All work, no pay: The struggle of Qatar’s migrant workers for justice pone de manifiesto cómo cientos de trabajadores desistieron de lograr justicia y regresaron a sus casas sin un céntimo desde marzo de 2018. Esto sucede a pesar de que las autoridades qataríes establecieron nuevos comités cuya finalidad es resolver rápidamente los conflictos laborales, como parte de las reformas acordadas antes de la Copa Mundial de 2022.
“A pesar de las importantes promesas de reforma formuladas por Qatar en el periodo previo a la Copa Mundial de 2022, el país sigue siendo terreno abonado para los empleadores sin escrúpulos. Los trabajadores y trabajadoras migrantes a menudo van a Qatar con la esperanza de dar a sus familias una vida mejor; en lugar de eso, muchas personas regresan a casa sin un céntimo después de pasar meses persiguiendo sus salarios, sin apenas ayuda de los sistemas que se supone que las protegen”, declaró Stephen Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
Los comités se han visto tan inundados de denuncias, y tienen tan pocos jueces, que los trabajadores y trabajadoras deben esperar meses hasta que se procesan sus casos. Incluso cuando se les concede indemnización, a menudo no se les paga, y Qatar hasta ahora no ha lanzado el fondo de apoyo que prometió en octubre de 2018.
“Los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar se enfrentan a menudo a una elección imposible entre una lucha larga y a menudo infructuosa en busca de justicia o volver junto a sus familias sin el dinero que necesitan para mantenerlas. Instamos a las autoridades qataríes a cumplir plenamente lo prometido y poner fin a la vergonzosa realidad de la explotación laboral”, manifestó Stephen Cockburn.
Más de 2.000 personas sin cobrar durante meses
Desde marzo de 2018, Amnistía Internacional continuo la búsqueda de justicia de más de 2.000 personas empleadas por Hamton International, Hamad bin Khaled bin Hamad (HKH) y United Cleaning después de que las empresas dejaran de pagarles sus salarios durante varios meses, alegando dificultades económicas, antes de cesar sus operaciones y poner fin a sus contratos. Las empresas trabajaban en una serie de proyectos de construcción y contratos de limpieza.
Al menos 1.620 de estos trabajadores y trabajadoras presentaron denuncias ante los nuevos Comités para la Resolución de Conflictos Laborales, introducidos en marzo de 2018 como parte de una serie de reformas que Qatar prometió realizar para mejorar los derechos de trabajadores y trabajadoras en asociación con la Organización Internacional del Trabajo. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, los comités recibieron más de 6.000 denuncias en 2018.
Aunque a algunos sus empleadores les dieron finalmente parte de lo que les debían a cambio de que retiraran sus denuncias, la mayoría regresó a casa sin nada. Ninguno de los trabajadores y trabajadoras recibió indemnización a través del sistema de comités.
El Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales qatarí dijo a Amnistía Internacional que había ayudado a negociar muchos de estos acuerdos y a coordinar la provisión de comida y generadores para los campos donde viven los trabajadores y trabajadoras.
Retraso judicial
Aunque según la ley qatarí se supone que los comités dictan sentencia sobre los casos en un plazo de seis semanas desde que se presenta la denuncia, Amnistía concluyó que los trabajadores y trabajadoras tenían que esperar entre tres y ocho meses. Mientras tanto, vivían sin ingresos en campos de trabajo sin comida suficiente y sin agua corriente, enfrentándose a la opción imposible de volver a su casa o seguir luchando.
Bijoy, de India, esperó tres meses antes de conseguir una cita para una audiencia; para entonces, había decidido regresar a su casa porque su padre estaba enfermo y hospitalizado. En lugar de intentar recuperar los más de 13.000 riyales qataríes [3.750 dólares estadounidenses] que le debía Hamton International, Bijoy no tuvo más opción que aceptar tan sólo 1.000 riyales [275 dólares] y su billete de vuelta a India. Cientos de trabajadores más de Hamton se enfrentaron a la misma elección.
“Supliqué al hermano del presidente que me diera al menos 4.000 riyales [unos 1.100 dólares]. Me dio 1.000 [unos 275 dólares] y el billete de avión [...] Tuve que olvidarme del dinero e irme [...] Opté por olvidarlo porque quería ver a mi padre”, dijo Bijoy a Amnistía Internacional.
La lucha por la indemnización
Además de la perspectiva de un proceso de denuncia largo y prolongado, los trabajadores y trabajadoras deben resignarse también al hecho de que ganar un caso en el comité no garantiza el pago de la indemnización.
Con frecuencia, los trabajadores y trabajadoras se ven obligados a presentar una nueva denuncia en los tribunales civiles para tratar de obligar a los empleadores a pagarles la indemnización a la que tienen derecho. Esto a su vez provoca nuevas demoras y más gastos, a menudo sin éxito.
“Todas las sesiones eran iguales: el juez me decía que volviera vez tras vez. Me gastaba el dinero en taxis de un lado a otro [...] También tenía que pedir permiso en mi nuevo empleo porque tenía que ir al tribunal”, cuenta Roy, trabajador de HKH procedente de Filipinas.
En octubre de 2018, Qatar anunció también que introduciría un Fondo de Seguro y Apoyo a Trabajadores para otorgar indemnización. Casi un año después, este fondo no tiene financiación y no se utiliza, a pesar de la urgente necesidad.
Un empleado keniano de United Cleaning dijo:
“Durante cinco meses tuve que vivir con muy poca comida y sin salario. Mi familia estaba muy afectada. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando me acuerdo dónde solíamos ir a buscar comida: a los cubos de basura”.
“Después de dos años y cinco meses de trabajar para United Cleaning sin tomarme nunca vacaciones, la empresa me debe mucho dinero que se niega a pagarme. Si lo consigo, podré regresar a casa con mi esposa y mi hijo.”
Es urgente poner fin a la explotación
Qatar alberga a unos dos millones de trabajadores y trabajadoras migrantes, pero no cumple las normas laborales internacionales. Amnistía Internacional instó reiteradamente a Qatar a abolir el abusivo sistema de kafala, que vincula a los trabajadores y trabajadoras con sus empleadores durante hasta cinco años e impide a algunos grupos, como los trabajadores y trabajadoras domésticos, abandonar el país sin el permiso de sus empleadores.
“Los dos millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que forman la columna vertebral de la economía qatarí tienen derecho a recibir un trato justo en el trabajo, y a obtener justicia si no lo reciben”, mainfestó Stephen Cockburn.
“Si Qatar se toma en serio el cumplimiento de sus promesas de mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, debe proporcionar más jueces para garantizar que los casos se atienden rápidamente, debe financiar plenamente el fondo de indemnización y debe asegurarse de que las empresas que incumplen las normas se enfrentan a la justicia.”
Amnistía Internacional escribió a las tres empresas para exponerles sus conclusiones, pero no recibió respuesta.
Si desean más información sobre las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar, consulten:
Reality Check: The state of migrant workers’ rights with four years to go until the Qatar 2022 World Cup
