Preso en el olvido: 📝acción internacional por un detenido que está en la cárcel hace 12 años sin condena firme – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos

Preso en el olvido: 📝acción internacional por un detenido que está en la cárcel hace 12 años sin condena firme


Amnistía Internacional lanzó una petición global de firmas para reclamar al Procurador General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expidan inmediatamente sobre la situación de Jorge González Nieva, detenido hace más de 12 años en prisión preventiva.

Jorge González Nieva lleva 12 años detenido y la justicia no sigue sin resolver su situación. Cada día que pasa, es un día más de encierro injusto para él.  Hace 3 años que la Corte Suprema de Justicia está examinando su caso. Es preciso que la justicia avance sin más demoras.

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El caso de González Nieva


El 19 de julio de 2006, González Nieva, taxista de 54 años, regresaba de su trabajo a su casa cuando fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Relata que lo golpearon y le pidieron dinero a cambio de no culparlo de un robo del cual niega haber participado. Como se negó a la extorsión, finalmente lo acusaron de robo seguido de muerte. Desde 2007 está en la cárcel.

En 2010 González Nieva recibió una condena de 25 años de prisión. La sentencia fue apelada, es decir que la decisión aún no está firme. Desde 2015 su causa se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), mientras González Nieva espera en prisión una resolución judicial para recuperar su libertad.

La Defensoría ante Casación de la Provincia sostiene que los elementos probatorios que lo incriminan son irregulares. En efecto, los policías que participaron de su detención fueron condenados por encubrimiento agravado, falso testimonio, tentativa de extorsión, entre otros delitos, por haber involucrado a personas en supuestos delitos para luego amedrentarlas y extorsionarlas. A su vez, el fiscal de la causa fue suspendido en 2017 por extorsionar a los imputados. 

Además, González Nieva ha obtenido nuevos elementos de prueba que podrían demostrar su inocencia. Por ejemplo, una de las coautoras ya condenada por el robo aseguró que él no había participado del hecho. A su vez el testigo que lo había identificado denunció haber sido presionado por la policía para culparlo. Estos hallazgos fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Innocence Project Argentina.


Su defensa puso estos elementos de prueba en conocimiento de la Corte Suprema. La máxima autoridad judicial pidió al Procurador General que se expida sobre este caso.


En noviembre de 2018, Amnistía Internacional ya había enviado una carta abierta a la Corte Supremasolicitando que examine el caso de manera urgente, ante las severas irregularidades denunciadas por los abogados defensores de González Nieva y el tiempo trascurrido privado de su libertad. 


Todas las personas gozan del principio de inocencia, según el cual, una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto implica que, salvo excepciones, tiene derecho a esperar una sentencia en libertad y debe garantizarse su derecho de defensa ante la justicia.  Amnistía Internacional exige al Procurador General y la Corte Suprema que se expidan inmediatamente sobre la situación de González Nieva y garanticen el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio. Tras 12 años de detención arbitraria, González Nieva no debe pasar ni un día más detenido sin condena.







INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


La ley 24.390 establece un límite temporal para la prisión preventiva, la cual no podrá ser superior a dos años, plazo que podrá ser extendido por un año más cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado.  Sin embargo, en Argentina casi la mitad de las personas privadas de su libertad no tiene una condena firme, estando detenidos en calidad de procesados, detenidos bajo la figura de la prisión preventiva.





Las cifras oficiales indican que para el final de 2016 la población penal en Argentina fue de 76.261 personas privadas de su libertad, ello sin incluir en el cálculo a las personas presas en comisarías, institutos de menores u otros lugares de detención no penitenciarios, ni personas en prisión domiciliaria. Del total de la población penitenciaria, el 48% se encontraba en prisión preventiva. Varios comités de la ONU, entre ellos el Comité de Derechos Humanos, han manifestado su preocupación por el periodo excesivamente prolongado de detención preventiva. A su vez, en la visita del Relator para Personas Privadas de Libertad para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina en septiembre de 2016, la CIDH destacó su preocupación por el hecho que aproximadamente la mitad de las personas privadas de libertad se encuentran bajo régimen de prisión preventiva.


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