Hace unos días, la calle del Old Bailey —el edificio del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales en Londres, donde se está celebrando la vista sobre la extradición de Julian Assange— se transformó en un carnaval.

Dentro del edificio, la sala del tribunal se había convertido en un circo: múltiples dificultades técnicas, paralización temporal de los procedimientos por un posible caso de COVID-19 y numerosas irregularidades de procedimiento, como la decisión de la jueza presidenta de retirar al observador jurídico de Amnistía Internacional el permiso de entrada en la sala del tribunal.

Llegar al tribunal cada mañana era apabullante para los sentidos, entre el ruido de los grupos de samba, los equipos de sonido y la multitud que coreaba consignas, y las pancartas, globos y vallas publicitarias que aparecían a cada paso.

El primer día de la vista, lunes 7 de septiembre, más de 200 personas se congregaron a la entrada de la sede del tribunal. Gente disfrazada se mezclaba con equipos de grabación y con un montón de fotógrafos ansiosos que desaparecían a cada momento para perseguir a las furgonetas de seguridad de color blanco que se acercaban al edificio para pegar sus largos objetivos a los cristales tintados.

Una de las furgonetas venía de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde reside Julian Assange desde hace 16 meses.

El fundador de Wikileaks estaba en la sede del tribunal para la reanudación de las actuaciones en las que se resolverá en última instancia la petición de extradición a Estados Unidos formulada por el gobierno de Trump. Los fiscales estadounidenses afirman que conspiró con denunciantes de irregularidades (como la analista de inteligencia militar Chelsea Manning) para obtener información clasificada. Quieren que sea juzgado por cargos de espionaje en Estados Unidos, donde se enfrentaría a una pena de hasta 175 años de prisión.

El equipo defensor de Assange comenzó solicitando que las presuntas pruebas en que se basa la nueva acusación formal dictada en junio no se tomen en consideración, al haberse presentado tan tarde. La jueza denegó la solicitud. En la sesión de tarde, el equipo solicitó un aplazamiento hasta el año que viene para poder responder a la nueva acusación formal de la fiscalía estadounidense ya que, según dijo, no había dispuesto del tiempo necesario para examinar las nuevas acusaciones, sobre todo debido a su acceso “limitado” a Assange en prisión. De hecho, esta última vista ha sido la primera ocasión que ha tenido Julian Assange de reunirse con sus representantes letrados desde hace más de seis meses. La jueza también denegó esta solicitud.

Ante esta decisión, Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de Wikileaks, me dijo que “la decisión es un insulto a los tribunales británicos, a Julian Assange y a la justicia; al denegar la solicitud de aplazamiento, el tribunal está privando a Assange de sus derechos.”

Amnistía Internacional había solicitado acceso al tribunal para que un observador jurídico asistiera a las vistas, pero el tribunal nos denegó un asiento reservado en la sala. Inicialmente, nuestro observador sí había obtenido permiso para acceder a la tecnología que permite observar la vista a distancia, pero la misma mañana en que comenzó la vista recibió un correo electrónico en el cual se le comunicaba que la jueza había revocado el acceso remoto de Amnistía Internacional.

Volvimos a solicitar acceso a los procedimientos el martes 8 de septiembre, señalando la importancia de observar juicios y la amplia experiencia de Amnistía Internacional en observación de juicios incluso en algunos de los países más represores.

En su respuesta, la jueza decía “lamentar” su decisión y afirmaba: “Reconozco plenamente que la justicia debe impartirse en público”. A pesar de lamentar la situación y reconocer que el escrutinio es un componente imprescindible de la transparencia judicial, la jueza no cambió de opinión.

Si Amnistía Internacional y otros observadores querían asistir a la vista, tendrían que hacer cola para conseguir uno de los cuatro asientos disponibles en la tribuna pública. Presentamos una tercera solicitud para tener acceso directo a la sala de escucha del tribunal, donde representantes de algunos medios de comunicación ven la retransmisión en directo, pero también nos la denegaron.

La decisión de la jueza de no adoptar ninguna “medida especial” respecto a los observadores jurídicos especializados es muy preocupante. Con su negativa, el tribunal no reconoce un componente clave de la transparencia judicial: la asistencia de observadores jurídicos internacionales a una vista para determinar si se ajusta al derecho nacional e internacional. Sus funciones son evaluar la imparcialidad de un juicio a través de la documentación imparcial de lo que acontece en la sala y promover las normas sobre juicios justos advirtiendo a todas las partes de que están sujetas a escrutinio.

Amnistía ha observado juicios desde Guantánamo hasta Bahréin, desde Ecuador hasta Turquía. Denegar el acceso a nuestro observador socava gravemente la transparencia judicial.

En la sala de escucha del tribunal hay problemas técnicos persistentes que afectan a la calidad de la imagen y el sonido. Más de una semana después del comienzo de los procedimientos, estos problemas básicos siguen sin resolverse, y amplios fragmentos de las declaraciones de los testigos son inaudibles. Las dificultades técnicas no se limitan a la sala de escucha; la semana pasada, varios testigos que debían intervenir por videoconferencia no pudieron establecer una conexión fiable. Estos problemas técnicos han restado capacidad de seguir los procedimientos a las personas que están en la sala.

Aun así, esperamos dar con una solución para que nuestro especialista jurídico pueda observar la vista, porque la resolución de esta causa es sumamente importante. Afecta directamente a los principios fundamentales de la libertad de prensa que sustentan el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información.

La implacable persecución del gobierno estadounidense contra Julian Assange por la publicación de documentos no es sino un ataque en toda regla al derecho a la libertad de expresión. El posible efecto amedrentador sobre periodistas y otras personas que destapan actuaciones oficiales indebidas publicando información procedente de fuentes creíbles podría tener profundas repercusiones sobre el derecho de la ciudadanía a saber qué hace su gobierno.

Si Julian Assange es silenciado, también se estará amordazando a otras personas, ya sea directamente o a través del miedo a sufrir persecución y enjuiciamiento. Sin duda, esto atenazará a una comunidad mediática global que ya está siendo objeto de ataques en Estados Unidos y en otros muchos países.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no sólo está acusando a un editor que no tiene la obligación de revelar sus fuentes, sino también a una persona que no tiene la nacionalidad estadounidense ni está en Estados Unidos. El gobierno estadounidense se comporta como si tuviera jurisdicción en todo el mundo para perseguir a cualquiera que reciba y publique información sobre actos gubernamentales ilegales.

Si Reino Unido decide extraditarlo, Assange será juzgado en Estados Unidos por cargos de espionaje por los que podría tener que cumplir prisión de por vida, posiblemente en un centro reservado para reclusos de máxima seguridad y sometido a los regímenes más estrictos, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Y todo por algo que todos los editores de noticias del mundo hacen: publicar información de interés público facilitada por sus fuentes.

Fuera de la sala me encontré con Eric Levy, de 92 años. Tiene un interés personal en el caso de Assange. Eric estaba en Bagdad cuando Estados Unidos llevó a cabo su bombardeo “de dominio rápido” en 2003. Formaba parte del Movimiento Escudo Humano que había viajado hasta Irak con el objetivo de parar la guerra o, al menos, proteger a la población iraquí.

“Hoy estoy aquí por la misma razón que estuve entonces en Irak. Porque creo en la justicia y creo en la paz —me dice—. A Julian Assange no lo persiguen realmente por espionaje, sino por hacer que se vea a Estados Unidos como criminal de guerra.”

Ciertamente, resulta irónico que no se haya procesado y menos aún sancionado a un solo responsable de presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán, mientras que la única persona sentada en el banquillo y expuesta a pasar el resto de su vida en la cárcel es el editor que puso al descubierto dichos crímenes.