Amnistía Internacional intervendrá como tercerista en una importante causa que verá el Tribunal Supremo contra la ley del aborto de Irlanda del Norte.

El Tribunal estudiará si la ley de Irlanda del Norte infringe los derechos de las mujeres al no permitir abortos en casos de delito sexual y anomalías mortales del feto.

“No podemos seguir con la intolerable situación que trata a las mujeres de Irlanda del Norte como ciudadanas de segunda, negándoles atención médica y el control de su propia vida", aseguró Amnistía Internacional.

“Los políticos de Irlanda del Norte llevan generaciones ignorando a las mujeres y no protegiendo sus derechos. Ya es hora de que el Tribunal Supremo intervenga y haga lo que nuestro gobierno no ha hecho: proteger los derechos humanos, tanto tiempo olvidados, de las mujeres y niñas de una parte de Reino Unido" sostuvieron desde la organización.

Sarah Ewart, en cuyo primer embarazo le diagnosticaron una malformación fetal mortal que la obligó a viajar a Inglaterra para interrumpirlo porque las leyes de Irlanda del Norte no le permitían recibir este servicio médico dentro de la región, es también tercerista, junto con Amnistía.

Sarah Ewart declaró: “Soy una mujer normal que sufrió una tragedia familiar muy personal que la ley de Irlanda del Norte convirtió en una pesadilla viviente. Me he unido a Amnistía en esta lucha en los tribunales porque este caso es significativo para mi vida y para la vida de otras mujeres que siguen afectadas por la ley vigente en Irlanda del Norte".

“Creo que nuestro gobierno, cuya obligación es proteger nuestros derechos, nos ha abandonado. La inacción de nuestros políticos a la hora de legislar para el cambio no me dejó más opción que recurrir a los tribunales para que defiendan mis derechos. Espero que el Tribunal Supremo traiga el cambio que otras mujeres y yo  necesitamos y esperamos desde hace tanto tiempo”, agregó Sarah Ewart.

En 2015, el Tribunal Superior de Belfast resolvió que la ley del aborto de Irlanda del Norte vulneraba los derechos de las mujeres, pero la sentencia fue revocada en junio de 2017.