• Condenas a muerte impuestas en juicios injustos sin garantías básicas


• Al menos 102 personas ejecutadas en el primer semestre de 2015, frente a  90 en todo el año 2014


• Promedio de una persona ejecutada cada dos días, la mayoría por decapitación


• Casi la mitad de las ejecuciones en los últimos años son por delitos sin resultado de muerte


• Al menos 2.208 personas ejecutadas entre enero de 1985 y junio de 2015


• Casi la mitad de las personas ejecutadas desde 1985 eran nacionales extranjeros


• Menores y personas con discapacidad mental entre los ejecutados

Cientos de personas han sido condenadas a muerte tras ser declaradas culpables en juicios sin garantías en virtud del sistema judicial de Arabia Saudita, que adolece de profundas deficiencias, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

'Killing in the Name of Justice': The Death Penalty in Saudi Arabia pone al descubierto el uso terriblemente arbitrario de la pena de muerte en ese país, donde la pena capital se impone en juicios que atentan abiertamente contra las normas internacionales.

“Condenar a muerte a cientos de personas después de procedimientos judiciales que adolecen de profundas deficiencias es absolutamente vergonzoso. El uso de la pena de muerte es horrendo en todas las circunstancias, y especialmente deplorable cuando se aplica arbitrariamente después de juicios manifiestamente injustos”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“El defectuoso sistema de justicia de Arabia Saudita facilita las ejecuciones judiciales a escala masiva. En muchos casos, se niega a los acusados el acceso a un abogado, y en algunos se los condena sobre la base de ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en flagrantes injusticias.”

Uso de la pena de muerte en Arabia Saudita

Entre agosto de 2014 y junio de 2015, al menos 175 personas fueron ejecutadas, un promedio de una persona cada dos días.

Un tercio del total de ejecuciones desde 1985 se llevaron a cabo por delitos que incumplen el criterio de “los más graves delitos” por los que cabe imponer la pena de muerte según el derecho internacional. Una gran proporción de las condenas a muerte en Arabia Saudita –el 28% desde 1991– se imponen por delitos relacionados con las drogas.

Casi la mitad –el 48,5%– de las personas ejecutadas en Arabia Saudita desde 1985 eran nacionales extranjeros. A muchas de ellas se les negó una asistencia adecuada en materia de traducción durante el juicio y se les obligó a firmar documentos –incluidas confesiones– que no comprendían.

La mayoría de las ejecuciones en Arabia Saudita se llevan a cabo por decapitación, o en algunos casos por fusilamiento. En ciertos casos, las ejecuciones se llevan a cabo en público y los cuerpos y las cabezas cortadas se exhiben después.

A menudo las ejecuciones no se notifican a las familias de los condenados a muerte, que sólo se enteran de la suerte de sus seres queridos cuando ya han sido ejecutados, a veces por informaciones difundidas por los medios de comunicación.

UN SISTEMA DE JUSTICIA DEFECTUOSO

El sistema de justicia de Arabia Saudita, basado en la sharia, carece de código penal, lo que deja la definición de los delitos y las penas en un terreno impreciso y susceptible de interpretaciones. El sistema también concede a los jueces atribuciones para imponer condenas a su discreción, lo que da lugar a amplias discrepancias y, en algunos casos, a sentencias arbitrarias. Para ciertos delitos punibles en virtud de tai’zir (penas discrecionales), la sola sospecha es suficiente para que un juez recurra a la pena de muerte a tenor de la gravedad del delito o del carácter del delincuente.

El sistema de justicia también carece de las precauciones más básicas para garantizar el derecho a un juicio justo. En muchos casos, las condenas se imponen después de procedimientos injustos y sumarios que en ocasiones se desarrollan en secreto. A los acusados se les niega con frecuencia el acceso a un abogado, o se les declara culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. También se les niega el derecho a una apelación adecuada y  completa.

Arabia Saudita rechaza con vehemencia las críticas hacia su uso de la pena capital aduciendo que las condenas a muerte se llevan a cabo de conformidad con la sharia (ley islámica) y sólo para “los más graves delitos” y respetando las más estrictas normas y salvaguardias relativas a juicios justos.

“Afirmar que la pena de muerte en Arabia Saudita se lleva a cabo en nombre de la justicia y de conformidad con el derecho internacional no puede estar más alejado de la verdad. En vez de defender el atroz historial del país, las autoridades de Arabia Saudita deberían establecer con urgencia una moratoria oficial de las ejecuciones y aplicar las normas internacionales sobre juicios justos en todas los casusas penales”, ha afirmado Said Boumedouha.

El caso de Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, clérigo del este de Arabia Saudita y crítico con el gobierno, que fue condenado a muerte en octubre de 2014, ilustra claramente estas deficiencias. Fue declarado culpable de delitos de imprecisa definición en un juicio profundamente viciado y de motivación política y se le negó la oportunidad de preparar una defensa adecuada. Algunos de los cargos no son delitos comunes reconocibles según el derecho internacional de los derechos humanos.

“El carácter profundamente viciado del sistema judicial de Arabia Saudí deja la puerta abierta a abusos. Las autoridades juegan con la vida de las personas de una manera irresponsable y atroz”, ha afirmado Said Boumedouha.

“Si las autoridades desean mostrar su compromiso con unas normas rigurosas en materia de juicios justos, deben implementar reformas que adecuen el sistema de justicia penal de Arabia Saudita al derecho y las normas internacionales.”

En tanto se procede a la abolición total de la pena de muerte, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Arabia Saudí que restrinjan el alcance de su uso para delitos que impliquen “homicidio intencionado”, de conformidad con el derecho y las normas internacionales, y que pongan fin a la práctica de imponer condenas a muerte a menores de edad y a quienes sufren discapacidad mental.

DATOS Y CIFRAS: LA PENA DE MUERTE EN ARABIA SAUDITA

Arabia Saudita sigue siendo uno de los ejecutores más prolíficos del mundo.

Figura entre los tres mayores ejecutores del mundo, superado sólo por China e Irán, en el último informe sobre la pena de muerte en el mundo de Amnistía Internacional.

Al menos 2.208 personas ejecutadas entre enero de 1985 y junio de 2015

102 personas ejecutadas entre enero y junio de 2015

90 personas ejecutadas en todo 2014.

El 48.5 por ciento de las personas ejecutadas entre enero de 1985 y junio de 2015 –1.072– eran ciudadanos extranjeros,  que representan alrededor del 33 por ciento de la población de aproximadamente 30 millones de Arabia Saudita.
Las ejecuciones por delitos relacionados con drogas pasaron de apenas el 4 por ciento en 2010 y 2011 al 28 por ciento en 2012 y al 32 por ciento en 2013. En 2014 y hasta junio de 2015, el porcentaje se había incrementado hasta el 47 por ciento.

Lo que significa que casi la mitad de las ejecuciones en 2014 y hasta junio de 2015 son por delitos no letales.

La decapitación es el método de ejecución más extendido en Arabia Saudita, pero también se llevan a cabo ejecuciones por pelotón de fusilamiento.

Las ejecuciones públicas normalmente se realizan en la plaza pública de una ciudad o localidad.

La pena capital se aplica en Arabia Saudita en contravención de las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Los juicios por delitos penados con la muerte se celebran a menudo en secreto y a las personas acusadas se les niega habitualmente el acceso a un abogado.

Los acusados pueden ser declarados culpables sin más pruebas que “confesiones” obtenidas con tortura u otros malos tratos, o mediante engaño.

Delitos no letales como el “adulterio”, robo a mano armada, “apostasía”, delitos de drogas, violación, “brujería” y “hechicería” son punibles con la muerte.

La mayoría de las ejecuciones realizadas en Arabia Saudí por delitos no letales fueron por delitos relacionados con drogas, en los que no hay imposición preceptiva de la pena de muerte según la interpretación de las autoridades de la ley islámica (sharia).

Se ejecuta a personas que presuntamente eran menores de edad en el momento del delito por el que han sido condenadas, en flagrante incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

En algunos casos no se avisa con antelación a los familiares de los condenados a muerte de las ejecuciones, y en otros casos no se les devuelve el cuerpo.

Tampoco se libran de ser condenadas a muerte personas con discapacidad mental.