Diario del juicio a Relmu Ñamku


Relmu Ñamku es dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del pueblo Mapuche. Fue enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera. Del 28 octubre al 4 de noviembre de 2015

(Cobertura especial para Amnistía Internacional y artículos para Página12)

Tierras para petroleras y cárcel a mapuches

08 - bajaEl lunes comienza un juicio histórico en Neuquén. El Ministerio Público Fiscal y sectores antimapuches piden quince años de cárcel para una mujer mapuche que resistió un desalojo. Criminalización, vulneración de derechos y extractivismo.

En un hecho sin precedentes para la historia Argentina, una mujer mapuche será enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera y podría ser condenada hasta con quince años de cárcel. Se la acusa de haber arrojado una piedra a una empleada judicial (que notificaba el desalojo y estaba junto a policías y guardias privados de la compañía). El juicio comenzará el próximo lunes en Neuquén y, en un medida insólita, la fiscal caratuló el hecho como “tentativa de homicidio”. Solicitó prisión para Relmu Ñamku, de la comunidad Winkul Newen. “Buscan un caso testigo para apresar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”, afirmó el abogado defensor, Darío Kosovsky.

Será el primer caso de América Latina con jurado intercultural (la mitad de los integrantes será del Pueblo Mapuche) y traducción simultánea en mapuzungun.

Hechos

El 28 de diciembre de 2012, último día hábil del año y minutos antes de la feria judicial, la jueza Ivonne San Martín de Zapala dictó una medida cautelar para que la petrolera estadounidense Apache Corporation ingrese, de ser necesario con la policía, a territorio de la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico (a treinta kilómetros de Zapala).

La comunidad llevaba más de tres años denunciando el accionar inconsulto de la petrolera, los continuos hechos de contaminación y la vulneración de los derechos indígenas. Ante la falta de acción, tanto judicial como del gobierno provincial, habían cerrado el paso a la compañía. El personal de la empresa respondió con amenazas y acciones de hostigamiento, incluso con heridas de bala a un joven de la comunidad y golpes a una abuela mapuche y a la lonko de la comunidad, Violeta Velázquez, que estaba embarazada. Los hechos de violencia fueron denunciados, pero la misma Fiscalía que ahora lleva juicio a los mapuches (a cargo de Sandra González Taboada) archivó la causa.

El 27 de diciembre de 2012 la comunidad dio sepultura a una beba recientemente fallecida. Los integrantes de Winkul Newen no tienen dudas de que la contaminación ambiental del territorio fue uno de los factores que afectaron la salud del niño.

En ese contexto, la auxiliar de justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad e intentó notificar que se debía permitir el paso de la petrolera. Estaba acompañada por policías, guardias de seguridad de la compañía, empleados de la empresa, camionetas y una retroexcavadora.

La comunidad le pidió que se retire. La auxiliar de justicia no aceptó dejar el documento en la tranquera (como le indicaban los policías) y comenzó un intercambio de palabras, a lo que continuaron gritos, acusó a los mapuches de no ser una comunidad y solicitó a la topadora que ingrese al territorio mapuche. La máquina estuvo a a un paso de atropellar a una joven mapuche. Las piedras fueron la única forma de frenar ese avance.

Verónica Pelayes sufrió una herida en el rostro, con rotura de tabique. De inmediato la comunidad pidió disculpas públicas y responsabilizó al Poder Judicial, funcionarios políticos y a la petrolera.

Organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto: “Nos duele el rostro de Verónica Pelayes y lo lamentamos profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad. ¿Será que los integrantes de las comunidades indígenas y campesinas deben estar presos porque defienden sus territorios de los avances ambiciosos de las empresas transnacionales y de los gobiernos?”. La nota llevaba la firma de Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Asamblea Popular Zapala, la Pastoral Social y del obispo emérito Marcelo Melani, entre otros.

De lesiones a homicidio

La fiscal de Zapala Sandra González Taboada imputó a Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain (de la comunidad Wiñoy Folil) por “lesiones”, acorde a los hechos sucedidos. Pero de manera sorpresiva, y en acuerdo con los abogados de Pelayes, cambió la acusación: “Tentativa de homicidio” y “daño agravado”, y pidió una pena de quince años de cárcel. Y acusó a Relmu Ñamku de ser la autora del hecho.

“Es la primera vez que una piedra, que además no está demostrado que haya sido arrojada por Relmu, es considerada tentativa de homicidio”, explicó el abogado Kosovsky y aportó otro punto de comparación: “Por homicidio simple, por asesinar a una persona, la condena puede ser ocho años de cárcel. Y en este caso, por una herida, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén pide el doble que en un homicidio”.

La denunciante, Pelayes, no oculta su activismo antimapuche. En redes sociales y foros de internet los llama “terroristas” y exige prisión efectiva. Cuenta con el apoyo del denominado “Foro de Defensa de la Patagonia”, grupo que acusa a los indígenas de separatistas y “antiargentinos”. En junio pasado colgaron un pasacalle en el Obelisco porteño con la frase: “Justicia por Verónica Pelayes. Víctima del terrorismo mapuche”.

En paralelo, la auxiliar de justicia inició una causa civil en la que demandó al Estado y a la petrolera por 6,5 millones de pesos.

La fiscal Taboada enfrenta un pedido de jury de enjuiciamiento por su accionar en el conocido caso de Sergio Ávalos, un joven estudiante que desapareció en 2003 a la salida de un boliche y en el que acusa a policías y gendarmes retirados. La familia de Ávalos acusó a Taboada por irregularidades en la investigación y sospechas de haber favorecido a los policías.

Otro actor clave es el abogado Julián Alvarez, que acusa a Ñamku, Maliqueo y Rain. Es muy conocido en Neuquén por las numerosas causas que impulsa en contra del Pueblo Mapuche. Asiduo letrado de los grandes estancieros (de la Sociedad Rural, entre otros) y también es defensor del juez federal de la dictadura militar Pedro Duarte, acusado por todos los organismo de derechos humanos por rechazar hábeas corpus y su complicidad con el régimen de 1976-1983.

Alvarez fue uno de los impulsores de Argentinos en Defensa de la Ley (Adelay), la ONG de estancieros que llamaba “usurpadores” a los indígenas que defendían el territorio y proponía para los indígenas judicialización, represión y cárcel.

Intercultural

El martes 20 de octubre se definieron los doce jurados. Seis de ellos se autoreconocen como integrantes del Pueblo Mapuche. Durante la ronda de selección estuvieron ambas parte y el juez Raúl Aufranc.

El Consejo Zonal Centro (de la Confederación Mapuche de Neuquén) presentó un recurso de amparo porque no se respetó el derecho a la consulta previa (vigente en normas nacionales e internacionales).

El juicio igual se realizará. Será la primera vez en América Latina de un juicio penal con jurado intercultural.

Otro hecho inédito: todo el juicio será con traducción simultánea en mapuzungun (idioma mapuche), que también podrá escucharse por una frecuencia de radio local.

Petrolera

Un actor fundamental pero que busca el perfil bajo es la petrolera. En 2012 era Apache Corporation, de capitales estadounidense. Mantenía instancias de diálogo con la comunidad, pero al mismo tiempo desoía los derechos básicos de consulta y consentimiento (vigente en leyes nacionales e internacionales). El 2014, Apache fue adquirida por YPF (bajo el nombre de Yacimientos del Sur –Ysur–).

Siete trabajadores de YPF (entre ellos el abogado Mariano Brillo que impulsó la cautelar en 2012) figuran como testigos, por parte de Pelayes y la Fiscalía.

El 21 de septiembre pasado, una decena de policías llegaron hasta la comunidad para notificar que el Poder Judicial había dado el aval para que ingrese Ysur-YPF al yacimiento (paralizado desde 2012). “El poder político provincial, nacional e YPF quieren aprovechar la coyuntura del juicio para retomar la extracción de hidrocarburos. Están violando la ley 26160 (de “Emergencia Territorial”) y derechos constitucionales. Pero la Justicia es ciega, sólo brinda seguridad jurídica a las empresas y no vela por los derechos indígenas”, denunció Martín Maliqueo, vocero de la comunidad.

Caso testigo

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) precisó en su informe anual que más de 350 mapuches fueron judicializados en los últimos años por conflictos territoriales. En muchos de ellos se los acusa de usurpadores de los territorios donde han vivido desde hace generaciones. Las contrapartes: petroleras, mineras, grandes estancieros, empresarios inmobiliarios y el Estado.

El lunes será la primera vez que se llega a esta instancia, en el banquillo de los acusados.

Relmu Ñamku no tiene dudas: “El Poder Judicial necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche. Trata de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo al modelo extractivo”.

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“La Justicia necesita un caso testigo para frenar la lucha mapuche”

Entrevista a Relmu Ñamku, autoridad indígena que será juzgada esta semana y enfrenta un pedido de pena de quince años de cárcel. El rol del Poder Judicial, gobiernos y el modelo extractivo.

01 - bajaLos tribunales de Zapala serán hoy el lugar de un juicio que puede marcar un quiebre en la relación Estado y pueblos originarios. Por primera vez, una indígena puede ir presa (por quince años) en una causa que tiene como trasfondo un conflicto territorial, nada menos que con una petrolera (primero la estadounidense Apache Corporation, en la actualidad es la argentina YPF). Relmu Ñamku es la autoridad de la comunidad Winkul Newen, del paraje Portezuelo Chico (en el centro geográfico de Neuquén). Otro hecho histórico, el juicio oral y público contará con un jurado intercultural (la mitad será mapuche). Horas antes del juicio, Ñamku no tiene dudas: “La Justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo”.

-¿Cómo explica la causa judicial?

-Se trata de una comunidad mapuche que durante años viene resistiendo el avance de las empresas petroleras. Las compañías han significado contaminación de la tierra, agua y aire con las terribles consecuencias que esto ha generado en la comunidad, algunas irreversibles como por ejemplo la muerte de personas por contaminación.
-Durante el intento de desalojo (diciembre de 2012) fue herida (rotura de tabique) una auxiliar del Poder Judicial con una piedra. ¿Cuál es la carátula?

-La carátula era lesiones graves, pero el Ministerio Público Fiscal la cambió a “tentativa de homicidio” para lograr llevarnos a un juicio ejemplar, disciplinador, ante la resistencia del Pueblo Mapuche frente al avance de la frontera petrolera. Así también será un mensaje para las comunidades que resisten contra las mineras. La Justicia necesita una excusa para demonizar al Pueblo Mapuche, que le dé la posibilidad de reprimir, judicializar y desalojar con consenso social.

-¿Por qué una pedrada como “tentativa de homicidio”?

-Es ridículo pensar que defenderse ante el avance de las topadoras con piedras como único recurso puede implicar una causa como la que se ha armado. Más en el lugar donde ocurrieron los hechos que fue el corazón de la comunidad Winkul Newen.

Recuerdo que cuando se firmó el acuerdo YPF-Chevron en la Legislatura Neuquina hubo más de ocho horas de represión y hasta los diputados provinciales tiraron piedras.

Simbólicamente la piedra significa el descontento de la sociedad ante las decisiones arbitrarias de los gobiernos que definen e imponen políticas violando todos los derechos que tiene la sociedad. En el caso del Pueblo Mapuche es el derecho a la participación y consulta.

-¿Es el primer caso de este tipo?

-Es el primer caso judicial que llega a este extremo. En Neuquén hay cientos de autoridades mapuche judicializadas, acusadas de los cargos más absurdos, como usurpación. Esta causa llega a esta situación porque la Justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo.

-¿Se refiere puntualmente al petróleo y la megaminería?

-La relación está centrada en un modelo extractivista que avanza sin importar el saqueo ni la destrucción de la naturaleza, motorizado por los gobiernos y las empresas. Esto implica garantizar jurídicamente a las empresas su accionar, poniendo el aparato judicial a disposición para que los pueblos originarios no seamos un impedimento en la ejecución de los proyectos extractivos. Implica también desconocer los derechos consagrados en tratados internacionales y constituciones que el Estado también debiera garantizar, como la consulta y participación a los pueblos indígenas.

-¿Quién es la denunciante y quiénes los abogados que la defienden?

-Verónica Pelayes es una empleada judicial que nosotros consideramos víctima también de un conflicto generado por el Estado. Aunque lamentamos que haya tomado una posición en defensa de la empresa petrolera, en vez de haberse negado a cumplir con la orden judicial. Además también lamentamos que ella haya interpelado a la comunidad en el momento de la notificación, aludiendo que no eramos una comunidad y que ese era un camino público, lamentando su última intervención al solicitar a la topadora que ingrese. Fue ahí cuando la topadora quiso arrollar a Maira, una de las kona (jóvenes) de la comunidad y nos defendimos con piedras.

Respecto al abogado, Julián Alvarez, es un reconocido activista contra el Pueblo Mapuche, quien creó la organización Adeley (Argentinos en Defensa de la Ley), ante la avanzada de recuperaciones territoriales de las comunidades. En las primeras reuniones de esta organización estaban presentes la Sociedad Rural y empresas petroleras. Acusaban a la Confederación Mapuche como una “fábrica de talibanes”, en donde nosotros éramos parte de ellos.

Alvarez es el actual abogado de Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal de la dictadura, quien también inició causas contra Martín Maliqueo (compañero de Ñamku) y contra mi persona por “usurpación” por acompañar como miembros de la Confederación Mapuche a la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo. Es por esto que entendemos que Julián Alvarez representa a los intereses de estancieros y petroleras que disputan derechos sobre territorios mapuches.

-¿Qué sectores están detrás del juicio?

-La denunciante es apoyada por el gremio de judiciales, el Poder Judicial y sectores reaccionarios hacia el Pueblo Mapuche. Hace tres meses se colgó en el Obelisco de Buenos Aires un cartel que decía “Verónica Pelayes víctima del terrorismo mapuche”. Fue organizado por un grupo que se denomina “Foro en defensa de la Patagonia”, quienes tienen un facebook con contenido antimapuche; también lideraban la página “mapuche go home”, que fue desactivada luego de denuncias por contenidos racistas.

-¿Por qué su carátula es más grave que la de Martín Maliqueo y Mauricio Rain? (también están acusados en el juicio).

-Tiene que ver con una cuestión de género, ya que para las acusaciones de Martín y Mauricio tampoco cuentan con pruebas. Es una causa armada. Las mujeres a lo largo del país venimos mostrando un liderazgo y resistencia ante la sistemática violación de nuestros derechos. Por eso no es casual que se impute a una mujer. Necesitan esto para justificar el brazo represivo y la judicialización de hermanos y hermanas que resisten.

-Será la primera vez de un jurado intercultural. ¿Qué rol jugará?

-Es un paso hacia el reconocimiento de la interculturalidad como un derecho de todos los ciudadanos. Lamentablemente la composición plural no se ha hecho respetando un verdadero proceso de consulta.

-¿Cómo se eligieron?

-Los jurados se seleccionaron a través de un simple padrón electoral. No se respetó el derecho a la consulta que estipula la participación activa del Consejo Zonal Centro (mapuche) como órgano representativo de las comunidades de la zona

-¿Qué expectativas tiene del juicio?

-Tenemos muchas expectativas porque somos inocentes

-¿Cómo se vivieron las semanas y días previos en Zapala y Neuquén?

-Hay un clima de cierta desconfianza desde el Pueblo Mapuche. El martes 20 de octubre el Consejo Zonal Centro presentó un recurso de amparo ante la no consulta por parte del Estado para la conformación del jurado. Es lamentable. El Consejo Zonal mantuvo reuniones con el fiscal general de la provincia, José Gerez, pero no se logró ningún avance en términos de garantías para aplicar el derecho a la consulta. Desde la comunidad hay mucha firmeza y acompañamiento de infinidad de hermanos y hermanas indígenas como así también organizaciones de derechos humanos, barriales, sindicato de docentes y partidos de izquierda.

Félix Díaz es una de las figuras que participará del juicio acompañándonos, ya que hemos consolidado una alianza para el trabajo conjunto en un camino de reconstrucción del movimiento indígena del país.

-¿Evaluaron la posibilidad de una condena?

-Lo pensamos porque sabemos en qué provincia estamos, con qué Justicia, con qué Gobierno y con qué intereses. Pero a pesar de esto seguiremos sosteniendo nuestra inocencia.

-¿Qué lectura hace del rol del Poder Judicial y los gobiernos?

-Lamentamos la Justicia racista que tenemos, que no investigó cuando nuestra comunidad fue golpeada salvajemente y permitió que la causa prescribiera. Denunciamos la distinta vara judicial, que hoy pretende encarcelar al Pueblo Mapuche, pero es la misma Justicia que no atiende a los reclamos de las mujeres, de los trabajadores, de los desocupados, de trabajadores explotados, de pueblos originarios invisibilizados. Nosotros pertenecemos a ese sector de los excluidos por gobiernos que solo nos viene a buscar para las elecciones.

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Juicio – Día 1 – 26 de octubre.

Ceremonia, acusaciones confusas y policías

Primer día del juicio a Relmu Ñamku, la mujer mapuche que enfrenta un pedido de quince año de cárcel por defender el territorio.

02 - bajaAlegatos de apertura, Fiscalía dudando de la acusación que impulsó (“intento de homicidio”), defensores, policías y el hijo de auxiliar judicial fueron las voces de la primera audiencia (realizada el lunes) en el juicio que se desarrolla en Zapala a los mapuches Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. A Ñamku se la acusa de “intento de homicidio”, con pena de quince años de cárcel. Ninguno de los testigos pudo confirmar que Ñamku arrojó la piedra que golpeó a Verónica Pelayes (la denunciante). Uno de los policías afirmó que el abogado de la petrolera presionaba a Pelayes para avanzar sobre los alambrados comunitarios. La Confederación Mapuche de Neuquén repudió el juicio.

A las 6 de la mañana, en la plaza de Zapala, el Pueblo Mapuche realizó una ceremonia encabezada por las “pillancushe” (mujeres sabias) y donde concurrieron muchos no indígenas que respaldan a la comunidad Winkul Newen.

A las 8 hubo una audiencia privada entre los abogados de las partes, la fiscal acusadora Sandra González Taboada y el juez Raúl Aufranc para ajustar detalles del juicio. A las 10 comenzó el juicio, ya con todas las partes y el jurado intercultural atento (la mitad son mapuches). Es la primera vez de un jurado de este tipo en América latina.

La fiscal González Taboada realizó su presentación y relativizó implícitamente la carátula que ella misma pidió (intento de homicidio). Señaló que se trataba de una “acusación provisoria”. El abogado defensor de la comunidad mapuche, Darío Kosovsky, la cuestionó duramente por la irresponsabilidad de fijar una acusación que los llevó hasta esa instancia (si hubiera dejado “daños”, como era inicialmente, se hubiera podido resolver sin juicio con jurados). El abogado también recordó las denuncias de la comunidad Winkul Newen contra la petrolera, que habían sido desestimadas por la misma fiscal que ahora los acusa.

El primero de los testigos fue el joven David Pelayes (hijo de la denunciante). Su relato tuvo momentos de confusión, señaló que la comunidad arrojó piedras sobre los autos (de la auxiliar de justicia y de la empresa) y en ningún momento vio a Relmu Ñamku arrojar la piedra que hirió a su madre. Sí relató que, ya en la camioneta y con su madre lastimada, la escuchó hablar por teléfono y acusar a Ñamku.

Declararon también tres policías. Dos que estuvieron el día del intento de desalojo (Gonzalo Salinas y Santiago Coria) y uno que trabajó en la instrucción de la causa (Oscar Castillo).

Salinas y Coria tuvieron contradicciones. Uno dijo que todos los mapuches tiraron piedras, el otro señaló que algunos. Sí coincidieron que el reclamo era “váyanse de nuestra tierra”. Incluso uno de los policías fue muy gráfico al recordar a una nena mapuche con una piedra en la mano que se le acercó y le dijo “andate de mi tierra”.

También reconocieron que la auxiliar del poder judicial (que tenía que notificar a la comunidad del ingreso de la petrolera Apache Corporation) era presionada por sus superiores vía teléfono y al mismo tiempo por el abogado de la empresas (que estaba en el lugar y reclamaba que una retroexcavadora arranque un alambrado y pasen las cuadrillas petroleras). Ambos reconocieron que las piedras fueras hacia los vehículos y no a las personas (hechos que la defensa destacada como muestra de que no se trató de un intento de homicidio).

La fiscal Taboada intentó confundir a los jurados al decirles que el juicio no se trataba de derechos indígenas ni de conflictos territoriales, sino de una agresión a una auxiliar del Poder Judicial (en la misma sintonía con la denunciante).

El abogado de los mapuches alertó al jurado que la estrategia de la Fiscalía y de Pelayes intentaba ponerlas anteojeras para acotar un hecho que tiene explicación en todo un contexto. Y comenzó a detallar la historia de explotación y violencia de las petroleras sobre la comunidad. “La Fiscal solo les quiere mostrar una foto, nosotros vamos a dar cuenta de la película completa, de todos los hechos que confluyeron en el 28 de diciembre de 2012”, afirmó.

La fiscal Taboada se quejó y reclamó que sólo se refieran al hecho de diciembre de 2012. El juez Raúl Aufranc hizo lugar al pedido de la fiscal. Kosovsky denunció que “a las anteojeras que se le quiere poner al jurado se suma un bozal legal que intentan poner sobre nosotros (abogados de la comunidad)”.

Kosovsky remarcó que sus defendidos son inocentes, que en ningún momento quisieron asesinar a la auxiliar de justicia y reconoció que sí fue herida y eso requiere una compensación. Recordó que Pelayes ya inició ese camino, en la que demandó por 6,5 millones de pesos al Estado y a la petrolera.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) repudió el juicio a la comunidad Winkul Newen. “Mientras el fracking arrasa vida, culturas y ambiente, la Justicia arma carpas de escarmiento”, es el título del comunicado. “El pedido de pena de quince años de prisión contra Relmu Ñamku confirma la idea de una Justicia al servicio del extractivismo e instala una idea alarmante: el extractivismo se aplicará aunque se deba violar todo derecho, ética o formas. Quién se oponga tendrá toda la fuerza de la ley en su cabeza”, denuncia el comunicado. Consideró “repudiable y vergonzante” el accionar del Poder Judicial y alertó: “Una condena a mapuches en estas circunstancias tendrá consecuencias graves y significará un agravamiento del avasallamiento de derechos que se viene ejerciendo desde el Gobierno”.

Hoy, segundo día, declaran once testigos solicitados por la Fiscalía y por Pelayes. Se trata de empleados de la petrolera YPF (en 2014 adquirió los activos de Apache Cortoration).

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Diario de Juicio – Día 2 – 27 de octubre.

Piedras dudosas, retroexcavadora y contaminación

03 - bajaEfectivos policiales declararon e hicieron eje en las “pruebas” del supuesto “intento de homicidio” (como está caratulada la causa contra Relmu Ñamku). Exhibieron ante el jurado piedras que habrían sido arrojadas a la denunciante (Verónica Pelayes). Lo insólito es que las piedras fueron recogidas nueve meses después de los hechos y de un camino donde hay miles de piedras idénticas. También declararon los empleados de la petrolera Apache (hoy YPF), que no identificaron a la acusada como causante de las heridas, reconocieron que el abogado de la compañía estaba al mando del procedimiento judicial y confirmaron los hechos de contaminación de la empresa.

Repudiaron el juicio el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el sindicato docente de Neuquén (ATEN), la Central de Trabajadores de Argentina (CTA Autónoma) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). “El Poder Judicial y las multinacionales extractivas violan todos los días los derechos humanos de los pueblos indígenas y es del mundo del revés que aquí sientan en el banquillo a una mujer mapuche. La petrolera y los funcionarios deben ser los enjuiciados”, denunció el Premio Nobel de la Paz.

Policías

El segundo día de juicio volvieron a declarar todos testigos solicitados por la fiscal Sandra González Taboada y el abogado de Pelayes, Julián Alvarez. Los policías iban a exhibir las piedras que habrían quedado dentro del vehículo de Pelayes, pero no pudieron mostrarlas. Ante el jurado, no quedó claro si las perdieron o nunca las tuvieron como prueba.

Sí exhibieron piedras que fueron recogidas el 20 de septiembre de 2013: nueve meses después del hecho denunciado (28 de diciembre de 2012). Con un agravante: el lugar donde se produjo el intento de desalojo, territorio de la comunidad Winkul Newen, es un camino típico de esa zona, con miles de piedras idénticas a las exhibidas como “prueba” por los policías.

Ninguno de los efectivos identificó a la acusada como la autora del piedrazo que hirió a la auxiliar de justicia. Por otra parte, mostraron las fotos de los vehículos con vidrios rotos.

Petroleros

También declararon tres empleados de la petrolera estadounidense Apache (en 2014 adquirida por YPF). Afirmaron que todos los integrantes de la comunidad tiraban piedras a los autos (no a personas puntuales) y que no escucharon nada del intercambio de palabras entre Pelayes y la comunidad.

Reconocieron que el abogado de la petrolera, Mariano Brillo, era quien comandaba el operativo y le insistía a Pelayes para que los operarios pudieran ingresar en ese momento al territorio mapuche. Y también confirmaron que había una retroexcavadora para arrasar el alambrado y la tranquera de la comunidad (y que la empresa pueda entrar con las camionetas).

El abogado de la comunidad mapuche, Darío Kosovsky, remarcó ambos hechos. El discurso mediático instalado por la fiscal Taboada, Pelayes y el abogado Julián Alvarez es que no había retroexcavadora, no había empalados de la petrolera ni policías, y que era una “simple notificación” que implicaba dejar un papel en el alambrado. Ayer quedó demostrada la distancia entre esos dichos y la realidad: había policías, empleados de la petrolera, maquinaria pesada y querían ingresar por la fuerza a la comunidad.

La orden de desalojo de ese 28 de diciembre fue antecedida por un bloqueo a la empresa, que a su vez estuvo motivada (entre otros puntos) por sucesivos hechos de contaminación que Apache nunca atendió.

En la audiencia de ayer, uno de los empleados de la petrolera (que oficiaba como responsable de “Seguridad e Higiene”) reconoció los hechos de contaminación. Aunque primero dijo no recordar las denuncias hechas por las comunidad, el abogado Kosovsky le mostró un acta con su firma y el empleado finalmente aceptó la existencia de derrames y que nunca habían cesados totalmente.

La audiencia terminó a las 14.30 y, como el primer día, no concurrió la denunciante Verónica Pelayes.

Apoyos

La reconocida organización de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de Adolfo Pérez Esquivel, se había presentado para participar con la figura legal de “amigo del tribunal” (así lo contemplan las leyes nacionales), pero le rechazaron esa posibilidad (solicitado por el abogado Julián Alvarez).

“Sólo queríamos ser garantes de que sea un juicio imparcial, pero ni la Fiscalía ni los denunciantes aceptaron. Lo cual nos da mayor preocupación porque ya sabemos cómo actúa la Justicia para con los pueblos indígenas”, alertó Pérez Esquivel. También rechazó terminantemente la carátula de “intento de homicidio”, afirmó que se trató de “un accidente que nadie quiso que sucediera” y recordó que las petroleras violan de manera sistemática el derecho a consultar a la comunidad (vigente en leyes nacionales), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU).

“Lo que está sucediendo con Relmu (Ñamku), Martín (Maliqueo) y Mauricio (Rain) es lo que le sucede a Félix Díaz en Formosa. Es igual de injusto”, comparó el Premio Nobel de la Paz.

También cuestionaron el juicio el gremio docente de Neuquén (ATEN) y la CTA Autónoma. “Se trata de una situación que es utilizada por el poder económico y el Estado para criminalizar la protesta social e intentar hacer caer todo el peso del poder punitivo sólo sobre algunos miembros de la comunidad originaria que viene siendo vulnerada en sus derechos humanos, acusando a los mismos de intento de homicidio”, denuncia el comunicado conjunto de la Secretaría de Pueblos Originarios y de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Y responsabilizó al “Estado nacional, provincial y la multinacional petrolera Apache asociada a YPF”.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció lo desmedido de la acusación que “da cuenta del avance ininterrumpido de la criminalización de los pueblos originarios que asumen la defensa de la tierra” y afirmó que se intenta “una medida ejemplar en venganza por la resistencia de la comunidad, para generar temor en los que defiendan su territorio”.

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Diario de Juicio – Día 3 – 28 de octubre

Lesiones sí, peligro de vida no

Fue el día de médicos solicitados por la querella y la Fiscalía. Exhibieron fotos del rostro lastimado de la auxiliar del Poder Judicial, Verónica Pelayes, y relataron los tratamientos que debió seguir, pero también dejaron en claro que en ningún momento corrió riesgo la vida de la denunciante. La carátula para llegar a juicio, y solicitar una pena de quince años para Relmu Ñamku, es “intento de homicidio”. También declaró el abogado de la petrolera Apache, Mariano Brillo, que se mostró nervioso y contradictorio. Ya declararon casi una decena de testigos y ninguno señaló a Ñamku como la responsable de herir a la denunciante.

En el tercer día de juicio declaró José de la Rosa Cárdenas, médico de la policía de Zapala, y Jorgelina Carmona, perito forense del Poder Judicial de Neuquén. Ambos testigos solicitados por la querella. A pedido de la fiscal Sandra González Taboada, exhibieron las fotos del rostro herido de Pelayes (se pudieron ver en un plasma de 40 pulgadas ubicado frente al jurado intercultural –la mitad, seis, son mapuches–).

La perito forense sostuvo que el golpe pudo ser de una piedra, un palo o un puño. Ambos médicos acreditaron las lesiones y también descartaron que haya estado en riego la vida de la auxiliar de justicia.

La mayor parte de las preguntas fueron realizadas por la fiscal Taboada. El abogado denunciante, Julián Álvarez, sólo intervino para precisar los daños en su cliente. Hecho que, ya dado por acreditado en este juicio, le es de utilidad en la demanda civil (donde no deberá probarlo nuevamente) que ya emprendió por 6,5 millones de pesos (contra el Estado y la petrolera).

Luego fue el turno del abogado de la petrolera Apache (en la actualidad YPF), Mariano Brillo. Comenzó con respuestas muy firmes y seguras ante la fiscal. Señaló que, el día del hecho, sólo se trataba de una notificación para que le permitan el paso.

Luego le preguntó Emanuel Roa Moreno, uno de los abogados defensores de Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Comenzó a indagarlo sobre la particularidad de un amparo obtenido el último día hábil del año y previo a la feria judicial (28 de diciembre de 2012) y de por qué para una simple notificación había concurrido con policías, guardias privados de la compañía y un retroexcavadora. Mariano Brillo, de unos 50 años, comenzó a transpirar (se hizo notorio en la sala) y a contradecirse.

También se le señaló un error en la notificación (no coincidían el número del Juzgado y el nombre de la jueza) y se le preguntó si conocía los conflictos que ya había tenido la petrolera que él representaba con la comunidad. Brillo afirmó no recordar conflictos anteriores.

Roa Moreno le acercó un documento, incorporado en el expediente judicial, en el que la propia petrolera Apache precisa que en noviembre de 2012 (un mes antes del intento de desalojo que terminó con Pelayes herida) hubo cuatro intentos de la compañía de ingresar al territorio de la comunidad mapuche Winkul Newen.

Mariano Brillo, un reconocido abogado de las empresas de Neuquén, lucía desorientado y dubitativo.

Las cuatro actas de la petrolera, firmadas en su momento por una escribana pública a pedido de al compañía, dan cuenta de que la comunidad permitía el paso a la empresa, pero con la condición de un plan de saneamiento y remediación ambiental por escrito. Apache Corporation nunca presentó ese plan y por ese motivo la comunidad no la dejaba ingresar a su territorio.

Por otro lado, el abogado de la petrolera afirmó no haber visto quién arrojó la piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial.

En tres días de juicio, y una decena de testigos, ninguno identificó a Relmu Ñamku como la responsable de la herida que tuvo la denunciante, Verónica Pelayes (que declarará hoy jueves).

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Diario del Juicio. Día 4 – 29 de octubre.

Acusación contra Ñamku y contradicción de un testigo

Verónica Pelayes, la auxiliar del Poder Judicial herida durante el intento de desalojo de diciembre de 2012, declaró durante casi 40 minutos, relató los hechos de ese día y acusó a Relmu Ñamku de haber sido quien arrojó la piedra que le provocó las lastimaduras en el rostro. También declaró un empleado de la petrolera que, en contradicción con Pelayes y la Fiscalía, señaló a Mauricio Rain como el autor del piedrazo.

Fue el día más esperado por la parte denunciante. Pelayes recordó los hechos del 28 de diciembre de 2012, reconoció que fue presionada por su superior del Poder Judicial y también por la petrolera para, el último día hábil del año y previo a la feria judicial, llegar hasta la comunidad Winkul Newen. Y señaló que le habían precisado que se trataba de una notificación pero, ya en la comunidad, comprobó que era mucho más que eso, con presencia de camionetas de la empresa y una retroexcavadora. También afirmó que el abogado de la petrolera Apache, Mariano Brillo, presionó durante todo el operativo para que los vehículos de la empresa ingresen al territorio mapuche.

La auxiliar de Justicia le habló directamente al jurado (integrado por doce personas), les contó a ellos las consecuencias en la salud luego de ese día y les dijo que fue Ñamku quien la hirió. Sostuvo que la acusada había dicho “hoy alguien tiene que morir”. Aunque sólo Pelayes escuchó esa amenaza, la fiscal Sandra González Taboada la tomó como un hecho para acusar por “tentativa de homicidio” y solicitar 15 años de cárcel para Ñamku.

Durante todo el proceso judicial la fiscal Taboada y el abogado denunciante, Julián Alvarez, afirmaron en reiteradas oportunidades que la auxiliar del Poder Judicial fue herida por la piedra que rompió el vidrio del vehículo (del lado del conductor). Y siempre apuntaron a Ñamku.

Sin embargo, un testigo solicitados por ellos (el empleado de Apache Miguel Belani) contradijo esa hipótesis. Él estaba a pocos metros de la camioneta de Pelayes, presenció los hechos y afirmó que Mauricio Rain (también acusado en el juicio pero con una carátula menor) fue quien arrojó esa piedra.

La jornada fue corta (sólo durante la mañana) y declaró un segundo empleado de Apache, quién manejaba la retroexcavadora. Afirmó que no vio quién arrojó la piedra a Pelayes, que varios integrantes de la comunidad estaban con piedras y que le rompieron todos los vidrios de la maquinaría pesada que él conducía. Reconoció que durante todo el operativo estuvo con el motor encendido (la comunidad había precisado que la excavadora en todo momento estaba prendida y maniobrando con intenciones de ingresar).

Todos los testigos que declararon hasta el momento (más de diez) fueron solicitados por la querella. Ninguno (salvo Pelayes) identificó a Ñamku.

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Diario de Juicio – Primera semana. Día 5 – 30 octubre.

Violencia contra mapuches e inacción judicial

04 - bajaLa primera semana del juicio histórico, con jurado intercultural (la mitad son mapuches), finalizó con más de quince testigos y sólo la denunciante, Verónica Pelayes, identificó a Relmu Ñamku como la responsable de la herida que sufrió y motivó el juicio. Durante el quinto día declararon integrantes de la comunidad Winkul Newen, que detallaron las historias de violencia (pasadas y recientes) de las petroleras para con los mapuches. Una especialista en derecho indígena afirmó que, con la avanzada petrolera y la complicidad judicial, se violaron derechos básicos de los pueblos indígenas. Esta semana se conocerá la sentencia.

El viernes 30 de octubre fue el primer día en el que declararon testigos pedidos por la defensa de la comunidad. Comenzó Martín Maliqueo, también acusado (por daños) y compañero de Relmu Ñamku. Detalló los pesares de la comunidad desde que era niño (cuando las petroleras lo hacían trabajar a cambio de una gaseosa o pan) hasta 2012, momento en el que la estadounidense Apache Corporation entraba al territorio indígena, violaba derechos y provocaba derrames de hidrocarburos (que nunca remediaba).

Recordó el 28 de diciembre de 2012 (cuando fue herida por un piedra la auxiliar del Poder Judicial Pelayes). Afirmó que en reiteradas oportunidades se le pidió a la denunciante que se retire de la comunidad y que ésta, lejos de hacerlo, los incriminaba y los acusaba de no ser mapuches.

La fiscal Sandra González Taboada, Pelayes y su abogado (Julián Alvarez) afirmaron en reiteradas veces que la piedra que rompió el vidrio de la camioneta fue la que hirió a la auxiliar de justicia. El jueves el empleado de la petrolera Miguel Belani aseguró que Mauricio Rain (el tercer acusado) fue quién arrojó esa piedra. El viernes, Maliqueo señaló que fue su sobrino Maximiliano.

Violeta Velázquez, cuñada de Ñamku y hermana de Martín Maliqueo, precisó los hechos de violencia contra la comunidad, que incluyó en el mismo 2012 golpes a ella (cuando estaba embarazada) y una golpiza a su madre, una abuela de más de 70 años. Estos hechos fueron denunciados por la comunidad y la causa fue archivada (por la misma Fiscalía que ahora los acusa).

Juana Velázquez, también cuñada de Ñamku, relató la historia de represiones que sufrió la comunidad. Y detalló que, semanas antes del hecho que se juzga, su hijo fue herido de bala por una patota enviada por la petrolera. La denuncia fue archivada por la fiscal Taboada.

Juana Velázquez reclamó justicia y explicitó que el Poder Judicial no actúa cuando los agredidos (incluso a balazos) son los mapuches y, por una piedra, los sienta en el banquillo de los acusados y pide quince años de cárcel. La mujer relató con tanto detalle e indignación que conmovió a los asistentes (muchos lloraban).

La Fiscalía y el abogado denunciante habían sostenido que Pelayes siempre tuvo una actitud pacífica y sólo fue a dejar una notificación a la comunidad, Los abogados defensores de Ñamku, Maliqueo y Rain exhibieron un video del hecho, realizado por el abogado de la petrolera (Mariano Brillo) y que es parte de la causa.

Durante meses el video había sido mostrado por los medios provinciales, pero editado y con voces difusas. Durante el juicio se mostró de manera completa y subtitulado (para que se entienda claramente qué decían). Se observa que Ñamku y Maliqueo le exigen a Pelayes que se vaya de su tierra. El subtítulo permite entender que la auxiliar de Justicia los interpela, les dice que no son mapuches y les pide que muestren los documentos de propiedad (hecho que no guarda ninguna relación con la actuación que debía realizar).

También declaró la especialista en derecho indígena y docente de la UBA, Silvina Ramírez. Remarcó que, en el caso, se vulneraron los derechos territoriales mapuches y el derecho a la consulta de las comunidades. Y precisó que los responsables son el Estado nacional y el provincial porque incumplen permanentemente la ley (dio como ejemplo la Ley 26.160, de Emergencia Comunitaria Indígena, que debiera evitar los desalojos de las comunidades).

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Diario de Juicio – Día 6 – 2 de noviembre

“Me juzgan por ser pobre, india y mujer”

05 - baja“En este banquillo de acusados debieran estar los gerentes de las petroleras, el Gobernador y funcionarios del Poder Judicial. Pero estoy yo, por ser pobre, india y mujer”, afirmó Relmu Ñamku, la mapuche enjuiciada por supuesto “intento de homicidio” (con pedido de quince años de cárcel) por haber arrojado piedras en un intento de desalojo. Fue el último testimonio del juicio por jurados que se desarrolla en Zapala. También declaró la doctora en antropología Diana Lenton, que explicó el daño que las petroleras han realizado en la comunidad mapuche y qué implica el contexto de velorio (en el que estaba la comunidad). Mañana martes será el turno de los alegatos y se conocería la sentencia.

En la sexta jornada del histórico juicio declaró la acusada, Relmu Ñamku. Comenzó hablando en mapuzungun (idioma mapuche), saludó a las autoridades indígenas y a todos los presentes. De inmediato fijó su posición: “Es un juicio injusto. Quiero contar la verdad de lo que pasó”.

En algunos lugares de Neuquén (y particularmente en Zapala) la acusan porque en su DNI dice Carol Soae. Contó que su madre mapuche no podía criarla y la dio en adopción. Comenzó a llorar y no le salían las palabras. Cuando se recuperó dijo que era injusto que tenga que contar su intimidad, su historia de humillaciones, pero que lo iba a realizar para que conozcan todo el contexto del caso que se juzga.

Fue adoptada de niña, nunca le ocultaron sus orígenes y destacó que tuvo la suerte de crecer en un hogar feliz, donde le ensañaron valores y convicciones. Creció con el amor de sus padres adoptivos (presentes en la sala).

Desde joven fue recuperando su identidad mapuche. “Vengo de vientre mapuche. Soy mapuche”, reivindicó. Incluyó sus estudios en Córdoba y luego decidió vivir en Neuquén porque allí veía que había luchas. Se casó con Martín Velázquez Maliqueo y fue a vivir en comunidad (a 50 kilómetros de Zapala).

Comenzó a relatar la situación ante las empresas. La comunidad Winkul Newen vive con petróleo debajo, compañías multinacionales que extraen hidrocarburos, pero en su casa no hay gas, ni electricidad ni agua. Si la comunidad reclamaba, la petrolera (Apache) les cortaba el agua que entregaba. “Las petroleras siempre hicieron lo que quisieron y el Estado siempre las dejó hacer. Es una relación muy desigual, pero el Pueblo Mapuche lucha porque es un pueblo que quiere seguir vivo”, explicó.

Advirtió que podría hablar durante días de las injusticias hacia las comunidades, pero se centró en dos. El primero, la golpiza que recibió en 2012 su cuñada (embarazada) y su suegra (de más de 70 años), en manos de una patota petrolera. También le dispararon en la pierna a su sobrino Maximiliano. Fue en represalia por no dejar pasar a las petroleras. Destacó que hicieron la denuncia pero “los fiscales Marcelo Jofre y Sandra González Taboada (los mismos que ahora los llevaron a juicio a ella) no hicieron nada”.

Jofré faltó a la audiencia (sí estuvo cuando declararon los testigos de la querella). Taboada no miraba a Ñamku (sólo anotaba en su cuaderno). “Hicimos denuncias y la Justicia nunca nos escuchó. ¿Por qué la Justicia no nos protege? ¿Por qué somos indios? ¿Por qué somos mapuches? La justicia protege a las petroleras y no a nosotros”, acusó.

Precisó que el 27 de diciembre de 2012 dieron sepultura a Petrona (una beba recién nacida). Tenía malformaciones y la comunidad no tiene dudas de la relación con la contaminación ambiental de la zona. El 28, aún con toda la familia reunida, vieron una caravana de camionetas y una retroexcavadora. Subieron a la camioneta y salieron al cruce.

Ñamku afirmó que le pedían a los empleados de la petrolera, policías y a la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes (la denunciante) que se vayan. “Le dijimos varias veces que nos dé la notificación y se vayan, pero no, ellos querían entrar y no los íbamos a dejar”, destacó.

Solicitó exhibir un video en el que se escucha a Ñamku decirles que se vayan. Y también le responde a Pelayes varias veces con un “¿qué sabés vos de mapuches’”. Durante la audiencia, Ñamku explicó: “Nos decía que no éramos mapuches, nos negaba nuestra identidad, es una falta de respeto para nosotros. Y nos decía que esa no era nuestra tierra”.

Remarcó que durante los años de lucha tuvieron numerosas notificaciones, pero nunca una auxiliar del Poder Judicial los había tratado así.

En el video se escucha a Maliqueo decirles que se vayan, que corran los autos o lo va hacer la comunidad. “Pelayes dijo que no se iba a ir porque no era nuestra tierra”, afirmó Ñamku. Sobrevino la retroexcavadora intentando avanzar y, ahí sí, la lluvia de piedras. “Todos tiramos, era la única forma de evitar que entren”, señaló la acusada pero también afirmó que ella no rompió el vidrio de la camioneta de Pelayes (según la fiscal, la piedra que dio al vidrio fue la que hirió a la auxiliar del Poder Judicial).

La sala de audiencia (una gran carpa blanca, de unos 15 metros de lado) estaba colmada. También presentes los referentes indígenas Félix Díaz, Nilo Cayuqueo y lonkos de la Zonal Centro de la Confederación Mapuche de Neuquén. También llegó un colectivo desde Buenos Aires con militantes de diversas organizaciones sociales.

Ñamku recordó que hicieron un pedido de disculpas público, que nunca quisieron herirla y afirmó que en ese banquillo de acusados debieran estar gerentes petroleros, el Gobernador y sus ministros, y funcionarios judiciales.

Relató que en su casa tiene fogón adentro porque no tienen gas y viven empobrecidos por culpa de las petroleras. Su hijo más pequeño (hoy tiene unos 5 años) cayó una noche sobre el fuego, se hirió de gravedad y nunca pudo realizar tratamientos adecuados. “Mi hijo está condenado de por vida a tener la carita deforme. Y por esa injusticia nadie fue a juicio”, reclamó.

Afirmó que a ella la quieren presa por ser pobre, mapuche y mujer. Pidió que alguna vez haya justicia o, de otro modo, confirmarán que están “en una nueva etapa de la Campaña del Desierto”.

Durante la mañana también declaró la doctora en antropología Diana Lenton. Explicó con detalles qué es el “daño cultural” que sufren los pueblos indígenas (en particular a la comunidad Winkul Newen). Relató como Apache usaba como moneda de cambio el agua (les dejaban de entregar si la comunidad reclamaba algo) y confirmó que, además de daño ambiental y social, la petrolera “provocó daño cultural”, que dificulta la vida comunitaria. También explicó que un velorio en la cultura mapuche no termina cuando se da sepultura, sino un mes después, cuando se repiten ciertas ceremonias para asegurar que el alma mapuche vuelva a la mapu (tierra). Por lo tanto, el intento de desalojo se dio en pleno inicio del velatorio de la beba mapuche muerta.

Mañana martes serán los alegatos de la Fiscalía y los abogados. Se espera que por la tarde sea la sentencia del jurado.

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Diario de Juicio – Día 7 – 3 de noviembre

Alegatos. La previa del veredicto

06 - bajaLa Fiscalía, el abogado denunciante y los letrados de la comunidad mapuche Winkul Newen hicieron ayer sus conclusiones del juicio y le hablaron a los doce integrantes del jurado. En un hecho muy contradictorio, la fiscal Sandra González Taboada propuso cambiar la carátula contra Relmu Ñamku. Pidió dejar de lado el “intento de homicidio” (figura legal que permitió llegar a juicio oral) y cambiarlo por “lesiones graves”. El abogado Emanuel Roa, de la comunidad, detalló todas las falencias de la investigación (a cargo de la fiscal) y remarcó que ninguno de los ocho testigos presenciales (policías y empleados de la petrolera) señaló a Ñamku como la responsable de herir a la auxiliar de justicia Verónica Pelayes.

Fiscalía

La séptima jornada del juicio comenzó a las 9.30 con los alegatos. Comenzó la fiscal Sandra González Taboada. Se paró frente al jurado y les dijo: “Carol Soae (Relmu Ñamku) atentó contra la vida de la auxiliar de justicia Verónica Pelayes”.

Ñamku explicó durante las audiencias por qué en el DNI su nombre es Carol Soae (fue dada en adopción de niña) y cómo recuperó sus orígenes mapuches. A pesar de eso, la fiscal Taboada nunca la llamó por su nombre mapuche, le niega la identidad.

Durante el alegato, Taboada señaló que (el 28 de diciembre de 2012) Ñamku se acercó a la camioneta de Pelayes, tomó una piedra de gran tamaño y quiso lastimar a la auxiliar del Poder Judicial. En varias oportunidades miró al jurado y afirmó: “Carol Soae es culpable, está comprobado”. También reivindicó el accionar de Pelayes, de la petrolera Apache (hoy pertenece a YPF) y de la policía.

Precisó que la comunidad Winkul Newen tuvo once causas penales (por defender el territorio). “Sólo una llegó a juicio. ¿Son tan perseguidos los mapuches?”, preguntó Taboada.

Las once causas penales confirma la persecución y criminalización de la comunidad Winkul Newen. Que diez causas no hayan llegado a juicio confirma que no había pruebas y los procesos judiciales funcionan como forma de amedrentar a los pueblos originarios,

La Fiscal pidió condena por “lesiones graves y daño agravado” para Ñamku. Sin explicitarlo, retiró la acusación de “intento de homicidio” (por la cual se llegó al juicio oral). Para Mauricio Rain pidió condena por “daño agravado”. Y para Martín Velázquez Maliqueo retiró cargos.

Brigadas de venganza

El segundo en hablar fue el abogado de Pelayes, Julián Alvarez. Fue breve. Señaló que apoyaba lo marcado por la Fiscal, pero sostuvo que “se trató de un intento de homicidio”. Afirmó que el accionar de la comunidad no se trató de una acción de defensa porque “nadie tiene que defenderse de un papelito y una lapicera de una notificación”. En reiteradas veces insistió con ese argumento y nunca refirió a los policías, camionetas petroleras ni la topadora presentes en el operativo.

El momento más tenso fue cuando afirmó que querían justicia y no venganza. “Si hubiésemos querido venganza, hubiésemos organizado una brigada y los íbamos a buscar”.

“Sin anteojeras”

Por la defensa habló el abogado Emanuel Roa (defiende a la comunidad junto a Darío Kosovsky). Afirmó que la Fiscal “quiere poner anteojeras al jurado, sólo muestra una foto, pero tenemos que ver la película completa”.

Detalló las historias de atropellos y violaciones de derechos. Y precisó los casos de 2011 y 2012. “Cuando hay contaminación, la petrolera miente. Y cuando hay resistencias, la petrolera reprime”, afirmó.

Recordó que en marzo de 2012 una patota petrolera “molió a golpes” a Petrona Velázquez (suegra de Ñamku, de más de 70 años), a Violeta Velázquez (estaba embarazada) y le dispararon en la pierna al sobrino de Martín Maliqueo. La denuncia estuvo en manos de los fiscales Taboada y Marcelo Jofré. Y fue archivada.

En noviembre de 2012, en un intento de desalojo con más de 70 policías, una integrante de la comunidad se roció con combustible y amenazó prenderse fuego. Fue la única manera de frenar la avanzada en el territorio mapuche. “Estaban viviendo momentos límites. Los acorralaban cada día más”, explicó.

Señaló que el Juzgado sabía de todos los hechos de violencia previa e igual ordenaron un desalojo el 28 de diciembre de 2012.

Sobre los hechos de ese día, fue tajante: “Hay grandes dudas sobre la autoría de quién arrojó la piedra, dudas de quién fue. La verdad es que no se sabe. Ninguno de los ocho testigos presenciales (empleados de la petrolera y policías) identificó a Relmu”.

Tampoco el hijo de Pelayes (que declaró el lunes) pudo identificar a Ñamku. Y un empleado de la petrolera ( Miguel Belani) señaló a Mauricio Rain como responsable de la piedra (que hirió a Pelayes).

“Hay muchas piezas que no encajan porque hay claras deficiencias en las investigación (realizada por la Fiscalía)”, afirmó Roa. Y dio como ejemplo las piedras que son parte de la “prueba”.

Pelayes declaró que la piedra que la hirió estaba manchada con mucha sangre. El operativo para obtener esa piedra y las restantes (manchadas con la pintura de los autos), debía realizarse al día siguiente del hecho. Pero se realizó diez meses después (en octubre de 2013). “Y encima la policía fue con la orden de tomar piedras grandes como un puño. Nada más. Fueron y agarraron cualquier piedra”, graficó.

El abogado de la comunidad resumió el caso: está probado que hubo una legítima defensa del territorio mapuche, hubo un actuar sistemático de la empresa y el Estado en contra de la comunidad, en el juicio no se probó quién tiró la piedra y nadie quiso matar a Pelayes (y no hubo peligro de vida).

Terminó hablando al jurado: “Ustedes son los representantes del pueblo. Les pedimos que sean justos. Pedimos la no culpabilidad de Relmu y Mauricio”.

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Diario de Juicio – Día 8 – 4 de noviembre

Relmu Ñamku inocente

07 - baja“Es no culpable”. Fue el veredicto leído por la presidenta del jurado popular referido a Relmu Ñamku, que había sido acusada de “intento de homicidio” por resistir un desalojo. La sala retumbó en aplausos y de inmediato Ñamku se abrazó con su compañero, Martín Velázquez Maliqueo, quién también había sido sentado en el banquillo de los acusados (y que fue absuelto). Mauricio Rain también fue encontrado “no culpable” (había sido acusado de “daño agravado”). Ya en calle, Ñamku afirmó: “Hoy más que nunca vamos a defender cada metro de territorio. Es un triunfo de todos los pueblos originarios que luchan y se organizan en Argentina”.

El octavo día de audiencias arrancó con las instrucciones del juez hacia el jurado popular (de doce personas, seis de ellos mapuches). Casi dos horas de explicaciones técnicas. Luego el cuarto intermedio y el jurado deliberó. Tenía hasta 48 horas para expedirse por “culpable” o “no culpable”.

Tenía que resolver sobre el “intento de homicidio” de Relmu Ñamku a la auxiliar del Poder Judicial Verónica Pelayes (pedido por la querella). La fiscal Sandra González Taboada también impulsó el juicio con esa carátula, pero la cambió un día antes de la sentencia a “lesiones graves”. La misma fiscal desistió de acusar a Maliqueo y y cargó con “daño agravado” contra Rain.

A las 14.20 se volvió a ingresar a la audiencia. Diez minutos después ingresó el jurado y la presidenta leyó el veredicto. Relmu Ñamku fue encontrada “no culpable” de intento de homicidio (que prevee penas de hasta 15 años de cárcel). En la sala hubo aplausos, abrazos y llanto. Desde la calle (que seguía el juicio mediante la trasmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos) se escucharon gritos de alegría y bocinazos.

El mayor temor (pena de cárcel) ya estaba disipado.

La presidenta del jurado leyó el segundo cargo. Se la encontró a Ñamku culpable de “daño simple”, con penas menores (y que los abogados de la comunidad ya avisaron que apelarán). El tercer punto, contra Rain, también fue “no culpable”.

Martín Maliqueo solicitó al juez la posibilidad de hablar. Con la voz entrecortada afirmó: “Es un día histórico para el Pueblo Mapuche. Quedó claro que somos inocentes y también las injusticias que padecemos…”. El juez lo interrumpió y le aclaró que no podía explayarse en el tribunal, que cierre con una frase. Maliqueo miró a la fiscal González Taboada: “Usted le debe una disculpas al Pueblo Mapuche (el juez le decía que no siga hablando). Usted nos persiguió durante tres años sin pruebas. Usted debe unas disculpas”.

La fiscal Taboada se levantó de inmediato y se retiró del recinto.

Los mapuches se abrazaron con Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y con sus familias. Y estalló un grito dentro de la sala: ¡Marici weu! ¡Marici weu! ¡Marici weu! Grito histórico que significa “diez veces venceremos”.

Relmu Ñamku afirmó que “se hizo justicia, desde el primer momento dijimos que era una demanda injusta y denunciamos la complicidad de sectores del Poder Judicial con las empresas petroleras”. Con lágrimas en los ojos, llamó a seguir trabajando en la unión de los pueblos originarios. “Es un triunfo del pueblo pobre que lucha, estamos fortalecidos el Pueblo Mapuche y las organizaciones sociales. Más que nunca defenderemos cada metro de territorio. Ni un paso atrás”, aseguró Ñamku.

Rodeada de su familia y abrazos a cada paso que daba, Ñamku precisó los responsables de los pesares de su comunidad: “Nos acusaron de delincuentes durante tres años y nos persiguieron. Pero los delincuentes son las petroleras y el Gobierno”.

Darío Kosovsky, abogado de la comunidad, señaló: “El pueblo tiene una sabiduría que muchas veces la Justicia no tiene. La decisión del jurado es una señal de esperanza y una reivindicación histórica para el Pueblo Mapuche”. Y anunció que la condena por “daño simple” la apelarán.

Emanuel Roa, también abogado de Winkul Newen, estaba muy emocionado. “Pudimos sacar las anteojeras que quería poner la Fiscalía y mostrar todos los conflictos que había detrás del caso. La causa fue inflada, pero el pueblo (jurado) escuchó y puso un freno a la persecución que se ejerce de manera arbitraria y caprichosa contra los pueblos originarios”.

El juicio que se desarrolló en Zapala fue histórico porque fue la primera vez que se implementó un jurado intercultural (seis, de doce, son mapuches), la Fiscalía pidió 15 años de cárcel por un piedrazo (por homicidio simple se puede condenar a ocho años de cárcel) y nunca antes se había solicitado una pena tan alta a un indígena en el marco de un conflicto territorial.

Ya en la calle, en la puerta del tribunal, las comunidades mapuches y organizaciones sociales cantaban: “La tierra robada, será recuperada”, “fuera, fuera, fuera la petrolera”, “el Pueblo Mapuche vive, la lucha sigue y sigue”. Y, claro, ¡Marici weu!

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A juicio por defender la tierra

Una mujer mapuche está acusada de tirar una piedra que hirió a una auxiliar judicial en un conflicto por tierras en Neuquén. Ahora será juzgada por tentativa de homicidio. La mitad de los jurados populares serán indígenas. Y todo el juicio tendrá traducción simultánea en idioma mapuche.

(Página12 – 24 octubre)

Un juicio sin precedentes comenzará el próximo lunes en Neuquén y podría llevar a quince años de cárcel a una mujer mapuche por haber resistido un desalojo (solicitado por una petrolera estadounidense). A Relmu Ñamku se la acusa de haber arrojado una piedra que hirió a una auxiliar judicial. “Intentan amedrentar al pueblo mapuche y liberar la zona para mineras, petroleras y grandes estancieros. Soy inocente, lo vamos a demostrar y exigimos que el Poder Judicial racista no tenga doble vara y haga cumplir nuestros derechos”, reclamó Ñamku, principal acusada e integrante de la comunidad Winkul Newen. Será la primera vez en América latina que se ponga en práctica un jurado intercultural (la mitad será indígena).


La comunidad Winkul Newen vive en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala. Desde 2010 mantenía un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en territorio mapuche sin respetar los derechos indígenas. El conflicto se agravó por una serie de derrames de hidrocarburos. En 2012 la comunidad cerró el paso a la empresa.

En abril de ese año una patota vinculada a la petrolera atacó a las familias mapuches. Hirió con un disparo de bala a un joven de la comunidad, desfiguró el rostro de una anciana y golpeó a la lonko, Violeta Velázquez, que estaba embarazada. La comunidad realizó la denuncia, pero la Fiscalía (a cargo de Sandra González Taboada) no avanzó en la investigación. Las amenazas y hostigamientos contra los mapuches se mantuvieron de manera reiterada.

El 27 de diciembre, la comunidad dio sepultura a una beba. Los integrantes de Winkul Newen afirman que, entre los factores del fallecimiento, estuvo la contaminación ambiental. Al día siguiente, la jueza de Zapala Ivonne San Martín hizo lugar al pedido de la petrolera y ordenó notificar a la comunidad que permita correr alambrados y tranqueras para el paso de la compañía. La comunidad aseguró que la auxiliar judicial Verónica Pelayes llegó con la notificación, con policías, guardias privados, empleados de Apache y una retroexcavadora.

Se produjo un entredicho y Pelayes habilitó a que la retroexcavadora avanzara. La máquina casi atropelló a una joven mapuche y la comunidad reaccionó arrojando piedras como forma de frenar el avance petrolero. Una de las piedras dio en el rostro de Pelayes y le ocasionó la rotura del tabique.

De inmediato presentó la denuncia el conocido abogado de la zona Julián Alvarez, famoso en la región por defender a los grandes estancieros (muchos de la Sociedad Rural) e incluso al juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte (denunciado por organismos de derechos humanos por complicidad con los militares).

La fiscal González Taboada dio curso a la denuncia de Alvarez y Pelayes. La caratuló como “lesiones” y pidió el procesamiento de Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Pero luego, en acuerdo con el abogado Alvarez, cambió a “tentativa de homicidio y daño agravado”, responsabilizó del piedrazo a Ñamku y pidió una pena de quince años de cárcel.

Darío Kosovsky es el defensor de la comunidad mapuche y afirmó que “no hay antecedentes de un pedido semejante por lesiones”. Aportó como referencia que por homicidio simple puede corresponder una pena de ocho años de cárcel. “El Ministerio Público Fiscal de Neuquén pide el doble de cárcel por una lesión. Busca escarmentar a las comunidades y dar un mensaje de temor a los que defienden la tierra”, explicó el abogado.

El sistema judicial de Neuquén establece que para penas de quince años o más se debe realizar juicio por jurados. Por primera vez en la América latina se conformó un jurado intercultural, donde la mitad (seis) serán mapuches. Fueron seleccionados el martes pasado por las partes y el juez Raúl Aufranc. Otro hecho inédito: todo el juicio será con traducción simultánea en mapuzungun (idioma mapuche).

El Consejo Zonal Centro (de la Confederación Mapuche de Neuquén) presentó un recurso de amparo porque no se respetó el derecho a la consulta previa en la elección de los jurados. Aún no hubo respuesta y el juicio comenzará el lunes en Zapala.

Relmu Ñamku, madre de tres niños, espera el juicio consciente de que puede ser la primera indígena presa por un conflicto territorial. Remarcó la injusticia de que ninguno de los derechos de los pueblos originarios se cumple y detalló lo que hay detrás del juicio: “Este juicio implica garantizar a las empresas extractivas su accionar, poniendo el aparato judicial a su disposición para que los pueblos originarios no seamos un impedimento en sus proyectos extractivos”.

González Taboada enfrenta un pedido de jury por su accionar en la desaparición en 2003 de un estudiante (Sergio Avalos) a la salida de un boliche. La familia de Avalos acusó a Taboada por irregularidades y sospechas de haber favorecido a policías y militares retirados (acusado como responsables de la desaparición). El abogado Julián Alvarez llamó a los mapuches “delincuentes que viven en la ilegalidad”.


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Un jurado mapuche para Ñamku


Un jurado de doce miembros, seis de ellos mapuches, deberá decidir sobre la acusación contra Relmu Ñamku, una mujer de la comunidad mapuche, acusada de haber herido de una pedrada a una funcionaria durante un desalojo impulsado por una petrolera.

(Página12 – 3 noviembre)

“Me quieren condenar por ser pobre, india y mujer”, afirmó la mapuche Relmu Ñamku durante el juicio en el que se la acusa de “intento de homicidio” por arrojar una piedra (en el marco de un conflicto territorial) y puede ser condenada a 15 años de cárcel. Según la fiscal Sandra González Taboada, Ñamku arrojó la piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial, Verónica Pelayes. Durante los seis días de audiencias declararon más de quince testigos, ninguno (salvo la denunciante) identificó a Ñamku como la responsable del piedrazo y dos médicos confirmaron que en ningún momento hubo riesgo de vida. Es el primer caso de América latina con jurado intercultural (la mitad son mapuches) y hoy se podría conocer la sentencia.

El juicio que se desarrolla en Zapala (Neuquén) es histórico porque es la primera vez que se implementa un jurado intercultural (seis, de doce, son mapuches), la Fiscalía pidió 15 años de cárcel por un piedrazo (por homicidio simple se puede condenar a ocho años de cárcel) y nunca antes se había solicitado una pena tan alta a un indígena en el marco de un conflicto territorial. El juez es Raúl Aufranc.

El 28 de diciembre de 2012, la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad mapuche Winkul Newen. Era el último día hábil antes de la feria judicial, y la jueza Ivonne San Martín ordenaba a la comunidad el ingreso de la petrolera Apache (le habían cerrado el paso por hechos de contaminación). El día terminó con Pelayes herida (rotura de tabique) y denuncia contra Ñamku, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain.

En un primer momento fue por “lesiones”, pero luego la carátula fue cambiada por los fiscales Sandra González Taboada y Marcelo Jofré, y el abogado Julián Alvarez. Acusaron a Ñamku de “intento de homicidio” y “daño agravado” a Maliqueo y Rain. E instalaron en muchos medios provinciales que Pelayes estaba sola, que no se trataba de un desalojo y que se trató casi de una lapidación. Pelayes, en otra causa, demandó por 6,5 millones de pesos al Estado y a la petrolera.

Durante seis días de audiencias declararon más de quince testigos. Quedó confirmado que Pelayes concurrió con policías, empleados de la petrolera y una retroexcavadora (para levantar alambrados). Sólo Pelayes identificó a Ñamku como la responsable de su herida.

La Fiscalía y Pelayes siempre afirmaron que la piedra que rompió el vidrio de la camioneta fue la misma que produjo la herida. Sin embargo, un testigo solicitado por la querella, el empleado Miguel Belani, aseguró ante el tribunal que Mauricio Rain fue quién arrojó esa piedra el 28 de diciembre de 2012.

Otra contradicción provino de José de la Rosa Cárdenas, médico de la policía de Zapala, y Jorgelina Carmona, perito forense del Poder Judicial. Ambos testigos por la querella acreditaron las lesiones, pero también descartaron que haya estado en riesgo la vida de la auxiliar.

Pelayes, que declaró el jueves pasado, afirmó que recibió presiones de sus superiores para realizar la notificación y, una vez en el lugar, reconoció que el abogado de Apache, Mariano Brillo, la presionaba para lograr el ingreso de las camionetas petroleras.

El viernes declararon Martín Maliqueo y sus hermanas Violeta y Juana. Detallaron cómo la petrolera violaba los derechos indígenas, les cortaba la entrega de agua si reclamaban (es una zona desértica) y enumeraron una decena de represiones. La última, semanas antes del hecho con Pelayes, cuando una patota petrolera golpeó a Violeta (que estaba embarazada), a su madre (una mujer mayor) e hirió de un balazo al sobrino de Relmu (Maximiliano). Denunciaron el hecho, pero los fiscales González Taboada y Jofré archivaron la causa.

Ayer fue el turno de Ñamku. Relató su historia de vida (fue adoptada de niña porque su madre biológica no podía criarla), cómo recuperó su identidad mapuche y precisó los numerosos hechos de violencia contra la comunidad. También recordó que, el día anterior al intento de desalojo, la comunidad había sepultado a una beba que nació con malformaciones (la comunidad apunta como causa a la contaminación). “En el banquillo de los acusados debieran estar los gerentes de las petroleras, el Gobernador y sus ministros, y algunos funcionarios del Poder Judicial. Pero estoy yo, por ser pobre, india, mapuche, y mujer”, denunció Ñamku.

El abogado de la comunidad, Darío Kosovsky, afirmó que durante el juicio “quedó absolutamente claro que nunca hubo intención de matar o lastimar a nadie, que ese día la oficial de justicia obró bajo presión de sus superiores del Poder Judicial y ahora el jurado sabe que tiene en sus manos la posibilidad de enviar un mensaje al mundo mostrando que el imperialismo económico y cultural no encontrará un aliado, como sí lo ha hecho en la justicia tradicional, en un sistema de justicia con participación popular”.

Relmu Ñamku recibió la solidaridad del acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé), del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de Amnistía Internacional y de la Conaie (la mayor organización indígena de América), entre otros. “La causa contra Relmu obliga a las autoridades a revisar el uso de la herramienta penal como medida para silenciar los reclamos de los pueblos originarios. Argentina podría incurrir en responsabilidad internacional si avanza con un juicio desproporcionado, violentando las garantías judiciales y del debido proceso legal, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía.

 

* Por Darío Aranda. Artículos escritos para Amnistía Internacional y Página12

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