Cuando quedan menos de cuatro años para la Copa Mundial 2022, las autoridades qataríes corren el riesgo de incumplir su promesa de abordar la explotación laboral generalizada de miles de trabajadores migrantes; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo documento titulado Reality Check: The state of migrant workers’ rights with less than four years to go until the Qatar 2022 World Cup (Choque con la realidad: estado de los derechos de los trabajadores migrantes cuando faltan menos de cuatro años para la Copa Mundial de Qatar 2022), la organización examina el ambicioso proceso de reforma de Qatar y pone de manifiesto la enorme tarea que aún tienen por delante las autoridades para respetar y proteger plenamente los derechos de unos dos millones de trabajadores migrantes.
© Amnesty International“Se acaba el tiempo para las autoridades qataríes si quieren dejar un legado que todos podamos celebrar, en particular un sistema laboral que ponga fin al sufrimiento y los abusos que soportan a diario tantos trabajadores migrantes”, ha dicho Steve Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“Las autoridades qataríes han adoptado varias medidas importantes para proteger los derechos laborales, pero queda mucho por hacer. Debido a vacíos legales en las reformas realizadas hasta la fecha, muchos trabajadores siguen atrapados en condiciones muy duras, expuestos a la explotación y los abusos, y quienes vuelven a casa lo hacen con las manos vacías, sin haber obtenido justicia y una indemnización”.
Amnistía Internacional pide a Qatar la abolición total del abusivo sistema de patrocinio llamado kafala, que, a pesar de algunos cambios recientes, mantiene a los trabajadores atados a empleadores sin escrúpulos durante periodos de hasta cinco años.
En noviembre de 2017, Qatar firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo de la ONU para reformar su legislación en consonancia con las normas laborales internacionales.
Desde entonces, las autoridades han adoptado varias medidas legales destinadas a beneficiar a los trabajadores migrantes, como fijar un salario mínimo provisional, promulgar una ley sobre el trabajo doméstico, establecer nuevos comités para resolver disputas laborales y crear un fondo de seguros y apoyo a los trabajadores.
Además, las autoridades suprimieron el requisito impuesto a la mayoría de los trabajadores migrantes de obtener un “permiso” de su empleador para salir del país.
Sin embargo, debido a las limitaciones de algunas de las reformas introducidas hasta la fecha, muchos trabajadores migrantes continúan expuestos al trabajo forzoso, las restricciones de circulación y otros abusos en Qatar.
De acuerdo con el sistema de kafala, plenamente vigente a pesar de las reformas parciales, siguen sin poder cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores. Se exponen a su penalización por “darse a la fuga” y a que les confisquen el pasaporte.
El salario mínimo provisional apenas supera los 200 dólares estadounidenses al mes, y los nuevos tribunales laborales, concebidos para resolver casos de abusos, incluidos los impagos de sueldos, están saturados de casos y cientos de trabajadores han regresado a casa sin haber obtenido justicia y una indemnización.
Mientras, las personas que trabajan en el servicio doméstico siguen necesitando un “permiso de salida” para marcharse del país, y muchas siguen expuestas a sufrir abusos como consecuencia de la endeble ley sobre el trabajo doméstico aprobada en 2017.
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