La muerte es un riesgo laboral para los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos en México, de los que más de un centenar han sido víctimas de homicidio o han desaparecido en los últimos años. Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, se reunió con algunos de sus valientes colegas en una visita que hizo recientemente al país.

Anabel Hernández, periodista de investigación a la que conocí esta semana en México, es, por encima de todo, una mujer valiente.

Su trabajo es documentar el comercio ilegal de drogas en México y la corrupción oficial que permite que prolifere.

No es sorprendente que haya hecho pocos amigos entre los ricos y poderosos de México. Pero resulta especialmente preocupante el alcance y la regularidad de las amenazas de violencia extrema que recibe.

Me explicó que suele recibir amenazas de muerte cuando publica sus revelaciones; el año pasado se encontró los cadáveres decapitados de cuatro pollos y un cabrito en la puerta de su casa.

En fechas más recientes, varios hombres fuertemente armados irrumpieron en su domicilio tras arrollar al guardia de seguridad apostado en su entrada. “No fue un robo corriente” –explicó–. No se llevaron dinero. Se limitaron a registrar las cajas de documentos de mi despacho. Lo único que se llevaron fueron las cintas de las cámaras de seguridad del interior y el exterior de mi casa.”

No está claro quiénes eran estos hombres. “No llevaban uniforme ni se desplazaban en vehículos oficiales. No mostraron ninguna identificación pero a mis vecinos les dijeron que eran de la Policía Federal. Explicaron que se trataba de una operación policial, no de un asalto delictivo”, contó Anabel.

Los actos de intimidación contra periodistas y defensores de los derechos humanos son de lo más habitual en México. Otro vergonzoso episodio relatado se refiere a Vidulfo Rosales Sierra, profesional del derecho que trabaja para el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en Guerrero, justo al sur de la capital. A Vidulfo le enviaron el siguiente mensaje para disuadirlo de hacer su trabajo:

Vidulfo. Abogadito pendejo defensor de vándalos y guerrilleros deja de estar chingando, callate el hocico o te vamos a mandar a tu tierra en pedazos. No estamos jugando, no sigas diciendo pendejadas o te vas a morir [...] Att. La Ley.

Vidulfo tenía motivos de sobra para preocuparse. En junio del año pasado aparecieron muertos tres activistas políticos de la organización Unidad Popular en Guerrero. Habían sido secuestrados tras bloquear la autopista como medida de protesta por las políticas del gobierno local. La víspera de su secuestro, miembros de su organización habían presentado una denuncia formal ante las autoridades en la que expresaban su temor de que el alcalde y el jefe de policía de la localidad ordenaran su muerte.

No es exagerado decir que ejercer de periodista o activista de derechos humanos en México es una actividad de riesgo. Entre 2006 y 2011, más de 60 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio y 4 de desaparición forzada, los cuales siguen sin dar señales de vida. En cuanto a los periodistas, al menos 48 fueron víctimas de homicidio y 8 de desaparición forzada.

México se ha convertido en el país con el mayor índice de peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte “medidas cautelares”. Tales órdenes obligan al Estado a brindar protección a los defensores de los derechos humanos amenazados, en forma de líneas telefónicas seguras, sistemas de alarma, refuerzo de puertas y ventanas, guardaespaldas y casas francas.

El gobierno de México ha puesto en marcha iniciativas en los últimos años para combatir estas alarmantes tendencias.

Por ejemplo, en 2006 creó una fiscalía especial para los delitos contra la libertad de expresión. En 2012 se estableció el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de carácter federal, con la intención de dar respuesta rápida y efectiva a las amenazas que sufren ambos colectivos.

Pero ninguna de las iniciativas ha resultado efectiva.

De las 378 investigaciones abiertas por orden de la fiscalía especial, sólo una ha dado lugar a una sentencia condenatoria. Aún siguen vacantes muchos puestos del mecanismo, lo que ha formado un atasco de casos atrasados, y gran parte del presupuesto asignado al mecanismo –22,7 millones de dólares estadounidenses– todavía no se ha gastado, lo que impide adoptar medidas a más largo plazo que garanticen coherencia y seguimiento.

Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en México se merecen algo mejor.

A pesar de vivir en un clima de intimidación, amenazas y ataques constantes, siguen trabajando con determinación y valentía. No es justo que deban enfrentarse en soledad a estas amenazas. Realmente el gobierno debe hacer más para protegerlos y estar a su lado.

En primer lugar, el mecanismo de protección debe estar plenamente operativo para poder garantizar la seguridad de los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

En segundo lugar, todos los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos deben investigarse exhaustivamente y los responsables deben ser procesados.

Por encima de todo, el propio presidente, Enrique Peña Nieto, debe transmitir el mensaje de que tanto los periodistas como los defensores y defensoras de los derechos humanos son actores legítimos e imprescindibles en una sociedad democrática. Si el presidente desea mantener viva la democracia, tiene que dar ejemplo.