Aunque el activismo global sobre la crisis climática ha cobrado impulso, un hecho relativamente ignorado todavía es que las personas que luchan por estas causas en primera línea —los defensores y defensoras de los derechos ambientales, o ambientalistas— corren grandes peligros para proteger sus hogares y sus comunidades.
¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos ambientales?
Los defensores y defensoras de los derechos ambientales son personas que alzan la voz para proteger los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio. Suelen ser dirigentes o salvaguardas de comunidades, cuyos derechos y bienestar intentan defender, especialmente protegiendo los hogares, el aire, el agua, la tierra, el territorio y los bosques de la destrucción o la contaminación. En muchos casos pertenecen a pueblos indígenas. Aunque suele ser en contextos locales donde se cuentan sus casos y se habla de cómo luchan para proteger a sus familias y a sus seres queridos, su trabajo nos incumbe a todas las personas, porque reviste una importancia global enorme. Consideremos, por ejemplo, el caso de la selva amazónica, los pulmones de la Tierra, que los pueblos indígenas llevan siglos protegiendo, combatiendo en primera línea para evitar la deforestación.
Sin embargo, ser defensor o defensora de los derechos ambientales tiene consecuencias mortales, hasta el punto de figurar entra las formas más letales activismo. Según la ONG Global Witness, en 2017, último año del que se tienen datos, casi cuatro ambientalistas fueron víctimas de homicidio a la semana por proteger sus tierras, la vida silvestre y los recursos naturales. En 2017 mataron a 207 ambientalistas. La gran mayoría eran de Sudamérica, que se convirtió así en la región más peligrosa del mundo.
Global Witness explica que el hecho de que los gobiernos y las empresas no actúen de manera responsable, ética, e incluso legal fue uno de los principales factores causantes de la sucesión de homicidios de ambientalistas.
Estas personas corren peligro porque hay poderosas fuerzas que piensan que pueden atacar, matar y criminalizar impunemente a activistas locales sin que al resto de mundo le importe en absoluto. Por eso es más urgente que nunca que mostremos solidaridad mundial y salgamos en defensa de los defensores y defensoras ambientales que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta.
Hoy ponemos de relieve los casos de siete increíbles ambientalistas de América que nos recuerdan por qué debemos salir en defensa de quienes defienden a la Tierra.
BERTA CÁCERES, COPINH (HONDURAS)
Berta Cáceres cofundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para hacer frente a las crecientes amenazas contra los derechos territoriales de las comunidades lencas y mejorar sus medios de sustento.
El 2 de marzo de 2016, unos hombres armados entraron en su casa, en Honduras, y la mataron a tiros. Berta y el COPINH estaban haciendo campaña en contra de un proyecto hidroeléctrico por el impacto que iba a tener en el territorio del pueblo lenca. Esta lucha le causó la muerte y sigue poniendo en grave peligro la existencia de toda organización que cuestione la ejecución de proyectos económicos en el territorio lenca.
Aunque se ha declarado culpables del asesinato de Berta a varias personas, el sistema de justicia hondureño tiene que encontrar todavía a todas las responsables, no sólo a las implicadas directamente en él, para garantizar que no queda impune.
JULIÁN CARRILLO Y LA COMUNIDAD DE COLORADAS DE LA VIRGEN (MÉXICO)
“En Coloradas de la Virgen hemos vivido, hemos nacido, entonces nuestros hijos vienen siendo como un brote, como un árbol. Y a veces los árboles se hacen viejos, se secan, pero el brote sigue, después todavía crece. Ahorita yo ya estoy un poco viejo, pero me siguen mis brotecitos.”
Julián Carrillo era un líder de la comunidad de Coloradas de la Virgen. Su trabajo era cuidar el territorio, el agua, el bosque y la vida silvestre. Denunció públicamente la tala y la minería por parte de los terratenientes en sus tierras ancestrales, así como la violencia de grupos armados criminales contra su comunidad.
Coloradas de la Virgen es una comunidad indígena de casi 50 hectáreas, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, una de las regiones más pobres y excluidas de México. Más de 850 personas del pueblo indígena rarámuri viven allí y consideran esta tierra como parte de su territorio ancestral. Históricamente han sido discriminados.
El 24 de octubre de 2018, Julián Carrillo fue asesinado por hombres armados no identificados. El asesinato de Julián fue una tragedia previsible. Denunció ataques y amenazas de muerte durante años. Su casa fue incendiada y recibió amenazas de grupos armados no identificados desde 2015. Otras cinco personas de su familia, incluido su hijo, también fueron asesinadas.
PARAGUAY: AMADA MARTÍNEZ, DEFENSORA INDÍGENA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TERRITORIO
Amada es una ambientalista avá guaraní de la comunidad de Tekoha Sauce.
En la década de 1970, la construcción de la planta hidroeléctrica Itaipú Binacional en la frontera entre Paraguay y Brasil obligó a su comunidad a desplazarse de su territorio ancestral y puso en peligro su supervivencia. Desde entonces, Amada defiende el derecho de su comunidad a un territorio donde pueda prosperar en armonía con la naturaleza y denuncia los graves efectos de los proyectos hidroeléctricos en la naturaleza y en la vida de los pueblos indígenas.
El 8 de agosto de 2018, un grupo de hombres armados la amenazaron de muerte. Salía de su comunidad en un taxi, junto con su hijo de siete años, su hija y dos jóvenes sobrinos, cuando una camioneta con el logotipo de la planta hidroeléctrica les cortó el paso. Amada Martínez cree que la amenaza de muerte se debió a su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
PATRICIA GUALINGA, DEFENSORA INDÍGENA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO
“Estamos unidas y vamos a continuar en nuestra lucha por la defensa de la Madre Tierra”
Patricia es una lideresa indígena del pueblo kichwa de la comunidad Sarayaku. Defiende el derecho de su pueblo a su territorio y a vivir en un medio ambiente sano frente a las actividades petroleras dañinas que se desarrollan allí. También protege el medio ambiente amazónico y promueve el desarrollo sostenible.
En 2012, la comunidad indígena Sarayaku logró una victoria histórica para los pueblos indígenas frente al gobierno ecuatoriano tras denunciar una concesión petrolera que había colocado explosivos en su territorio sin consultar con ella.
El 5 de enero de 2018 de madrugada, un desconocido amenazó de muerte y agredió a Patricia en su casa, en Puyo, localidad del este de Ecuador. Antes de huir, la insultó y le dijo que la próxima vez la matarían.
Después del ataque, Patricia y su familia tuvieron que abandonar su casa porque la dueña de la propiedad vivía “aterrada de que le sucediera algo”.
NEMA GREFA, DEFENSORA INDÍGENA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TERRITORIO
“Ellos me amenazan con muerte pero no voy a asustarme con esas palabras. Como mujer sápara, voy a luchar por mi territorio”.
Nema defiende el medio ambiente amazónico y el derecho de su pueblo a proteger su territorio frente a los posibles efectos negativos de las actividades petroleras.
Tras ser reconocida legalmente presidenta de la nacionalidad sápara de Ecuador en enero de 2018, un grupo de personas favorables, según ella, a las actividades petroleras en el territorio sápara impugnaron su nombramiento. Debido a ello, en abril de 2018 fue anulado.
Ese mismo mes se publicó en las redes sociales un vídeo en el que un hombre armado con una lanza –identificado por Nema como miembro del grupo que había impugnado su nombramiento– la amenazaba de muerte, diciendo: “Nosotros estamos unidos aquí presentes, rechazando [la] y así vamos a matar a la compañera Nema Grefa, que no tiene territorio.”
Un año después, la fiscalía no ha abierto aún una investigación sobre la amenaza.
El 19 de octubre de 2018, Nema fue reconocida finalmente como presidenta, pero su vida corre todavía mucho peligro. En abril de este año, a pesar de las promesas de las autoridades ecuatorianas de proteger tanto a ella como a su familia, unos desconocidos allanaron su vivienda para robar dos ordenadores con información sensible sobre su trabajo de derechos humanos.
SALOMÉ ARANDA, DEFENSORA INDÍGENA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
“Este ataque es represalia por mi lucha para defender la vida y nuestros territorios contra la amenaza de la explotación petrolera.”
Salomé es una lideresa indígena del pueblo kichwa que defiende el medio ambiente amazónico y los derechos de las mujeres de su comunidad a vivir en un medio ambiente sano y a no sufrir de violencia sexual. Es dirigente de la Mujer y la Familia de la comuna de Moretecocha, en la provincia de Pastaza.
Ha denunciado públicamente el posible impacto ambiental de las operaciones petroleras en la cuenca del río Villano, provincia de Pastaza, así como los abusos sexuales cometidos contra mujeres indígenas en ese contexto.
El 13 de mayo de 2018 de madrugada, unos desconocidos agredieron y amenazaron a su familia y a ella en su casa. Aunque se presentó formalmente una denuncia, la fiscalía provincial de Pastaza no ha hecho aún ningún avance significativo en la investigación de lo ocurrido. Las autoridades no han ofrecido siquiera medidas de protección a Salomé frente al peligro que corren ella y su familia.
MARGOTH ESCOBAR, DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
“Para seguir defendiendo, no importa el espacio en que estemos en el mundo. El aporte que hacemos a la naturaleza es lo más valioso que estamos dejando para las futuras generaciones. Buscamos un bien común para todos, porque ese es el mejor legado que podemos dejar a la humanidad.”
Margoth ha dedicado su vida a defender el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
En agosto de 2015 fue agredida físicamente por agentes de policía en una protesta y huelga nacional convocadas por los movimientos sociales e indígenas en Puyo, provincia de Pastaza. La tuvieron más de una semana sometida a prisión provisional a pesar de estar mal de salud debido a las lesiones que había sufrido. Fue acusada de “ataque y resistencia”, aunque al final resultó absuelta.
En septiembre del año pasado provocaron un incendio en su casa, que destruyó todas sus pertenencias.
El 1 de octubre de 2018, el comandante de la brigada de bomberos de Puyo declaró que el incendio había sido intencionado. Margoth presentó una denuncia penal en la fiscalía provincial de Pastaza para que se investigara lo ocurrido, pero todavía no se ha hecho ningún avance.
Por experiencias anteriores con la policía, Margoth se negó a acogerse al programa de protección de testigos del país: “No he querido entrar a la protección de víctimas y testigos porque no tengo confianza en el gobierno de turno, no tengo confianza en la independencia de la justicia en el Ecuador, tampoco tengo confianza en los militares ni en la policía”.
