“La confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo”, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras la decisión del Tribunal de Magistrados de Reino Unido de dictar una orden para extraditarlo.

La causa será enviada ahora a la ministra del Interior de Reino Unido Priti Patel, que deberá decidir si confirma la solicitud de Estados Unidos antes del 18 de mayo.

“Reino Unido tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad. Las autoridades estadounidenses han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange en un centro federal cuando lo consideren oportuno. Este reconocimiento pone a Julian Assange en gran peligro de sufrir unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La extradición de Julian Assange también sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre”.

“Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. La extradición de Julian Assange para que enfrente acusaciones de espionaje por publicar información clasificada sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo”.

La reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. La práctica constituye tortura u otros malos tratos, prohibidos por el derecho internacional. Las garantías de un trato justo que ofrece Estados Unidos en el caso Assange están plagadas de irregularidades y podrían ser revocadas en cualquier momento.

La extradición a Estados Unidos pondría a Julian Assange en riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos y unas garantías diplomáticas vacías no pueden protegerlo de estos abusos.
Si el gobierno de Reino Unido permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material desde Reino Unido, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para encarcelar a periodistas y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país.

“Para empezar, nunca deberían haberse formulado cargos contra Assange. No es demasiado tarde para que las autoridades estadounidenses corrijan la situación y retiren los cargos”, declaró Agnès Callamard.

“Mientras tanto, dado el carácter político del caso y sus graves implicaciones para la libertad de expresión, en el futuro, Reino Unido debería abstenerse de representar a Estados Unidos en una apelación”.