Ante la amenaza de violencia ultraderechista contra las personas de color, importantes organizaciones benéficas advierten de que Reino Unido está incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos en materia de racismo

• La violencia racista e islamófoba que se ha desatado en las calles de Reino Unido pone de relieve la falta de medidas por parte de los sucesivos gobiernos para avanzar en materia de racismo.


• Cuatro años de estancamiento de las desigualdades que sufren las personas de color en el sistema de justicia penal, la salud, la educación, el empleo y la inmigración.


• Alarmante aumento en una década de los crímenes de odio basado en la fe.


• El 47% de los niños y niñas de color viven en la pobreza, en comparación con el 24% de los niños y niñas blancos.


• Las probabilidades de que un menor negro sea sometido a un registro sin ropa por la policía se multiplican por 6,5 respecto a un menor blanco, y por 4,7 en el caso de las personas adultas negras respecto a las blancas.


• Lenguaje tóxico y deshumanizador utilizado por figuras políticas para describir a personas de color.

Un informe conjunto de The Runnymede Trust y Amnistía Internacional Reino Unido presentado al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en su 113 periodo de sesiones concluye que la legislación y las políticas del gobierno británico infringen artículos clave de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Respaldado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, el informe de 50 páginas revela que las personas de color han experimentado un preocupante retroceso de sus derechos civiles y políticos. La legislación, las prácticas institucionales y las costumbres de la sociedad continúan combinándose para perjudicar a las personas de color.

Suscita gran preocupación el incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos en la reciente legislación sobre inmigración, incluida la Ley de Migración Ilegal de 2023, que probablemente afectará de manera desproporcionada a las personas de color.

Haciéndose eco de los motivos de preocupación ya expresados en el periodo anterior de presentación de informes al CERD (2021), las organizaciones benéficas siguen profundamente preocupadas por leyes como la Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales (2022), la Ley Electoral (2022) y la Ley de Nacionalidad y Fronteras (2022), que, combinadas, constituyen la amenaza más grande y sostenida que se ha visto en una generación para los derechos civiles y políticos de las personas de color.

Datos estadísticos clave:

• El 47% de los niños y niñas de color viven en la pobreza, en comparación con el 24% de los niños y niñas blancos.


• Las probabilidades de que un menor negro sea sometido a un registro sin ropa por la policía se multiplican por 6,5 respecto a un menor blanco, y por 4,7 en el caso de las personas adultas negras respecto a las blancas.


• Según Joint Enterprise, las personas negras tienen 16 veces más probabilidades de ser procesadas y las personas asiáticas, 4 veces más.


• Las mujeres bangladeshíes con la nacionalidad británica tienen más de 8 veces más probabilidades de estar sin empleo que las mujeres británicas blancas.


• Las personas pakistaníes (23%) y negras (19%) tienen al menos el doble de probabilidades de tener un trabajo inseguro en comparación con las personas blancas (9,6%).


• Las mujeres de color tienen tres veces más probabilidades que los hombres blancos de tener contratos de cero horas.


• Los crímenes de odio religioso contra personas musulmanas o percibidas como musulmanas constituyen la mayor proporción de crímenes de odio, un 44%. Detrás van las personas judías o percibidas como judías, con el 19%.
  
  
  
  • A partir de octubre de 2023, los casos de islamofobia aumentaron un 600%. Se registraron 4.103 casos de odio antisemita en 2023, el 66% después del 7 de octubre.
  
  
  
  


• Ha aumentado la presencia de agentes de policía en los centros escolares, con 979 responsables de seguridad en las escuelas (SSO, por su sigla en inglés) activos en escuelas de todo Reino Unido, 489 sólo en Londres. Los SSO son enviados a los centros con mayor porcentaje de alumnos y alumnas de color y de clase trabajadora.


• Hay una diferencia de 26 años en la esperanza de vida entre las personas blancas y las personas de color con discapacidades de aprendizaje profundas y múltiples.


• La salud de las mujeres británicas blancas octogenarias es equivalente a la de las mujeres negras caribeñas e indias septuagenarias, y a la de las mujeres paquistaníes y bangladesíes en la cincuentena.


• Los miembros de comunidades gitanas, romaníes y nómadas tienen entre 10 y 25 años menos de esperanza de vida que la población general.


• Las personas de color que viven de alquiler tienen un 87% más de probabilidades de sufrir actos ilegales a manos de la parte arrendadora que los inquilinos blancos británicos e irlandeses, y un 22% más de probabilidades de sufrir humedad o moho en su vivienda.

El documento muestra cómo las desigualdades que sufren las personas de color en el sistema de justicia penal, la salud, la educación, el empleo y la inmigración se han mantenido desde el periodo anterior de presentación de informes hace cuatro años. La falta de medidas para mejorar los resultados de las personas de color y el ataque simultáneo a las formas de disidencia de estas comunidades las aboca a una situación imposible. Controladas por Prevent y sometidas a vías restringidas para protestar, vigilancia excesiva y falta de protección, además de presentar tasas más altas de pobreza, las comunidades de color tienen que ir rellenando las grietas abiertas por el Estado.

El informe contiene las siguientes recomendaciones:

• Abolir el límite de prestaciones establecido en dos hijos.


• Desechar el plan oficial Prevent Duty (deber de prevenir).


• Prohibir en la legislación y en la práctica el uso de los registros sin ropa con menores.


• Desechar el programa piloto Serious Violence Reduction Order para reducir la violencia grave.


• Derogar la legislación perjudicial para las personas de color, incluida la Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales (2022), la Ley de Orden Público (2023), la Ley Electoral (2022) y el artículo 10 de la Ley de Nacionalidad y Fronteras (2022).


• Reconocer e incorporar expresamente el derecho a la vivienda como derecho humano en las leyes, políticas y prácticas nacionales.


• Garantizar el derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables, incluida una remuneración que permita una vida digna para los trabajadores y trabajadoras y sus familias, abordando la precariedad de los ingresos y exigiendo a las entidades empleadoras que proporcionen mayor seguridad laboral al personal mediante la eliminación de los contratos de cero horas.


• Prohibir el uso del rap y la música como pruebas en los enjuiciamientos.

El informe paralelo de la sociedad civil, elaborado por Runnymede Trust y Amnistía Internacional Reino Unido, ha sido respaldado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Liberty, Black Equity Organisation, Friends Families and Travellers, Migrants Organise e Inquest.

Alba Kapoor, directora de Asuntos Políticos de Runnymede Trust, ha manifestado:

“Ahora que los matones de extrema derecha están atacando, hostigando e intimidando a las personas de color en Reino Unido, urge más que nunca abordar la injusticia racial.

Las personas de color han visto retroceder sus derechos civiles y políticos en los últimos cinco años. Desde los cambios inhumanos en nuestro sistema de asilo hasta la introducción de legislación que restringe el derecho de protesta y aumenta los poderes policiales perniciosos, es hora de cambiar de rumbo.

Todo esto ha ido acompañado de desigualdades profundamente arraigadas en el acceso a la vivienda, la educación y la riqueza mientras se hacía sentir la crisis del coste de la vida. Es un escándalo que, en 2024, personas de color, incluidos menores, se enfrenten a estos niveles de pobreza y privación. Se trata de problemas estructurales que requieren soluciones radicales.

El nuevo gobierno debe actuar para poner fin a la exclusión de las comunidades migrantes y de las personas que solicitan asilo, y comprometerse a realizar cambios estructurales significativos que resuelvan las desigualdades profundamente arraigadas en nuestra sociedad. El informe que hemos presentado al Comité incluye recomendaciones clave para que eso suceda.”

Ilyas Nagdee, director de Justicia Racial de Amnistía Reino Unido, ha declarado:

“La violencia racista e islamófoba que se ha desatado en las calles de Reino Unido pone de relieve la falta de medidas por parte de los sucesivos gobiernos para avanzar en materia de racismo institucional.

Tras el último periodo de presentación de informes, el Comité debe estar atento a las múltiples formas de racismo y discriminación incorporadas a la legislación y la práctica política, en lugar de ser abordadas por los sucesivos gobiernos.

Frente a la violencia racista, también se han debilitado las vías para que las comunidades racializadas expresen su frustración por la falta de avances o sus discrepancias con el gobierno a través de restricciones de las protestas, mayores poderes policiales que se extienden al ámbito de prevención del delito y la intensificación del programa Prevent, que viola varios de nuestros derechos humanos básicos.

El nuevo gobierno de Reino Unido no debe hacer avances hacia una reforma gradual, sino restablecer el debate nacional, hacer que la lucha contra el racismo y la desigualdad institucional sea fundamental en sus misiones y garantizar que, en lugar de denigrarlas, protegemos a algunas de las personas más marginadas del Reino Unido.”

Alba Kapoor e Ilyas Nagdee están disponibles para entrevistas.