Ante el aplazamiento por el Tribunal Superior de la vista judicial para revisar la legalidad de la práctica del gobierno británico de expulsar solicitantes de asilo a Ruanda, Steve Valdez-Symonds, director de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado:

“Sin duda el aplazamiento era necesario para garantizar una vista imparcial, pero el gobierno no debería destinar tantos recursos judiciales y públicos a aplicar esta política atroz.

Es una realidad palmaria que muchas personas amenazadas con su expulsión a Ruanda huyen del conflicto y la persecución y han pedido asilo en este país después de haber sufrido ya numerosos traumas.

Y no sólo eso: es moralmente reprobable que Reino Unido delegue sus obligaciones en materia de asilo en un país con un alarmante historial de derechos humanos y que ya tiene sus propias responsabilidades de asilo en gran escala.

No hay indicios que apunten a que este acuerdo servirá para desarticular las redes de tráfico de personas; de hecho, la evidencia indica que generará negocio repetido para traficantes y tratantes de personas, como ya se ha visto en el fracasado proyecto israelí para enviar personas refugiadas eritreas y sudanesas a Ruanda.

En lugar de detener a las personas para enviarlas en avión a un futuro incierto en lugares a más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno británico debería estar trabajando en cooperación con las autoridades francesas para compartir la responsabilidad de cubrir las necesidades de quienes solicitan asilo en el norte de Francia, lo que incluye proporcionar rutas seguras hacia el sistema de asilo británico, sobre todo a las personas con familiares u otros vínculos sólidos aquí.”

FIN