al respecto.

¿Por qué necesitamos una nueva convención, si ya hay otros mecanismos?

Los ejemplos anteriores son instrumentos jurídicos importantes, que coinciden en algunos puntos. Sin embargo, existen diferencias fundamentales en sus respectivos ámbitos de aplicación y funciones. A diferencia de lo que sucede con otros crímenes de derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad carecen de una convención específica e independiente.

El nuevo proyecto de convención pretende saldar esta brecha de impunidad y armonizar puntos de vista. Ofrece la oportunidad de remediar algunos de los compromisos que se alcanzaron en Roma hace más de 25 años. También contribuiría a incorporar los avances del derecho internacional producidos desde entonces, algo especialmente importante en lo que respecta a la igualdad de género y a la protección contra los delitos de género.

Las nuevas iniciativas que aspiran a reforzar el sistema de justicia internacional no compiten con los mecanismos existentes, sino que los complementan. Servirán para promover y lograr que se imparta justicia, verdad y reparación a víctimas y supervivientes de crímenes recogidos en el derecho internacional.

¿En qué ayudaría una nueva Convención sobre los crímenes de lesa humanidad?

Una nueva convención obligaría a los Estados a garantizar que se investigan y enjuician estos delitos, incluso si ello implica investigar acciones propias. Además, no sólo los instaría a castigar los crímenes de lesa humanidad, sino también a prevenirlos (como se exige ya en la Convención sobre el Genocidio). Por otra parte, fomentaría la cooperación con otros Estados, por ejemplo a través de la asistencia jurídica mutua.

La convención ofrecería nuevas vías a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y proporcionaría un marco integral que permitiría a todos los países incorporar estos crímenes a sus sistemas jurídicos nacionales. Este paso por sí solo reduciría enormemente las posibilidades de eludir la justicia para los responsables de crímenes.

Víctimas y supervivientes serían quienes se beneficiarían en última instancia. Es preciso que la humanidad pueda exigir justicia y rendición de cuentas cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, y una nueva convención podría contribuir a ello.

Caso práctico: Venezuela

Desde 2017, la población venezolana se enfrenta a ejecuciones extrajudiciales masivas y detenciones arbitrarias, así como al uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas. Existe una política sistemática de represión contra la oposición política y las personas consideradas opositoras. Estos abusos pueden constituir crímenes de lesa humanidad y es imprescindible llevar a sus autores ante la justicia internacional.

Muchas organizaciones, entre ellas Amnistía, han pedido a la ONU que actúe y renueve el mandato de su Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela. En 2021, la CPI reconoció finalmente la necesidad de investigar los posibles crímenes documentados en Venezuela.

No obstante, otros Estados también pueden contribuir. Un tribunal de Argentina estudia actualmente un caso presentado por víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Amnistía defiende que los tribunales argentinos son plenamente competentes para investigar, procesar y castigar penalmente a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de Argentina. Cuando las autoridades de un Estado en el que se producen tales crímenes no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos fidedignos, otro Estado puede facilitar la búsqueda de la justicia.

La convención no sustituiría las acciones de la ONU ni de la CPI, sino que funcionaría en paralelo. Los crímenes de lesa humanidad conciernen a todas las personas. Es necesario aunar esfuerzos para combatirlos con eficacia. Una nueva convención proporcionaría a los Estados un marco global común para abordar los crímenes de lesa humanidad, con el que llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos, fomentar la cooperación mutua y mantener procedimientos de juicios justos. También preservaría los derechos de víctimas y testigos.

¿Qué está haciendo Amnistía?

El proyecto de convención lleva gestándose más de diez años. En octubre y noviembre de 2024, la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a debatir este tema. Se trata de una ocasión sin igual para que los Estados exijan a la ONU que abra un proceso formal para adoptar esta convención.

Amnistía pide a todos los Estados miembros de la ONU que apoyen la adopción de una resolución que inicie las negociaciones para aprobar una Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad. Instamos a los gobiernos a que respalden el proyecto de resolución distribuido antes del periodo de sesiones de octubre.

En los dos últimos años, una mayoría global de Estados ha expresado su apoyo general al proyecto. Si la ONU no eleva ahora el proyecto de texto a negociaciones formales, cabe la posibilidad de que quede aparcado durante muchos años. Por tanto, la necesidad de un tratado internacional especializado que ofrezca nuevas posibilidades tanto para prevenir los crímenes de lesa humanidad como para garantizar justicia, verdad y reparación es más urgente que nunca.