Queremos llamar la atención sobre la facilidad con que una muchacha pobre puede pasar del hospital a una cárcel y la dificultad que toma salir del sistema penal. La joven tucumana está detenida hace más de 900 días con prisión preventiva; la sentencia de la Cámara Penal la condenó a 8 años por "homicidio agravado por el vínculo", a pesar de que su historia clínica consignó un aborto espontáneo. En todo este trayecto Belén fue despojada de derechos y sometida a distintas violencias por parte del Estado.
Las organizaciones que nos presentamos como amigos del tribunal esperamos que la Corte aproveche este caso para dictar una sentencia conforme a los estándares de derechos humanos, que no solo anule la condena de la joven sino que tenga efectos de no repetición. El caso de Belén reveló una serie de prácticas institucionales que perpetúan la violencia de género.
El Poder Ejecutivo de Tucumán tiene también la oportunidad de trazar políticas que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso –sean espontáneos o provocados– o que manifiesten el deseo de acceder a la interrupción legal del embarazo. Tucumán no tiene aún un protocolo de atención de embarazos legales, de acuerdo con las indicaciones de la Corte Suprema de Justicia en el caso FAL.
Reclamamos que se respete el fallo de la Corte Suprema de Tucumán y se disponga la inmediata liberación de Belén.
Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales - ANDHES
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH
Asociación de Abogados de Buenos Aires - AABA
Asociación Pensamiento Penal - APP
Amnistía Internacional Argentina - AI
Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA
Innocence Project Argentina - IP Argentina
Diputados del Partido Obrero - Bloque Frente de Izquierda y APEL
