Represión en la autopista Bs As-La Plata: Amnistía Internacional pidió información al Gobierno sobre la aplicación y vigencia del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad


Amnistía Internacional solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, información pública sobre el operativo desplegado el 24 de agosto de 2016 en el marco de la protesta llevada adelante por las Corriente de Desocupados Aníbal Verón y otras organizaciones sociales en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Dock Sud, para reclamar por puestos de trabajo y el aumento del pago de programas sociales.

La organización internacional realizó el pedido en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1172/2003 de “Acceso a la Información Pública”. El Gobierno debe responder en el plazo de diez (10) días.

El 17 de febrero, el Ministerio de Seguridad publicó un “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad Del Estado en Manifestaciones Públicas”. Este documento fue oportunamente cuestionado por Amnistía Internacional por entender que expresa la profundización de una política pública que tiene como fin reprimir y criminalizar la protesta social y restringir derechos fundamentales como el de manifestarse.

Específicamente, Amnistía Internacional pidió información acerca de:

  • la norma o marco jurídico invocado sobre el que se sustenta el operativo realizado,

  • las fuerzas de seguridad que fueron asignadas al operativo;

  • la cantidad de efectivos que participaron;

  • los equipos utilizados para reprimir la protesta social (balas de goma, tanques hidrantes, vehículos afectados etc.);

  • y las medidas de protección implementadas.


Amnistía Internacional también consultó si se llevaron adelante detenciones de manifestantes en el marco del operativo y si se iniciaron causas penales en contra de los manifestantes y bajo la invocación de qué delitos. Por último, la organización pidió copia de los registros (video-filmaciones, fotografías, etc.) realizados por las fuerzas de seguridad durante el operativo.

“Las movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión y de reclamo a las autoridades. Su protección y ejercicio resulta fundamental, más aun teniendo en cuenta que muchas veces constituyen el único canal por medio del cual los sectores más vulnerables de la sociedad pueden hacer llegar su voz a las autoridades. La herramienta represiva o penal no puede nunca ser el mecanismo de respuesta estatal para resolver problemáticas sociales ni para silenciar reclamos de organizaciones. Esperamos que el Gobierno sea respetuoso de estos derechos y que difunda la información solicitada”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

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